Feijóo engordará su programa económico con una reforma laboral, fiscal y administrativa

El Partido Popular está convencido de que 2023 terminará con un cambio de inquilino en la Moncloa. El año acaba de arrancar y el partido ha activado ya el modo electoral volviendo a la batalla económica, la punta de lanza contra el Ejecutivo a la que Alberto Núñez Feijóo fía un cambio de ciclo. Más allá de las propuestas sobre las que ha asentado su "alternativa" a Pedro Sánchez en los últimos meses, la formación ha comenzado a confeccionar no solo un programa electoral, sino un proyecto de gobierno. Junto a su equipo económico, el jefe de la oposición trabaja en profundas reformas estructurales que guiarían sus primeros meses al frente del país y que vendrían a desmontar gran parte de la agenda legislativa en que han trabajado PSOE y Podemos en los últimos cuatro años.

Junto a sus colaboradores de Génova y con el asesoramiento externo de exministros, exsecretarios de Estado o altos directivos empresariales —con los que el gallego tiene también línea directa—, Feijóo prepara una nueva legislación laboral que introduzca cambios en la reforma vigente, impulsada por Yolanda Díaz y aprobada por la mínima en el Congreso el pasado mes de febrero, cuando la ya conocida equivocación del diputado popular Alberto Casero inclinó la balanza a favor del Gobierno. Entre otros puntos, la nueva dirección apuesta por recuperar la mochila austríaca para garantizar "un empleo de calidad y sostenido", cuya implantación defienden instituciones como el Banco de España para combatir la temporalidad.

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Para el PP, la reforma del Gobierno solo contribuye a "maquillar" la realidad basándose en la "falsa premisa" de los fijos discontinuos, es decir, contratos indefinidos pensados para puestos de trabajo estacionales que se han disparado tras la aprobación de la nueva legislación laboral de Yolanda Díaz y que, a juicio de los populares, "tapan" las cifras de paro real en España y distorsionan en términos estadísticos la caída real de la temporalidad.

El fichaje de Javier Thibault para el equipo económico que comanda Juan Bravo es una prueba de que el PP utilizará el terreno laboral para confrontar con el Gobierno. El director general de Empleo durante la era de Mariano Rajoy en el Ejecutivo impulsó junto a Fátima Báñez la reforma laboral de 2012 y dirigirá ahora la estrategia de Feijóo en este terreno. Thibault está al frente de un equipo compuesto por Rocío Blanco, exconsejera de Empleo de la Junta de Andalucía —cartera a la que accedió desde Ciudadanos— y que ejerce como responsable de Trabajo en Génova, o Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social entre 2011 y 2018, que desempeña las tareas relacionadas con el diálogo social.

El equipo lo completan Ángel Jurado (autónomos) y Rocío Divar (pensiones). Precisamente, otra de las grandes promesas de Feijóo pasa por impulsar una reforma del sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad con base en los márgenes comprometidos con la Unión Europea, un modelo que, al menos de momento, el PP no concreta.

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Una eventual reforma fiscal basada en bajos impuestos es otra de las piedras angulares que sostendrán el futuro programa económico de Núñez Feijóo. Desde que accedió a Génova, el líder del PP ha puesto la rebaja de impuestos en el centro de su oposición al "populismo fiscal" de Sánchez, empezando por la deflactación de la tarifa del IRPF para rentas medias y bajas. El PP se propone también recortar el impuesto de sociedades, rebajar la tributación por módulos a sectores afectados por la crisis, como el transporte y la industria, o eliminar gran parte de la agenda impositiva del actual Ejecutivo, como el gravamen a grandes fortunas; el que grava los beneficios extraordinarios de las empresas, o el impuesto al plástico.

El primer partido de la oposición se jacta de que, en los últimos meses, el Gobierno ha pasado de "despreciar" a "copiar" el plan fiscal de Feijóo, empezando por la propuesta de rebajar el IVA de la factura eléctrica o la apuesta por bajar el impuesto indirecto de alimentos básicos de la cesta de la compra. No en vano, el PP está dispuesto a no obstaculizar el último decreto anticrisis del Ejecutivo porque sería "oponernos a nuestras propias medidas", pero exige ampliar el paquete de ayudas, incluyendo la rebaja del IVA a alimentos como la carne, el pescado o las conservas —que se han quedado fuera del programa de Sánchez— o implementando alivios fiscales adicionales para las rentas más bajas.

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Otro de los grandes proyectos en que trabaja el equipo económico de Feijóo es el de una "profunda reforma" de la Administración para la "simplificación de trabas burocráticas", un proceso especialmente arduo que serviría de continuidad al que ya inició —y no completó— Mariano Rajoy a través de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

Entre la lista de grandes tareas pendientes en el terreno económico, se encuentra también la reforma del sistema de financiación autonómica, un asunto especialmente espinoso que el Gobierno de Sánchez se comprometió a modificar, pero sin éxito. Las siglas no importan en una guerra que enfrenta a barones autonómicos, tanto dentro del PSOE como del PP. La negativa del Ejecutivo a agitar ese avispero obligará a Feijóo, en caso de llegar a la Moncloa, a abrir un melón que podría poner en jaque la estabilidad interna del partido. En materia de financiación, el líder gallego siempre ha defendido una postura que choca con la defendida por Andalucía, pero su nueva condición de presidente nacional del PP le obligará a hacer equilibrios para contentar a todos sus barones y cerrar heridas internas.