El problema del alquiler, más allá del precio: discriminación racial en el acceso a la vivienda

El problema del alquiler en España trasciende del auge continuado de los precios. Los aprietos para acceder a la vivienda esconden una dificultad paralela que condena a las personas inmigrantes sin apenas soluciones. El drama es doble. El coste es incompatible con las condiciones laborales de la mayoría, pero además tienen que hacer frente a discriminaciones por su raza o procedencia. Según un estudio del CIS, el 80,4% de los españoles considera que muchos de los demandantes de una casa son excluidos por esta cuestión, un extremo que corroboran los datos publicados en el último informe de Provivienda, que apunta que un 72,5% de las inmobiliarias hacen una segregación directa absoluta. Pero lejos de las cifras y los porcentajes, la cruda realidad tiene nombres y apellidos.

Estas prácticas no son hechos aislados. "Yo llamaba por teléfono, pasaba todos los documentos que me pedían, pero de repente dejaban de contestar y cuando les volvía a preguntar, me decían que ese piso ya no estaba disponible. Pero me volvía a meter en la página y seguía apareciendo, así que le dije a un amigo español que llamara él y preguntara si estaba disponible. Le dijeron que sí. Ahí me di cuenta de que el problema era yo, y que a pesar de tener solvencia económica y DNI español, vieron mi nombre y eso les echó para atrás", cuenta Mamuni Sidi, un joven saharaui con nacionalidad española, al buscar piso en Valencia.

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Esta práctica se llama testing y consiste en que otra persona, con las mismas características económicas y laborales, pregunte por la vivienda en cuestión. Si no aparenta ser una persona migrante (por el idioma, el nombre, la forma de vestir…), recibe un trato diferente. Desde SOS Racismo Bizkaia confirman esta práctica, de la que han sido testigos en varias ocasiones.

Nour, una joven de origen sirio, vivió una situación similar a la de Mamuni: "Les parecía una candidata ideal. Pero cuando estaban haciendo el contrato y vieron mi primer apellido, la dueña no me lo quería alquilar. Me dejaron tirada a un día de la mudanza. No me lo alquilaron por ser Nour Al-Hussen, pero si fuera María Villa (mi segundo nombre y segundo apellido), hoy estaría viviendo en ese piso".

A Ayham, otro joven del mismo país, le pasó exactamente lo mismo. En este caso, en cuanto escuchaban su acento, le daban largas. "Por culpa de este racismo vivíamos dos familias juntas porque no podíamos encontrar una casa para cada uno", explica. Ahora, aunque ha encontrado un piso para su familia, dice que no es el que necesitan porque no hay espacio suficiente. Además, asegura que "piden muchas exigencias, mucha más documentación por el hecho de ser inmigrante".

Una de las soluciones más extendidas —impulsada por asociaciones como La Comunidad— es que una persona nativa acompañe a la persona que ha sufrido la conducta discriminatoria a las entrevistas con inmobiliarias. No obstante, hay quien piensa, como Nour, que esto simplemente es un parche y que, además, "es una forma de aceptar que una persona española te tiene que validar como ser humano para optar a una casa digna. Es una forma de resignarse y perpetúa la discriminación".

"Ante una situación tan compleja, se requiere compromiso de todos los agentes implicados. Desde el acompañamiento a las campañas de sensibilización o políticas de vivienda que propongan medidas por la igualdad y no discriminación en el acceso a la vivienda", explican a este medio Begoña Arroyo y Diego López, coordinadores del área de Vivienda de CONVIVE Fundación Cepaim. Nour añade que es necesario que en todas las medidas, que son transversales porque es un problema estructural, "cuenten con personas con conocimiento y experiencia en el terreno, personas migrantes y racializadas".

La escalada de precios es, en muchos casos, incompatible con las condiciones sociolaborales de las personas inmigrantes, sobre todo extracomunitarias. Según los datos publicados por el INE, en 2021 un 63% de la población inmigrante extracomunitaria estaba en riesgo de pobreza. Cifra que disminuye al 38% entre los procedentes de la Unión Europea. Además, si ponemos el foco en los puestos de trabajo a los que acceden la población extranjera, su peso es singular en sectores tradicionalmente muy precarizados: suponen el 66,83% de los peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines y el 57,30% de los empleados domésticos, según el informe del Mercado de Trabajo de los Extranjeros elaborado por SEPE en 2022 con datos del 2021.

Falta de soluciones

Desde SOS Racismo Bizkaia denuncian la falta de respuesta del sistema a la cruda realidad de este grupo de ciudadanos. "La subida de los precios de los alquileres repercute a las personas migradas en mayor medida, ya que están condenadas a los sectores más precarizados. Si además están en situación administrativa irregular, tienen negado el derecho a trabajar formalmente y se pueden ver condenados a sufrir explotación y desprotección, resultando una odisea para la mayoría de personas en esta situación el poder acceder a un alquiler en condiciones, y muchas veces acaban en infraviviendas", afirman desde de la asociación.

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Esta opinión es compartida por Begoña Arroyo y Diego López, que añaden que "la tasa de riesgo de pobreza es mayor, y esto hace que un aumento del precio de los alquileres tensione la economía familiar, desplace a estas personas o familias a zonas periféricas o deterioradas, o las expulse del mercado por no poder hacer frente a la subida".

Los alquileres en España están disparados. Según el último informe elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa, el precio medio subió un 8,7% en enero respecto al mismo mes del año pasado. En Idealista, por su parte, la variación interanual asciende al 9,1%. Estas cifras, que complican el acceso a la vivienda con carácter general, se vuelven un muro insalvable cuando se suman a la discriminación racial de inmobiliarias y particulares.

Por comunidades autónomas, las mayores subidas en el último año se han registrado en Baleares (21%), Canarias (19,8), Comunidad Valenciana (16,5%), Cantabria (14,3%) y Madrid (12,9%). Les siguen Extremadura (9,8%), Andalucía (8,7%), Galicia (8,2%), Cataluña (7,2%), Asturias (7,2%), Navarra (6,8%), Castilla y León (6,2%), Murcia (6,2%), La Rioja (4,7%), País Vasco (3,3%) y Aragón (2,4%). Castilla-La Mancha es la única comunidad en la que ha descendido con respecto al año anterior (-0,2%). A nivel provincial, ha aumentado en 42 provincias. De hecho, comunidades como Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia poseen máximos históricos en los precios.