La huelga de jueces no afectará al 28-M al considerarse "ineludible" su deber electoral

La hipotética convocatoria de una huelga por parte de los jueces y fiscales a partir del próximo 16 de mayo no amenaza la correcta celebración de las elecciones autonómicas y municipales. Los paros que han anunciado las principales asociaciones estarán vinculados con su actividad jurisdiccional, pero, en ningún caso, con su cometido como garantes de los comicios que se considera "esencial" e "ineludible" y que no se verá afectado.

Hace una semana, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales anunciaron su intención de parar de forma indefinida ante la falta de respuesta a sus demandas para nivelar las retribuciones, congeladas desde hace más de una década. Reclaman mejoras que consideran inaplazables para superar el estancamiento actual de nuestro sistema judicial.

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Los jueces tienen un protagonismo clave en el desarrollo de las elecciones. Tienen un doble papel. Por un lado, forman parte de las Juntas Electorales de Zona, Provincial y Central, encargadas de resolver las incidencias que puedan producirse. Estas juntas tienen una composición mixta, y una parte de ellas son jueces. En segundo lugar, un juez de cada partido judicial, o varios en los casos de las ciudades de mayor población, recoge la documentación electoral de todas las mesas del distrito electoral.

Los presidentes de mesa se tienen que desplazar al juzgado al final del día (una vez hecho el recuento y levantadas las actas correspondientes) y llevar tres sobres electorales. Los jueces se hacen cargo de ellos: uno se entrega a Correos para destinarse al recuento; otro se queda custodiado en el juzgado donde se conserva durante 100 días, en previsión de posibles recursos, y el tercero se entrega, con custodia policial, a la Junta Electoral Provincial.

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La protesta anunciada no ha buscado en ningún momento afectar al normal desarrollo de los comicios y, como refuerzo, la Junta Electoral Central (JEC) emitió hace solo unas semanas un acuerdo en relación con la huelga que mantuvieron hasta hace poco los letrados de la Administración de Justicia. La JEC consideraba en él "inconcebible" que los comicios se vieran afectados. Las conclusiones son aplicables a los jueces.

La Junta apuntaba que estas labores en materia electoral se realizan "en cumplimiento de un deber público que corresponde a las personas expresamente designadas por la Ley Electoral, y de realización ineludible, en cuanto supone garantía del ejercicio de los derechos de participación política" que consagra la Constitución.

Deber ineludible

A este respecto, la JEC concluye que, "en materia electoral, no hay servicios mínimos, son todos esenciales", y que las personas que toman parte en la organización de unos comicios lo hacen en "cumplimiento de un deber público". Este "deber" se deriva de la ley y es de "realización ineludible", ya que "supone garantía del ejercicio de los derechos de participación política".

Las asociaciones judiciales y fiscales anunciaron la huelga, pero matizaron desde un inicio su firme propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo que evite tener que ponerla en marcha. "No permitiremos, sin embargo, que esa actitud responsable sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y Hacienda, a los que, dentro del Gobierno, les corresponde velar por que nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de juezas/ces y fiscales no se desarrolla en condiciones —también retributivas— adecuadas", indicaron.