Alberto Casero pide al Supremo que envíe su causa al juzgado de Trujillo tras dimitir como diputado del Congreso

El exdirigente del PP Alberto Casero ha pedido al Tribunal Supremo que envíe de vuelta a Trujillo el procedimiento que se sigue en su contra por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a cinco contratos que firmó cuando era alcalde de dicha localidad entre 2017 y 2018 sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos. "Al haber perdido su condición su condición de aforado, remita la causa al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Trujillo para que continúe su tramitación", ha señalado la defensa del exdiputado en un escrito remitido al alto tribunal al que ha tenido acceso Europa Press.

El abogado ha incidido en que tras la renuncia del escaño, y "al no haberse dictado aún auto de apertura de juicio oral", la causa "debe ser devuelta" al juzgado de origen, el de Trujillo.

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En este sentido, cabe recordar que el Supremo abrió la causa contra el exdiputado en marzo de 2022, tras recibir una exposición razonada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Trujillo, que había abierto diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados en 2017 y 2018. Dicho Juzgado elevó el asunto al alto tribunal al considerar que carecía de competencias para investigar a un aforado.

La investigación

Desde que el Supremo asumió el caso en marzo de 2022, Casero acudió a declarar en una ocasión ante el magistrado instructor Andrés Palomo. Según las fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias, el entonces diputado aseguró que, aunque pudo haber problemas administrativos en dichos acuerdos y contratos, no ha habido prevaricación alguna por su parte. El dirigente llegó a presentar luego un escrito para pedir el archivo de la causa al no ver indicios de delito.

Aunque en un momento se reservó fecha en el calendario para tomar declaración a varios testigos, éstas no tuvieron lugar. El magistrado dio por finalizada la instrucción del procedimiento el 3 de marzo después que la Sala de Apelación del Supremo estimara un recurso de Casero contra su decisión de denegar la petición de nulidad, archivo y sobreseimiento de la causa.

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En concreto, la Sala de Apelaciones dio la razón a Casero y estimó que el plazo de la investigación había concluido el pasado 15 de julio de 2022 y que todo lo investigado desde entonces era nulo y que no debía tenerse en cuenta a la hora de decidir si archivaba o continuaba la causa contra el entonces dirigente 'popular'.

Ante este escenario, el juez propuso juzgar a Casero. Pocos días después, el entonces diputado renunció a su acta en el Congreso.

Fiscalía pide confirmación del Congreso

La Fiscalía, tras recibir notificación de la decisión del juez de llevar a juicio a Casero y tras enterarse por la prensa de que el hombre ya no era diputado de las Cortes, ha remitido también un escrito ante el Tribunal Supremo. "Se ha publicado a través de diferentes medios de comunicación que el Sr. Casero habría renunciado a su acta de diputado al Congreso. Tal hecho, conllevaría la pérdida de su condición de aforado ante esta Sala Segunda y en consecuencia la perdida de competencia de la misma", ha señalado la fiscal Ángeles Montes Álvaro en un escrito al que también ha tenido acceso Europa Press.

Así las cosas, el Ministerio Público ha solicitado al juez Palomo que remita oficio al Congreso "para que se confirme" la renuncia al acta de Casero. Ha pedido también que suspenda el plazo para remitir el correspondiente escrito de acusación.