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Escalada de tensión entre Justicia y los LAJ: el comité estudia tomar acciones penales
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71.200 juicios suspendidos

Escalada de tensión entre Justicia y los LAJ: el comité estudia tomar acciones penales

Las asociaciones exigen al ministerio que ponga fin a los "ataques de carácter autoritario" y le acusan de actuar como un "verdadero piquete coercitivo"

Foto: Cientos de LAJ durante el primer día de huelga el pasado 24 de enero. (Mercedes Ortuño Lizarán/EFE)
Cientos de LAJ durante el primer día de huelga el pasado 24 de enero. (Mercedes Ortuño Lizarán/EFE)

Máxima tensión entre el Ministerio de Justicia y los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) por la huelga que amenaza con colapsar los tribunales. Tras dos semanas desde que comenzara el parón —el primero que se convoca de manera indefinida—, la mala relación entre ambas partes parece haber llegado a un punto de no retorno, hasta el extremo de que las asociaciones que representan al colectivo estudian la posibilidad de presentar acciones penales contra el equipo que lidera Pilar Llop. Acusan al ministerio de intentar evitar que los profesionales ejerciten su derecho fundamental, además de "usar medios públicos para perjudicar el seguimiento".

"Creemos que algunas de las conductas podrían tener tipificación penal aunque, de momento, lo estamos estudiando", indica a El Confidencial Juan José Yáñez, vocal de la ejecutiva de UPSJ y portavoz del Comité de Huelga. Y cuenta que desde hace unos días, el ministerio ha enviado correos electrónicos masivos a los funcionarios en los que transmiten su versión del conflicto. "Aseguran que los LAJ hemos tenido una subida salarial sin parangón en los últimos años, que han cumplido los acuerdos..., pero no mencionan lo que se pactó en abril, que es por lo que estamos en huelga. El nivel de difusión que tienen ellos es muy grande, nosotros no podemos llegar a tanto y eso produce una desigualdad que atenta contra el derecho a la huelga", relata.

Además, Yáñez critica que desde Justicia se den unos datos de participación muy diferentes a los que manejan desde el comité. La distancia es significativa: mientras que los primeros cifran la participación en menos del 50%, las asociaciones aseguran que el apoyo por parte del colectivo supera el 80%.

Foto: Huelga del cuerpo de los Letrados de la Administración de Justicia en noviembre de 2022. (EFE/Ramón de la Rocha)

Las hostilidades comenzaron el pasado 31 de enero, después de que el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público, Manuel Olmedo, dictara una instrucción en la que limitó el acceso a las vacaciones y los días de asuntos propios a los LAJ que estuvieran en huelga. "No se autorizará el disfrute de días de vacaciones ni asuntos particulares correspondientes al año 2023 a las letradas y los letrados de la Administración de Justicia en días en que deban atender señalamientos", reza el texto. La intención de la medida era evitar que los funcionarios aprovecharan los días de descanso para hacer huelga y evitar así consecuencias económicas (el ministerio deduce una media de 160 euros por cada día de parón).

Como respuesta, el comité acudió a los tribunales e interpuso un recurso contencioso-administrativo para impugnar la decisión. En un comunicado difundido el jueves, las asociaciones exigieron a Justicia que pusiera fin a los "ataques de carácter autoritario y a la persecución social contra el cuerpo de LAJ", y agregó que su conducta no tiene cabida en un Estado democrático. "Lamentamos profundamente que el comité de huelga tenga que acudir a esta vía de protección ante la mirada de un ministerio que actúa como un verdadero piquete coercitivo".

Foto: Letrados de la Administración de Justicia se concentran ante la Ciudad de la Justicia. Andreu Dalmau (EFE) Opinión

Lejos de intentar llegar a un punto en común, la versión del ministerio es que se trata de una estrategia con tintes políticos, como así lo afirmó hace unos días el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez. En una comparecencia a los medios en Vitoria, expresó su malestar con el parón de los LAJ y agregó que es una decisión que "carece de sentido desde un punto de vista laboral o económico" y que únicamente perjudica a los ciudadanos. "Está fuera de lugar", aseveró.

En la misma línea, subrayó el "esfuerzo" realizado por el Gobierno para atender las demandas del colectivo. Una afirmación que, sin embargo, niegan rotundamente desde las asociaciones, que aseguran que el ministerio no los recibe desde hace meses y solo les contactaron brevemente antes de comenzar la huelga para concretar los servicios mínimos. Mientras tanto, la situación de colapso de los juzgados españoles empeora: de acuerdo con las estimaciones del comité, desde que comenzó la huelga se han suspendido cerca de 71.200 juicios, "así como decenas de miles de declaraciones y comparecencias de todo tipo".

Máxima tensión entre el Ministerio de Justicia y los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) por la huelga que amenaza con colapsar los tribunales. Tras dos semanas desde que comenzara el parón —el primero que se convoca de manera indefinida—, la mala relación entre ambas partes parece haber llegado a un punto de no retorno, hasta el extremo de que las asociaciones que representan al colectivo estudian la posibilidad de presentar acciones penales contra el equipo que lidera Pilar Llop. Acusan al ministerio de intentar evitar que los profesionales ejerciten su derecho fundamental, además de "usar medios públicos para perjudicar el seguimiento".

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