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Fernando Torres reclama que sus gimnasios sean indemnizados por las restricciones del covid
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PIDE MÁS DE 800.000 EUROS A LA CAM

Fernando Torres reclama que sus gimnasios sean indemnizados por las restricciones del covid

La cadena de gimnasios de Fernando Torres reclama una indemnización por "los daños sufridos" durante la pandemia. En mayo de 2021, New Fitness exigió 808.100,58 euros

Foto: El el entrenador auxiliar del juvenil 'A' del Atlético de Madrid y antiguo delantero del conjunto madrileño, Fernando Torres. (Reuters)
El el entrenador auxiliar del juvenil 'A' del Atlético de Madrid y antiguo delantero del conjunto madrileño, Fernando Torres. (Reuters)
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La cadena de gimnasios de Fernando Torres ha recurrido a los tribunales para reclamar una indemnización por "los daños sufridos" durante la pandemia. New Fitness exigió 808.100,58 euros a la Comunidad de Madrid por las "graves pérdidas" que le ocasionaron las restricciones entre marzo de 2020 y mayo de 2021, pero tras el rechazo del gobierno autonómico a pagarles esta cantidad, el caso ha terminado por llegar al Tribunal Supremo, informan fuentes jurídicas.

El que fuera delantero del Atlético de Madrid y de la selección española irrumpió en el negocio del fitness junto a los hermanos Javier y Óscar Meléndez en 2013. Su cadena de gimnasios logró un beneficio de 101.940,37 euros en 2019 con los tres centros que gestionaba —uno en Madrid capital, uno en Aranjuez y otro en Pinto—, pero tras el impacto del covid, entró en números rojos: los ingresos cayeron un 43% y en 2020 acabó con unas pérdidas de 207.100 euros.

Foto: Usuarios en la sala de 'fitness' del gimnasio Go fit Vallehermoso. (EFE/Rodrigo Jiménez)

En la reclamación que interpusieron ante la Consejería de Sanidad de Madrid, la empresa denunciaba entonces las "intensas y desproporcionadas" medidas que se adoptaron para frenar el covid. En el sector de los gimnasios, estas iban desde las "restricciones de apertura" hasta las "limitaciones de aforo", pero, de forma indirecta, señalaban también los efectos de los "confinamientos perimetrales de municipios" y del fomento e instauración del "trabajo a distancia".

Tras calcular los supuestos daños ocasionados por estas medidas en un informe pericial, la empresa reclamó una indemnización de 808.573,72 euros en mayo de 2021: 269.573,72 por la empresa New Fitness Aranjuez y otros 598.922,65 por New Fitness Group, además de "los intereses legales" que hubiera que sumar hasta su efectivo abono. Esta cifra incluía "tanto el daño emergente efectivamente producido como el lucro cesante dejado de percibir".

La negativa de la Comunidad de Madrid

El 8 de febrero de 2022, la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid rechazó atender la reclamación de New Fitness. Su dictamen, al que ha tenido acceso El Confidencial, argumenta que "las medidas sanitarias fueron necesarias" e incide en situar la pandemia como una "fuerza mayor que rompe el nexo causal entre la actuación administrativa y el perjuicio probatorio". Según advierte, no cabe apreciar "antijuridicidad del daño" y la responsabilidad patrimonial debe ser rechazada.

Foto: Gran Vía-Alcalá, en Madrid, el primer lunes del estado de alarma, el 16 de marzo. (EFE)

"La Comunidad de Madrid en ningún momento ha suspendido completamente y con carácter general la actividad del sector económico de la reclamante (a diferencia de lo sucedido en otras comunidades autónomas), de tal manera que, desde que se levantó el estado de alarma, ha podido desarrollar en todo momento su actividad, respetando y ajustándose a las medidas preventivas de carácter sanitario", añade.

En cuanto a las sentencias del Tribunal Constitucional que declararon ilegales parte de las restricciones, el informe destaca que los magistrados no extendieron esta decisión a las medidas de limitación y restricción en los gimnasios. El propio tribunal señaló, además, que su declaración de nulidad respecto al segundo estado de alarma no afectaba por sí sola "a los actos y disposiciones dictados sobre la base de tales reglas durante su vigencia", lo que permite descartar su aplicación a este caso concreto.

De la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo

La cadena de gimnasios recurrió este dictamen y, el pasado abril, el caso quedó en manos de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. En una resolución fechada el 24 de abril a la que ha tenido acceso este diario, los magistrados recogen de nuevo su reclamación por "los daños sufridos como consecuencia de la declaración del estado de alarma", pero esta vez ya no solo se dirige contra la Comunidad de Madrid, sino también contra el Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España.

Foto: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y la delegada de Seguridad y Emergencias, María Inmaculada Sanz Otero, en una fotografía de archivo. (EFE/Luis Millán)

"Plantea su reclamación, de forma bien clara, en petición de indemnización por los perjuicios que dice haber sufrido a consecuencia del cierre de su actividad empresarial como consecuencia del Real Decreto 463/2020 [que declaró el estado de alarma] y las sucesivas normas derivadas del mismo, dictadas por el Consejo de Ministros o bien por las autoridades delegadas del Consejo de Ministros", resumen los magistrados. Teniendo en cuenta este hecho, la Audiencia Nacional concluye que "la competencia para conocer de este recurso corresponde a la Sala Tercera del Tribunal Supremo" y no a ellos.

Según explican fuentes jurídicas, New Fitness Aranjuez, New Fitness Group y la Comunidad de Madrid ya se han personado en el Supremo, pero ahora queda por ver si este se declara competentes para resolver la disputa. Tras más de dos años de idas y venidas, "los daños sufridos" por los gimnasios de Fernando Torres dependen ahora del alto tribunal.

La cadena de gimnasios de Fernando Torres ha recurrido a los tribunales para reclamar una indemnización por "los daños sufridos" durante la pandemia. New Fitness exigió 808.100,58 euros a la Comunidad de Madrid por las "graves pérdidas" que le ocasionaron las restricciones entre marzo de 2020 y mayo de 2021, pero tras el rechazo del gobierno autonómico a pagarles esta cantidad, el caso ha terminado por llegar al Tribunal Supremo, informan fuentes jurídicas.

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