La asociación mayoritaria de jueces no firmará el acuerdo con Justicia: "Es indigno"

La Asociación Profesional de la Magistratura no firmará el próximo martes el acuerdo retributivo pactado por Justicia con el resto de asociaciones de jueces y fiscales. La APM asegura que la oferta es "insuficiente, indigna e inaceptable" y que lastrará durante muchos años la capacidad económica de la carrera y "que cuenta para su aprobación con la complicidad y el beneplácito de otras asociaciones judiciales".

En un extenso comunicado, la APM detalla los pasos dados en la negociación. Según se desprende del tono empleado, se ha sentido traicionada por el resto. Aseguran que la subida salarial pactada, en bruto y en plazos, representará un tope de 210,24 euros que son —dice— "las 30 monedas de plata". El importe real que jueces y fiscales verán en sus nóminas, comenzará —dicen— por un ingreso neto de 64,96 euros en un primer plazo y 162,13 en un segundo, hasta el tercero superior a los 200 euros señalado. Efectúan el cálculo en una nómina real de un juez de entrada, de la última promoción, destinado en un partido judicial de tres juzgados. El primero de los plazos se cobraría octubre.

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Para la asociación conservadora firmar ese acuerdo, después de 20 años esperando la convocatoria de la mesa de retribuciones, es "humillante y un insulto". La subida "raquítica" se ofreció ya hace 15 días, señalan y es menos favorable que la alcanzada por los letrados de la administración de Justicia. "Nuestra subida lineal es inferior a la suya y ello nos sitúa en una situación económica peor, por no hablar de otro tipo de consecuencias que todos adivinamos", indica la nota. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura se exigía a Justicia una cantidad de, al menos, 74 millones de euros, para poder alcanzar una subida lineal del 10 por ciento.

"No podemos firmar un acuerdo porque nos sintamos obligados o presionados a hacerlo. Defender la independencia de los Jueces y Magistrados de este país supone también atender y reclamar su independencia económica. La Asociación Profesional de la Magistratura siempre ha defendido los intereses profesionales de la Carrera Judicial y lo hemos hecho con firmeza y con valentía", agregan. Desde el resto de asociaciones se les acusa de "ponerse de perfil" y rechazar avalar un acuerdo cuando, pese a todo, sus asociaciones disfrutarán de la subida.

Este jueves el resto de asociaciones desactivaron la amenaza de huelga al anunciar que aceptarían la oferta de 450 euros al mes, de la que el departamento que dirige Pilar Llop no se había movido en los últimos tres encuentros. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales explicaron su postura, favorable a cerrar el acuerdo y no continuar adelante con la convocatoria de huelga indefinida, apuntando que se lograría un aumento real de sus percepciones, basado en un acuerdo específico con los propios jueces y fiscales.

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"Se fija un marco estable de relaciones con los ministerios de Justicia y Hacienda para dotar de contenido las futuras reuniones de la mesa, que se fijan con una periodicidad más favorable que la prevista en la ley. El calendario previsto nos permitirá abordar en este mismo año 2023 cuestiones pendientes de gran importancia para jueces y fiscales, tales como la retribución de la guardia, la antigüedad o los grupos de población, entre otras", dicen. También destacan la necesidad de evitar a los ciudadanos y profesionales más daños en una Justicia "ya muy maltrecha".

Justicia ofrece una aportación de 46,7 millones de euros para mejorar las retribuciones. En concreto, la oferta representaría un incremento de unos 447 euros en 12 pagas, aproximadamente el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos. Los incrementos negociados en el marco de la Mesa de Retribuciones se abonarían en tres tramos: un 40% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023; un 40% que se devengará el 1 de enero de 2024, y un 20% que tendrá efectos económicos a 1 de julio de 2024.

Desde el ministerio, precisaron en un comunicado que el ofrecimiento incluía, además del incremento del complemento de destino por representación, la modificación de las leyes en tramitación para dotar a la presidencia de los tribunales de instancia de la "suficiente fortaleza como para hacer frente a los nuevos retos de la organización". Según recalcó, las salas de gobierno de los tribunales superiores de Justicia también "verían fortalecido su papel ejecutivo".

Los fiscales

Respecto a la carrera fiscal, el ministerio dirigido por Llop planteó "abordar con la mayor celeridad la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión, en los anexos de la Ley 15/2003, de las plazas de fiscales decanos, fiscales delegados y fiscales de área".

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Además, el Gobierno propuso que los integrantes de la Mesa de Retribuciones establecieran un "nuevo marco de relaciones, caracterizado por el diálogo continuado". "A tal fin, se constituirán grupos de trabajo permanentes, y la comisión se convocará con carácter anual, para valorar el desarrollo y aplicación de los acuerdos alcanzados, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y los trabajos desarrollados por los distintos grupos", detalló Justicia. Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a incrementar en 100 plazas la oferta de empleo público 2023 para jueces y fiscales, y "un incremento equivalente en la oferta correspondiente al año 2024", según explicó el ministerio.