El Gobierno se desentiende de la demanda de Marruecos contra Ignacio Cembrero

"El Gobierno respeta la independencia de los procedimientos judiciales". Con dos párrafos resumidos en esta idea, el Ejecutivo de Pedro Sánchez despacha las últimas preguntas sobre la demanda civil de Marruecos contra el periodista Ignacio Cembrero, al que el régimen de Mohamed VI llevó ante los tribunales tras denunciar que fue víctima de espionaje a través del sistema Pegasus. Su nombre aparecía en la investigación que destapó el escándalo del espionaje por parte de Marruecos. Ya es la cuarta vez que Rabat lleva al informador a los tribunales.

Distintos partidos políticos de todo el arco parlamentario, del PP a EH Bildu, se han interesado en las Cortes Generales o en el Parlamento Europeo por el "acoso judicial" al periodista de El Confidencial, pero el Gobierno permanece de perfil. Calla también el socio mayoritario del Ejecutivo, el PSOE, ante un frente judicial que el 13 de enero sentó al periodista, experto en Marruecos, en el banquillo de los acusados. El juicio por la demanda civil "por acción de jactancia", en el Juzgado de Primera Instancia número 72 de Madrid, se celebró apenas un par de semanas antes de la reunión de alto nivel (RAN) por la que el propio Sánchez y una decena de ministros se desplazarán hasta Rabat esta misma semana, el 1 y el 2 de febrero.

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La respuesta del Gobierno, de hecho, llega apenas una semana antes de esta cita, en la que el Ejecutivo aspira a consolidar la nueva etapa en sus relaciones con el reino alauí, y está empeñado en protegerla a toda costa. El grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados formuló en noviembre dos preguntas concretas al Ejecutivo, requiriéndole que aclarase si había mantenido contacto con el periodista, además de inquirir si el informador había pedido "protección" al Gobierno, una incógnita que queda por despejar.

El Ejecutivo, más allá de asegurar que confía en los tribunales, solo afirma que Cembrero ha mantenido "los contactos habituales con la Oficina de Información Diplomática (OID)", "al mero objeto de recabar información sobre la acción exterior del Estado".

Silencio

Ni el presidente, ni el titular de Exteriores, José Manuel Albares, han avalado públicamente a Cembrero. De hecho, según fuentes conocedoras de las conversaciones, al menos hasta el arranque del mes de enero, Albares no había requerido a su homólogo marroquí, Nasser Bourita, que retirase la demanda civil contra el periodista.

Como hicieron los diputados del PP Valentina Martínez y Pablo Hispán en noviembre, formaciones de todos los colores políticos, de Bildu (en el Congreso) a Compromís (en el Senado), pasando por Unidas Podemos (desde el Europarlamento, ante la Comisión Europea), se han interesado por la demanda de Marruecos contra el informador. El diputado jeltzale Jon Iñarritu presentó dos preguntas, en septiembre de 2021 y en julio de 2022, que el Ejecutivo zanjó asegurando que "defiende el derecho a informar y la libertad de prensa como derechos fundamentales, cuya protección es una obligación para todos los Estados del mundo". La respuesta es muy similar a la que dedicó al senador de Compromís Carles Mulet, que se interesó por la actuación contra Cembrero durante el mes de julio.

En noviembre, la eurodiputada Iodia Villanueva (Unidas Podemos) preguntó por escrito a la Comisión por el "acoso y la persecución política" al periodista, y Maite Pagaza, diputada de Ciudadanos, remitió sendas cartas al alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y al comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, instándoles a actuar ante el "acoso judicial" de Marruecos a Cembrero. Pagaza denunció que el país vecino está poniendo en práctica una "estrategia constante de acallar, a través del encadenamiento de procedimientos judiciales, a este periodista especializado en política marroquí".

En su misiva, recuerda que Marruecos presentó una denuncia penal contra Cembrero por supuesto enaltecimiento del terrorismo ante la Fiscalía General del Estado, en 2014, que fue archivada, y otra querella, también por enaltecimiento del terrorismo, ese mismo año (de nuevo, archivada). Y a estas actuaciones se suma una tercera, de nuevo por la vía civil, presentada por un empresario marroquí por presunta intromisión en el honor.

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Su nombre aparece, además, en la resolución aprobada por el Europarlamento el 19 de enero para exigir a Marruecos que respete la libertad de expresión y libere a los periodistas que hoy mantiene encarcelados. Los eurodiputados del PSOE recibieron —y acataron— la orden de votar en contra, con la vista puesta en asegurar la RAN de esta misma semana. Con 356 votos a favor, 42 abstenciones y 32 votos en contra, los socialistas españoles sumaron más de la mitad de los noes, 17. Se quedaron solos, salvo por la compañía de la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen, hoy liderada por Jordan Bardella. El presidente del Gobierno restó importancia a esta votación, afirmando que no compartían "alguno" de los planteamientos de la resolución, sin especificar cuáles.

En un artículo de opinión publicado en este diario, solo un día antes de comparecer ante el juez, el propio Cembrero lamentó la indolencia del Partido Socialista ante su caso: "Nunca se me pasó por la cabeza que algún miembro del Gobierno español o algún alto cargo socialista evocara en público, refiriéndose a mí, el respeto de las libertades de expresión y de prensa en España. Sabía que no dirían nada que pudiera disgustar al vecino marroquí. Sí me imaginé que alguno me daría una discreta palmada en la espalda y me desearía suerte en voz baja. Nadie lo ha hecho".

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Ignacio Cembrero

Rabat exige que Cembrero demuestre la responsabilidad de sus servicios secretos en el espionaje o, en caso de no poder hacerlo, que se retracte. También reclama su condena a pagar todas las costas, y hasta que el juzgado dicte sentencia estableciendo que el periodista no fue víctima de espionaje por parte de Marruecos, algo que ni siquiera puede ser corroborado en este procedimiento. Es decir, reclama al juez de lo civil que, sin poder investigar, se pronuncie sobre unos hechos de carácter penal que no pueden ser parte de la causa que debe enjuiciar.

"El Gobierno respeta la independencia de los procedimientos judiciales". Cuando rubricó esta misiva, no es solo que en el Ejecutivo conocieran las características del procedimiento seguido contra Cembrero; es que ya había declarado desde el banquillo, el juicio ya había terminado y estaba a la espera de sentencia.