El juzgado del 'Delcygate' conserva bajo llave las imágenes de Ábalos en Barajas

Las imágenes inéditas del encuentro entre el exministro socialista José Luis Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, nunca llegaron a ser destruidas, a pesar del carpetazo a la causa. Los vídeos que captaron las cámaras del aeropuerto de Barajas la noche del 19 al 20 de enero de hace ahora tres años siguen bajo custodia del Juzgado de Instrucción número 31, según informan a El Confidencial fuentes del caso. El motivo es que se consideran pieza de convicción y el sobreseimiento que se dictó fue provisional. Hay que esperar a que el sobreseimiento sea libre o prescriba el delito para poder destruirlos definitivamente.

Nunca nadie vio los vídeos, ni siquiera el juez antes de archivar el caso en noviembre de 2020. Este juzgado madrileño asumió la competencia para analizar la actuación de los funcionarios policiales que permitieron pernoctar en España a la número dos de Nicolás Maduro, pese a que la Unión Europea le había prohibido el acceso al territorio Schengen porque su país no respeta los derechos humanos. Lo relativo a Ábalos se estudió en el Tribunal Supremo, debido a su condición de aforado como ministro y diputado. El alto tribunal también archivó los hechos, al no apreciar delito penal, aunque dio por probado —sin ver los vídeos tampoco— que la mandataria bolivariana sí pisó suelo español y negó que el aeropuerto sea zona de tránsito.

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Las acusaciones que concurrieron en este caso siempre otorgaron una especial relevancia a las imágenes para resolver las incógnitas que rodearon la reunión nocturna que el Gobierno trató de ocultar. La duración exacta del encuentro en el interior del avión, el lote y recorrido de las maletas que acompañaban a la delegación venezolana o los controles a que fueron sometidos durante su estancia en Madrid son algunos de los aspectos que se perdieron en el cúmulo de explicaciones que ofreció el ministro. Por parte de Venezuela, en cambio, optaron por guardar silencio. Delcy Rodríguez voló a la mañana siguiente destino Doha tras pasar la noche en una sala vip de la terminal de vuelos privados.

Sin autorización para verlos

La posible respuesta a todos esos secretos permanece en un cajón del enorme edificio que alberga los juzgados de primera instancia de Madrid, en la plaza de Castilla de la capital. Nadie tiene autorización para ver los vídeos si no es por medio de una resolución judicial, que en este momento se atisba improbable. Solo la Fiscalía y Vox son parte acusatoria en este procedimiento. El ministerio público pidió el archivo y es difícil que tanto tiempo después vayan a aparecer nuevos indicios que provoquen una petición de reapertura de la causa, según creen las mismas fuentes consultadas. La situación, por tanto, se encuentra encallada y los vídeos, condenados a permanecer mucho tiempo en el cajón.

La legislación en materia de protección de datos obliga a destruir las imágenes que captan las cámaras de videovigilancia pasado un plazo de tiempo. La primera decisión sobre custodiar los vídeos del llamado Delcygate se tomó apenas unos días después de los hechos. La unidad adscrita a los juzgados de la Policía dio instrucciones a AENA para que preservara las imágenes al formar parte de una investigación judicial. Qué hacer con los vídeos fue motivo de consulta por parte del juzgado madrileño, que preguntó al Tribunal Supremo. El alto tribunal contestó que no era su competencia y la decisión volvió al magistrado.

Las imágenes se reclamaron en varias ocasiones por medio del Portal de Transparencia una vez archivado el caso. El Gobierno se negó a hacerlas públicas apelando al riesgo de facilitar detalles sobre el aeropuerto a grupos terroristas o para no enturbiar las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela. El partido Vox, personado en la causa, recurrió el archivo ante el Tribunal Constitucional, donde ni siquiera se admitió a trámite. En consecuencia, en abril de 2022, el juez de Instrucción número 31 de Madrid levantó la obligación a AENA de preservar los vídeos.

Las piezas de convicción

Sin embargo, según informan ahora fuentes jurídicas, desde el juzgado se procedió a pedir las cintas y declararlas pieza de convicción bajo su custodia. Desde entonces, nadie las ha visto y se desconoce su contenido. La causa que se instruyó en los juzgados madrileños acusaba a los funcionarios por prevaricación y desobediencia. El artículo 404 del Código Penal castiga la prevaricación de funcionario público con hasta 15 años de inhabilitación. La ley marca que 15 años es también el plazo para la prescripción del delito.

La pieza de convicción son los objetos que puedan tener alguna relación con el delito y que hayan sido incautados en el marco de la investigación. Es más habitual en las investigaciones sobre sucesos, cuando se guarda el arma de un crimen hallada en el lugar de los hechos hasta conocer la sentencia del caso. Su tratamiento está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Las piezas de convicción son relevantes, porque son irrepetibles y corresponden sin alteraciones al momento en que se cometieron los hechos investigados.