Igualdad alerta de que la reforma del PSOE puede llevar a otra "oleada" de rebajas de penas

La división en el Gobierno a cuenta de la reforma de la ley del sí es sí es total. No es sólo que PSOE y Unidas Podemos se culpen mutuamente de no moverse de sus posiciones para intentar encontrar una fórmula pactada, sino que además, según el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, la proposición de ley registrada unilateralmente para modificar la norma puede llevar a nuevas revisiones de penas, cuando ya son cerca de 400 los casos documentados hasta la fecha.

La delegada del Gobierno contra la Violencia Machista, Victoria Rosell, ha afirmado este lunes que la propopsición de ley del PSOE "puede dar lugar a revisiones por parte de tribunales que hasta ahora no han revisado", introduciendo en riesgo de que más agresores sexuales vean reducidas sus penas. "Es abrir de nuevo la puerta a lo que se quería evitar", incidió Rosell en declaraciones a los medios de comunicación, desde el Ministerio. "Lo que no se puede permitir el Gobierno es dar la mínima opción a que vuelva a empezar una segunda ola de revisiones", apostillaba, para insistir en que su formación ha planteado "otras posibilidades" para evitar este escenario. "No es cierto", aseguraba, el planteamiento del Ministerio de Justicia, que sostiene que su reforma la "blindaría" ante nuevas revisiones.

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Rosell, jueza en excedencia, no ha querido desvelar más detalles sobre los motivos de esta interpretación "profesional", "jurídica", "por no dar ideas", y por la existencia de alternativas planteadas por su formación. En UP interpretan que, al introducir la disposición de derecho transitorio que no se incluyó en la ley del sí es sí, los jueces y tribunales que rechazaron revisar la norma en su día hoy podrían interpretar que ha habido un cambio de criterio por parte del legislador, y estudiar nuevas rebajas. En el ala socialista del Gobierno interpretan que haber incluido esta disposición transitoria, en su día, podría haber frenado la rebaja de penas, y por eso la han incluido en su proposición de ley. Incluyéndola hoy, persiguen que, en las revisiones, de caber las anteriores penas en las horquillas del Código Penal en vigor, los jueces mantengan las penas.

La delegada del Gobierno contra la Violencia Machista, además, ha recordado que todos los cambios a realizar en esta norma persiguen evitar las revisiones "a futuro", pero no pueden ir "hacia atrás", y por tanto no pueden afectar a las penas ya revisadas. La tensión -y la preocupación- han llegado a límites casi inexplorados, y el socio minoritario se prepara para articular una alianza con los aliados parlamentarios que le permita responder a la reforma "unilateral" de los socialistas, como aseveró durante la mañana Teresa Pérez, coportavoz del partido

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"Nosotros construimos leyes, no relatos. Los jueces aplican leyes, no relatos. Y lo que cambia la vida de la gente son las leyes, no los relatos". La frase de la ministra de Justicia, Pilar Llop, evidencia la escalada dialéctica por parte de ambos socios.Justicia, responsable técnica de la propuesta del PSOE, considera poco solventes las soluciones planteadas desde Igualdad, al no justificar de forma adecuada el aumento de penas. La justificación de este incremento, según el Ejecutivo, es importante para garantizar la solidez de la nueva proposición de ley de cara a un previsible recurso ante el Tribunal Constitucional (Vox ya recurrió el sí es sí). Unidas Podemos niega la mayor, y defiende las seis fórmulas que ha hecho llegar a sus socios desde el arranque de diciembre, cuando Pedro Sánchez dio la orden de estudiar una reforma para elevar las penas y frenar la sangría de reducciones.

La número dos de Montero descarta dimisiones

Pese a la desautorización de la ministra y de la cúpula de Igualdad por parte del PSOE, ni Irene Montero contempla renunciar, ni tampoco su número dos, Ángela Rodríguez Pam, sopesa dimisiones: "Ya les gustaría a esos que piden que dimitamos que lo hiciéramos"; "Hoy más que nunca tenemos que estar aquí", aseguró Rodríguez, en la misma comparecencia de Rosell. Pese a la decisión del PSOE, al que acusa de presentar una propuesta casi idéntica a la del PP -y que Vox "ve con buenos ojos"-, insiste en que quieren lograr un pacto "que evite el retroceso" que, a su entender, supone la reforma de los socialistas.

"Un retroceso para los derechos de las mujeres", aseguraba, y un retorno "a la revictimización de tantas mujeres que han sufrido una agresión sexual". También ha incidido en que el grupo de expertos que analizó la aplicación del Convenio de Estambul alertó en su día de los riesgos de centrar los delitos sexuales en la violencia y la intimidación, ya que la mitad de las víctimas sufren un "miedo paralizante", y por tanto son incapaces de ofrecer resistencia. Es la misma batalla que han mantenido durante la última semana: el PSOE dice que su propuesta no afecta en forma alguna al consentimiento, y Unidas Podemos asegura que, de facto, vuela el "corazón" de la ley. Ni se han acercado en lo nuclear en esta semana, ni lo hicieron a lo largo de más de mes y medio de conversaciones fuera del foco público.