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El juez archiva la causa contra Pablo Casado por presuntas injurias sobre el catalán
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Fue en el marco de "la contienda política"

El juez archiva la causa contra Pablo Casado por presuntas injurias sobre el catalán

La Generalitat le acusó de injurias y delitos de odio por asegurar que los profesores catalanes reciben instrucciones para no dejar ir al baño a los niños que hablan en castellano

Foto: Pablo Casado. (EFE/Julio Muñoz)
Pablo Casado. (EFE/Julio Muñoz)

El titular del Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona acaba de archivar el procedimiento abierto contra el expresidente del PP, Pablo Casado, a raíz de la querella que interpuso en su contra la Generalitat por unas declaraciones que efectuó sobre el catalán en la escuela. El gobierno catalán le acusó de injurias y delitos de odio por asegurar —entre otras cosas— que los profesores reciben instrucciones para no dejar ir al baño a los niños que hablan en castellano. Consideraba que, con sus palabras, atacó "al conjunto del profesorado de Cataluña y al sistema educativo" al sugerir una discriminación.

Casado censuró en aquellas declaraciones la política lingüística catalana y la discriminación de los menores castellanoparlantes. En su declaración como imputado y en escritos posteriores, defendió que su discurso se vertió al amparo de la libertad de expresión y reclamó el sobreseimiento de las diligencias previas abiertas. El magistrado le da ahora la razón y recuerda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en defensa de las opiniones. Asegura, además, que las lanzó en un contexto de "contienda política"

Foto: El secretario general de Junts per Catalunya Jordi Sánchez. (EFE Alejandro García)

El auto al que ha tenido acceso El Confidencial asegura que aquellos comentarios, "por desacertados y rechazables" que sean, no pueden considerarse constitutivos de delito al venir amparados por la Carta Magna. También explica que no se ha acreditado suficientemente que existiera una incitación al odio o la violencia y pone de manifiesto que las expresiones se profirieron en el curso de una discusión pública y sobre asuntos de interés.

"No es posible desvincular las expresiones proferidas con los cargos públicos que ostentan y las referencias tácitas y expresas a la contienda política, que es lo que subyace como trasfondo", indica el escrito. Agrega que podrán ser expresiones "más o menos exageradas" o se podrá pedir mayor "moderación en las mismas" pero no implican una intervención del derecho penal.

Para el juez, la libertad de expresión no solo consiste en manifestar ideas o pensamientos, sino también en criticar la conducta del otro aun cuando este disguste. "El pluralismo marca que dentro de la sociedad democrática no se imponga un criterio rigorista que entienda que toda crítica a terceros entra de lleno en el terreno de la persecución penal", dice.

En un acto de su partido

Las declaraciones que provocaron la querella y su posterior imputación tuvieron lugar en un acto en Galicia en el que el expresidente del PP se preguntaba si se puede tolerar que se señale a los hijos de los guardias civiles en clase y se diga de ellos que no se pueden integrar. También se quejaba de que en Cataluña se instiga "a apedrear a los niños" que hablan castellano, o que se les aísla en clase porque sus padres son policías.

Las manifestaciones se realizaron en 2021, en un acto político de su partido y coincidiendo con el caso del supuesto acoso a una niña de una escuela de Canet de Mar que pedía realizar el 25% de las clases en castellano. Su defensa, ejercida por la abogada María Massó del bufete Baker McKenzie, recordó su comparecencia que las declaraciones ni siquiera eran afirmaciones sino preguntas retóricas dirigidas a los partidos políticos responsables de la gestión de la educación en Cataluña. Casado afirmó que "volvería a hacer las veces que hicieran falta" esas preguntas "para defender los derechos fundamentales".

El titular del Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona acaba de archivar el procedimiento abierto contra el expresidente del PP, Pablo Casado, a raíz de la querella que interpuso en su contra la Generalitat por unas declaraciones que efectuó sobre el catalán en la escuela. El gobierno catalán le acusó de injurias y delitos de odio por asegurar —entre otras cosas— que los profesores reciben instrucciones para no dejar ir al baño a los niños que hablan en castellano. Consideraba que, con sus palabras, atacó "al conjunto del profesorado de Cataluña y al sistema educativo" al sugerir una discriminación.

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