Mediapro, Pablo Casado y la SEPI: un ejemplo de 'diplomacia corporativa'

En un momento de tanta crispación entre política y empresa, espoleada por la mudanza de Ferrovial, el primer grupo de construcción y concesión de España, a Países Bajos, ¿sería posible encontrar consenso entre un empresario independentista, una compañía con miles de empleados y el máximo responsable del Partido Popular? ¿Habría una zona de entendimiento entre perfiles tan opuestos en un contexto en el que ministros del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos llaman "codiciosos" y "usureros" a presidentes como el de Mercadona, el mayor supermercado del país, reconocido por las condiciones salariales de sus empleados?

La respuesta es afirmativa. Aunque aparentemente sería una quimera pensar que alguien del PP que se ha opuesto con firmeza al movimiento independentista catalán se sentara en la mesa con uno de los empresarios que le hubiera gustado que triunfara el 1-O, lo cierto es que, cuando existe una causa de fuerza mayor, partes tan encontradas se pueden poner de acuerdo. Se pueden sentar en la mesa y pactar un acuerdo que beneficie a las partes sin que la mezquindad de la política actual lo contamine todo.

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Ocurrió no hace mucho cuando Jaume Roures y Tatxo Benet, los dos fundadores de Mediapro, analizaron alternativas para salvar del terremoto del covid a una empresa que facturaba unos 1.900 millones, tenía un beneficio operativo de 250 millones, una plantilla de 7.000 empleados y soñaba con salir a bolsa. Debido al cierre de la actividad económica, la mayor productora de televisión de España se vio en una situación crítica, por lo que los gestores, después de un debate interno con posturas diversas, acordaron solicitar un rescate al fondo creado por el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Para un empresario catalanista, que va a montar un museo de obras de arte censuradas, como el cuadro retirado de ARCO sobre los presos políticos en la España democrática, acudir a un organismo con la palabra estatal no era la mejor de las opciones. Pero, ante el riesgo de concurso de acreedores y de que miles de familias se quedaran sin trabajo, Roures y Benet dieron el paso de solicitar a la institución dependiente de Hacienda una ayuda de algo más de 300 millones de euros.

Antes de formalizar la petición, los jefes de Mediapro se repartieron tareas. Benet fue el encargado de contactar a Pablo Casado, a quien no conocía, para explicarle la operación. Pero, sobre todo, pedirle que no utilizara la información para beneficio electoral. Había 7.000 familias en juego si la oposición les echaba encima a los medios y las redes sociales. Para el PP, se trataba de un caramelo populista. Lo fácil hubiera sido sacar los cañones y difundir en sus altavoces mediáticos que el grupo audiovisual que había acogido a Pablo Iglesias, cuyos gestores no ocultaban sus inclinaciones soberanistas, acudía a la Moncloa, al dinero de todos los españoles, para salvar su proyecto personal.

SEPI no respondió a la petición de Mediapro, silencio que se entendió como un rechazo

Pero Casado, lejos de cualquier uso propagandista, se puso el traje de candidato a la presidencia. Estrechó la mano a Benet, le agradeció su humildad y honestidad, y se comprometió a no sacar partido, pese a ser un caso de libro en la política frentista actual. Dejó que la petición de rescate fuese por los cauces oficiales y que la SEPI tomara sus decisiones sin la presión de las hordas mediáticas. Lo mismo hizo Antonio Garamendi, el presidente de la CEOE, que entendió perfectamente que lo prioritario era salvar una empresa con miles de empleados sin mirar el carné de sus gestores.

Lo cierto es que la SEPI no respondió a la petición de Mediapro, silencio que se entendió como un rechazo a la citada solicitud. Negativa que Roures y Benet contemplaban, por lo que en paralelo habían activado el Plan B. La alternativa consistía en que los accionistas o los acreedores inyectaran dinero fresco a la compañía, pues antes del covid había demostrado ser altamente rentable. Finalmente, Orient Hontai, que en 2018 compró el 54% del capital por cerca de 1.000 millones, aportó 620 millones para hacer frente a una deuda en riesgo de impago de 800 millones y recapitalizar la sociedad.

Opinión

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No era la mejor opción para los fundadores, porque este plan incluía una dilución de sus participaciones. Ambos pasaron de tener el 12% cada uno a apenas un 4%. Pero la validaron con el compromiso de, a sus cerca de 70 años, quedarse varios años más al frente de la gestión para cimentar el regreso a los números negros, la continuidad del negocio y la recuperación de su equity, a medida que se fueran cumpliendo hitos financieros.

Meses más tarde del silencioso pacto entre Benet y Casado, ambos coincidieron en una de esas fiestas veraniegas organizadas por Luis Conde, fundador de la firma de cazatalentos Seeliger & Conde, en su masía de Fonteta, en el Baix Empordà, donde tiene cientos de hectáreas y elabora su propio vino. En un momento del evento, tras la llegada del ya exlíder del PP, el consejero delegado de Mediapro retó a un grupo de invitados para ver si acertaban a quién saludaría primero el político. Ninguno acertó.