Alberto Casero renuncia a su acta en el Congreso tras ser procesado por el Supremo

Alberto Casero ha renunciado a su acta como diputado en el Congreso de los Diputados tras la petición del magistrado del Tribunal Supremo, Andrés Palomo, de juzgarle por los delitos de prevaricación y malversación. Así lo ha comunicado la dirección del partido en un comunicado, atribuyéndolo a una determinación personal y voluntaria del exalcalde de Trujillo para "evitar cualquier daño al partido", ya que la decisión "llega antes de que le haya sido notificado el auto del juez instructor". En la mañana del viernes, tras conocerse la resolución judicial, Génova ya había procedido a suspender la militancia del dirigente.

El PP ha decidido atajar con mano izquierda el asunto, sobre todo en un contexto político en que los populares han redoblado su ofensiva contra el PSOE por el estallido del caso Mediador, que afecta al exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, y que salpica a otros parlamentarios socialistas que, de momento, mantienen su escaño en la Cámara Baja, como Indalecio Gutiérrez, Manuel Arribas, Guillermo Meljón, Uxía Tizón o Ana Prieto. Alberto Casero trabajó a las órdenes de Teodoro García Egea como secretario de Organización en Génova, y mantuvo su escaño en el Congreso tras la salida de Pablo Casado.

Opinión

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La investigación se remonta a su etapa como alcalde de Trujillo, Cáceres, y se centra en cinco contratos que firmó como máxima autoridad del Ayuntamiento entre 2017 y 2018, sin ajustarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos. "No solo supone reiteradas y admitidas irregularidades administrativas, sino un modo de proceder del aforado que identifica su voluntarismo al margen de cualquier interpretación, con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jurídico; con vedadas contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna en los supuestos que la cuantía lo requería, elusión de los mecanismos de control, asunción directa de pagos por la integridad de los servicios que además de periódicos se prestaban a entidad en la que el municipio solo era una parte; plenamente subsumibles en el ilícito de prevaricación", advierte el magistrado.

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El magistrado apunta a su vez a un delito de malversación de caudales públicos, que sanciona a la autoridad o funcionario que tiene a su cargo los caudales por razón de sus funciones y que, lejos de destinarlos al cumplimiento de las previstas atenciones públicas, los separa de las mismas, extrayéndolos del control público con ánimo de lucro, los incorpora a su patrimonio haciéndolos propios o consiente que otro lo haga.

En su auto, el magistrado da 10 días de plazo al fiscal para que solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la misma. Las contrataciones investigadas abordan cuatro cuestiones: el fichaje de un psicólogo, una gala de premios, un convenio con la Cámara de Comercio de Perú y la promoción de la Feria Nacional del Queso.

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"Están relacionados con actuaciones realizadas en su condición de alcalde del Ayuntamiento de Trujillo y órgano de contratación en el mismo, entre marzo de 2017 y diciembre de 2018 al concertar con diferentes personas y entidades, contratos de servicio, patrocinio o convenios, incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto, por la normativa aplicable en cada caso; normativa que, si bien en alguno de los supuestos, no establecía unos exigentes requisitos de validez, en atención a la condición y características de cada uno de ellos, en general contratos menores, sin embargo, sí establecía formalidades encaminadas cuando menos a que constara su existencia en el Consistorio mediante la apertura del correspondiente expediente conteniendo la debida resolución por parte del órgano de contratación", explica el auto.

La causa parte del Juzgado de Instrucción Número 2 de la localidad que pidió al alto tribunal que le investigara por una serie de contratos que se remontan a esos años. Las contrataciones investigadas abordan cuatro cuestiones: el fichaje de un psicólogo, una gala de premios, un convenio con la Cámara de Comercio de Perú y la promoción de la Feria Nacional del Queso.

​La Feria del Queso

Trujillo celebra la Feria Nacional del Queso desde 1986. Su organización depende de la Institución Ferial Ferex, que aglutina a la Junta de Extremadura, las dos diputaciones provinciales y el Ayuntamiento de Trujillo. Las fotografías de la edición de 2018 muestran a Casero junto al entonces secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara. Con él como alcalde, la magistrada de Trujillo investigó el contrato que adjudicó ese año para promocionar la feria. Casero cerró el acuerdo por 14.303 euros, pero la instrucción apunta a que no avisó a los servicios competentes ni recabó informe del órgano de contratación. La organización de la Feria del Queso corresponde a la Institución Ferial Ferex, pero el Ayuntamiento cerró este acuerdo por sí solo. Casero abandonó la alcaldía en junio de 2019 sin haber pagado los servicios contratados.