Feijóo quiere desvincular por ley la Fiscalía del Gobierno y limitar el uso del decretazo

"Un gran país necesita instituciones a su altura. Aquí está mi compromiso para lograrlo y volver a ponerlas al servicio exclusivo del interés general. Este documento supone un contrato con España, pero también una herramienta contra la resignación". De su puño y letra, Alberto Núñez Feijóo ha dejado grabada esta inscripción en el Plan de Calidad Institucional presentado este lunes en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, un escenario simbólico —fue el lugar en que se promulgó la Constitución de 1812— para presentar un decálogo de 60 medidas para "proteger la democracia" del "sanchismo". El líder del PP, que ha rubricado el documento tras un acto revestido de solemnidad, se ha comprometido a activar todas estas propuestas en sus primeros 100 días de Gobierno si logra hacerse con la Moncloa.

El plan de Feijóo, que ha trabajado mano a mano con el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, busca "acabar con el nepotismo y la arbitrariedad" a la que, a juicio de Génova, ha sometido el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez al entramado institucional nacional. Entre otros puntos, el PP propone "desvincular" a la Fiscalía del Gobierno ampliando a cinco años el mandato del fiscal general del Estado mediante una "profunda modificación" del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF); o el compromiso de limitar el uso de decretos leyes para impulsar su agenda legislativa si Feijóo logra llegar a la Moncloa, un trámite que el actual Gobierno de coalición ha convertido en habitual. "Deberá fundamentarse debidamente la extraordinaria y urgente necesidad que lo motiva", reiteran.

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El PP ha armado cinco bloques de medidas en un plan institucional que sopesa enviar a la Moncloa. El primero incluye medidas para "proteger la Constitución y la integridad territorial del Estado", como la recuperación del delito de sedición en el Código Penal o la tipificación del delito de referéndum ilegal, propuesta que se comprometió a implementar el propio Sánchez durante la última campaña electoral, pero que quedó en papel mojado. El segundo bloque busca "garantizar las funciones del poder legislativo", garantizando en este caso la "periodicidad" del debate del estado de la nación mediante una regulación específica para que deje de ser una "iniciativa discrecional del Gobierno"; o la creación de una Oficina de Calidad Democrática y Legislativa, para asegurar la calidad normativa de todas las frases de tramitación legislativa.

El tercer bloque lleva el nombre de "iniciativas para un mejor Gobierno", donde se incluye la medida estrella de Alberto Núñez Feijóo: garantizar que el Ejecutivo municipal, autonómico o nacional recae en la lista más votada, además de garantizar una comunicación más fluida y frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición; o prohibir "el uso de recursos públicos en actos de partido", medida que incluye un protocolo por el que Feijóo se compromete a limitar el uso del Falcon si llega al Ejecutivo.

Feijóo propone celebrar el debate de la nación de forma periódica o crear una Oficina de Calidad Democrática

En cuarto lugar, el PP propone medidas "que mejoren nuestro Poder Judicial", donde incluye la limitación de las puertas giratorias o cambiar el sistema de elección de los jueces del CGPJ y del Tribunal Constitucional para blindar "su independencia". Por último, en el bloque de "actuaciones para recuperar el prestigio de las instituciones", la dirección de Génova apuesta por recuperar los "requisitos de idoneidad para los organismos reguladores", con una ristra de propuestas concretas para revertir el "asalto" de Sánchez a organizaciones como el CIS, el INE, el CNI o RTVE.

Durante la presentación del documento, Feijóo ha asumido que Sánchez no firmará el documento, con lo que reconocen que ninguna de estas medidas entrará en vigor en la presente legislatura, una "deriva" que, a su juicio, revela "el hecho insólito" de que el Gobierno está "intervenido" y "asume su posición de rehén" de sus socios parlamentarios. "Nos tememos de antemano cuál va a ser la respuesta del sanchismo a estas propuestas que persiguen revitalizar las instituciones: menosprecio, descalificación y falsedad".

Reforma de la ley electoral

El texto, coordinado por el vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, incluye una propuesta formal que plantea reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) y establecer una prima de escaños al partido ganador en comicios autonómicos, municipales y generales, con lo que Feijóo da un paso más y materializa por escrito uno de sus proyectos estrella: lograr un cambio legal consensuado entre los dos grandes partidos para evitar los "extremos" y los "populismos", que se imponga la lista más votada y reforzar, así, el sistema bipartidista en España. Pese a que la máxima que defienden desde hace meses en el partido pasa por alumbrar un "pacto global", el documento limita la propuesta a los ayuntamientos.

"Ellos han presentado esta propuesta en otras ocasiones. Que piensen en la estabilidad y en qué es lo mejor para nuestro país", reiteraba Cuca Gamarra este mismo lunes. El PSOE, por su parte, ha vuelto a cerrar la puerta a firmar un acuerdo de esas características, lo que condena al fracaso la propuesta estrella de Feijóo. "Lo sacan cada vez que está en riesgo que ellos gobiernen en algunos sitios", despachaba el portavoz socialista, Patxi López. "Con los únicos que son capaces de hablar y de llegar a acuerdos es con Vox", remataba.

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Por su parte, desde Unidas Podemos han cargado con virulencia contra Feijóo tras esta propuesta. La líder del espacio político y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado que el presidente del PP muestra “enorme debilidad” con esta propuesta, ya que “sabe que no puede gobernar sin Vox”, que es quien le “marca la agenda” en Castilla y León y en otros lugares. Díaz aseguraba que Feijóo “tiene un problema con la Constitución”, puesto que el “sistema parlamentario” obliga a llegar a acuerdos entre las formaciones políticas, y le reclamaba que, “si está propugnando un debate constitucional”, “lo diga claramente”.

Podemos, directamente, ha calificado a Feijóo de “analfabeto político y constitucional”, acusándole de no conocer “cómo funciona nuestro sistema”. A juicio de María Teresa Pérez, coportavoz del partido morado, esta propuesta responde únicamente al “deseo del bloque de poder” de expulsar a su formación del Ejecutivo, para “volver al bipartidismo”. “Feijóo planea subvertir la Constitución por la puerta de atrás”.

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La iniciativa para que gobierne la lista más votada es una propuesta que Feijóo defiende a título personal y que genera cierto malestar en algunos territorios del PP, que ven difícil llegar a gobernar en territorios como Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana sin una suma con Vox. La primera en desdeñar públicamente el plan de Feijóo ha sido Isabel Díaz Ayuso, que ha dado prácticamente por muerta la iniciativa por la negativa del PSOE a implantarla, y ha asegurado en una entrevista matutina que ella no ve "mal" que no gobierne la lista más votada. La dirigente ha planteado, incluso, una alternativa al plan de Génova: estudiar un sistema de doble vuelta para que los votantes elijan entre los dos candidatos más votados, con el mismo objetivo de reducir la influencia de las minorías.