La Policía seguía desde hace días al jubilado de las cartas por si colaboraba con alguien

Operación Konvert. Significa sobre en ucraniano y también en ruso. Ese es el nombre que dieron a su investigación los agentes de Policía encargados de buscar al autor del envío de seis paquetes con material deflagrante, uno de ellos a la embajada de Ucrania en Madrid y otro al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los trabajos iniciados en diciembre han dado como resultado el arresto de Pompeyo González Pascual, un jubilado de 74 años, exfuncionario del Ayuntamiento de Vitoria. Era un hombre solitario, soltero y sin hijos. Tan solo tiene hermanos. La Policía ya vigilaba sus movimientos, según informan a El Confidencial fuentes policiales.

Le siguieron durante cerca de dos semanas. El objetivo era seguir sus pasos por si de ese modo se podía dar con algún colaborador o dinamizador de sus acciones. No detectaron ningún contacto extraño, pero apreciaron que Pompeyo comenzó a desprenderse de objetos que podrían ser claves para demostrar su culpabilidad. Por eso se decidió proceder al arresto. En el registro de su domicilio, ubicado en la calle Clavel de la localidad burgalesa, la Policía halló efectos que prueban su participación en los hechos. Así lo creen los agentes, que al ver lo que guardaba, sopesan que tenía la intención de repetir su acción.

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Ya las primeras impresiones de los agentes sobre el terreno son que la inspección estaba arrojando resultados “positivos” para sostener su acusación ante el juez, que le tomará declaración el viernes. El magistrado tendrá que decidir después si le manda a prisión o le deja libre con medidas cautelares. Cuando los uniformados le informaron de su arresto este miércoles, el anciano negó los hechos. Aseguró que no fue él quien mandó los paquetes. El Ministerio del Interior destacó en un comunicado que “es una persona muy activa en redes sociales y tiene conocimientos técnicos e informáticos”.

Este arresto se produce apenas un par de días después de que el New York Times, citando fuentes locales, atribuyese el envío de las cartas a un grupo radical llamado Movimiento Imperial Ruso, dirigido por la Inteligencia del Kremlin. La investigación policial española ha estado impulsada por la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Madrid bajo la coordinación de la Comisaría General de Información. La primera hipótesis de los agentes españoles es que actuó sin influencias de agentes exteriores.

"Autoadoctrinamiento"

Interior afirma que las seis cartas se enviaron desde la ciudad de Burgos. Consultadas por este periódico, las fuentes al tanto de las pesquisas dicen que ese dato se sabe por la trazabilidad de los envíos. Los primeros indicios apuntaron a Valladolid, pero se descartó. Le constan viajes por España, pero no al exterior, ni a Rusia. Tampoco habla el idioma ruso.

Los investigadores apuntan a un “autoadoctrinamiento” por canales tradicionales, es decir, que no frecuentaba foros especialmente sofisticados o secretos. Tampoco les consta a los agentes un pasado en política integrando alguna formación. Con todo, nadie se atreve a dar por cerrada la operación. El registro terminará con la incautación de material que tendrá que ser analizado. “Si bien se presume que el detenido confeccionó y envió los artefactos explosivos en solitario, la Policía Nacional no descarta la participación o influencia de otras personas en los hechos”, advierte Interior.