Jueces y fiscales rozan el acuerdo para desconvocar la huelga con la duda de la APM

Las últimas horas han servido para desactivar, en parte, la amenaza de huelga, pero no del todo. Todas las asociaciones, salvo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que es la mayoritaria, han aceptado la oferta de 450 euros al mes, de la que el departamento que dirige Pilar Llop no se ha movido en los últimos tres encuentros. Según aseguran fuentes conocedoras de los contactos, la postura final de la APM se mantendrá en suspenso hasta el próximo martes, día señalado para la firma del acuerdo. En su último comunicado, indicaba que la subida ofrecida sigue siendo "insuficiente e inasumible".

Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han explicado su postura, favorable a cerrar el acuerdo y no continuar adelante con la convocatoria de huelga indefinida. Aseguran que por primera vez en 20 años, la Mesa de Retribuciones apoyará un aumento real de sus percepciones, basado en un acuerdo específico con los propios jueces y fiscales.

"Se fija un marco estable de relaciones con los ministerios de Justicia y Hacienda para dotar de contenido las futuras reuniones de la mesa, que se fijan con una periodicidad más favorable que la prevista en la ley. El calendario previsto nos permitirá abordar en este mismo año 2023 cuestiones pendientes de gran importancia para jueces y fiscales, tales como la retribución de la guardia, la antigüedad o los grupos de población, entre otras", dicen. También destacan la necesidad de evitar a los ciudadanos y profesionales más daños en una Justicia "ya muy maltrecha".

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Justicia ofrece una aportación de 46,7 millones de euros para mejorar las retribuciones. En concreto, la oferta representaría un incremento de unos 447 euros en 12 pagas, aproximadamente el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos. Los incrementos negociados en el marco de la Mesa de Retribuciones se abonarían en tres tramos: un 40% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023; un 40% que se devengará el 1 de enero de 2024, y un 20% que tendrá efectos económicos a 1 de julio de 2024.

Desde el ministerio, precisaron en un comunicado que el ofrecimiento incluía, además del incremento del complemento de destino por representación, la modificación de las leyes en tramitación para dotar a la presidencia de los tribunales de instancia de la "suficiente fortaleza como para hacer frente a los nuevos retos de la organización". Según recalcó, las salas de gobierno de los tribunales superiores de Justicia también "verían fortalecido su papel ejecutivo".

Los fiscales

Respecto a la carrera fiscal, el ministerio dirigido por Llop planteó "abordar con la mayor celeridad la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión, en los anexos de la Ley 15/2003, de las plazas de fiscales decanos, fiscales delegados y fiscales de área".

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Además, el Gobierno propuso que los integrantes de la Mesa de Retribuciones establecieran un "nuevo marco de relaciones, caracterizado por el diálogo continuado". "A tal fin, se constituirán grupos de trabajo permanentes, y la comisión se convocará con carácter anual, para valorar el desarrollo y aplicación de los acuerdos alcanzados, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y los trabajos desarrollados por los distintos grupos", detalló Justicia. Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a incrementar en 100 plazas la oferta de empleo público 2023 para jueces y fiscales, y "un incremento equivalente en la oferta correspondiente al año 2024", según explicó el ministerio.