Es noticia
Moncloa cierra la crisis con Castilla y León, pero mantiene la vigilancia sobre su protocolo antiaborto
  1. España
"RECTIFICACIÓN" DEL PLAN ANTIABORTO

Moncloa cierra la crisis con Castilla y León, pero mantiene la vigilancia sobre su protocolo antiaborto

El Gobierno, sin embargo, no cierra una polémica con la que los socialistas buscan, en plena precampaña, estrechar el cerco contra Feijóo y denunciar las "amenazas" de las coaliciones de PP y Vox

Foto: El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), conversa con el vicepresidente de Vox, Juan García Gallardo (i). (EFE/Nacho Gallego)
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), conversa con el vicepresidente de Vox, Juan García Gallardo (i). (EFE/Nacho Gallego)

El Gobierno interpreta como una "rectificación oficial" de Castilla y León su respuesta al requerimiento de incompetencia por el plan antiaborto. El escrito trasladado en la tarde de ayer asegura que “no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno” y que “tampoco nada se ha transmitido posteriormente a los profesionales del sistema público sanitario de la Comunidad de Castilla y León al respecto, ni por escrito ni verbalmente”. Sin embargo, desde el Ejecutivo central siguen poniendo el foco en diversas declaraciones públicas de miembros del Gobierno regional para señalar contradicciones y mantener su sospecha de que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco podría contravenir la legislación vigente. De ahí que no se cierre la polémica pese al escrito oficial y se sigue alimentando el intercambio epistolar con advertencias.

Feijóo, por su parte, ha incidido este viernes desde la feria de Fitur en que "no hay conflicto" en Castilla y León, volviendo a la tesis de que el requerimiento del Gobierno no tenía consistencia alguna porque "no existe" ningún protocolo en la región que entre en conflicto con la legislación nacional sobre el aborto. "Nunca vamos a coaccionar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo en España, siempre que se respete la legislación de nuestro país", reiteraba el líder popular, que trata de revertir la estrategia de desgaste del Gobierno poniendo el foco en la "chapuza jurídica" de la ley del solo sí es sí.

Foto: Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. (EFE/Nacho Gallego)

Tras el envío de una carta por parte de Sanidad tras el anuncio de la implantación de estas medidas el pasado jueves, a la que siguió un requerimiento de información y, finalmente, otro de incompetencia, ahora será el titular del Ministerio de la Presidencia, Félix Bolaños, quien se dirigirá a la Junta de Castilla y León mediante otra misiva de advertencia. En ella se recordará, según han trasladado desde la Moncloa, que "resulta contrario a la legalidad vigente y a nuestro orden constitucional de distribución de competencias que una comunidad autónoma adopte cualquier medida encaminada a obligar, indicar, ofrecer, recomendar o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir su embarazo, o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término, la utilización de cualquier tipo de prueba ecográfica (como la Eco Doppler) fuera de las indicaciones avaladas por la evidencia científica y recogidas en las guías de práctica clínica".

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d). (EFE/Chema Moya)

El Gobierno considera que el Ejecutivo autonómico ha acatado formalmente el requerimiento realizado por haberse abstenido esa comunidad autónoma de "adoptar y aplicar, o por haber dejado sin efecto, aquellas actuaciones materiales, protocolos, acuerdos, instrumentos o comunicaciones que, invadiendo las competencias estatales, incumplieran la normativa estatal y menoscabaran los derechos de las mujeres protegidos por nuestro ordenamiento jurídico". Pese a ello, siguen reservándose acciones legales con base en la comparecencia tras el Consejo de Gobierno regional de este jueves, en las que el portavoz del Ejecutivo autonómico, según lo entienden desde la Moncloa, "expresó ante los medios que las nuevas medidas de atención a embarazadas anunciadas en la rueda de prensa de 12 de enero —ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal en las primeras semanas y hacerse una ecografía 4D— seguían adelante".

Desde la Moncloa, que siguen monitorizando al milímetro los pasos del Gobierno de Mañueco y las declaraciones públicas de sus miembros, aluden a unas palabras del portavoz en las que, según la cita textual que recogen, habría reconocido que se trata de una “mejora de las prestaciones en el ámbito sanitario” y que la nota de prensa que aún está publicada en la web oficial de la Junta tras el consejo de gobierno del 12 de enero “sigue vigente”. Es decir, según concluyen en el Gobierno central, "el Gobierno autonómico de Castilla y León mantiene su intención de ir más allá de lo que establece la ley orgánica de 2010, en evidente contradicción con el contenido de la documentación oficial remitida".

Foto: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (i), y el presidente de Vox, Santiago Abascal (c). (EFE/Rodrigo Jiménez)

El Gobierno no da por cerrada una polémica con la que los socialistas buscan, en plena precampaña, estrechar el cerco contra Feijóo y denunciar que sus acuerdos de gobierno con Vox amenazan la conquista de derechos. Es por ello por lo que, a través de un comunicado, avanzan que "el Gobierno de España actuará, como hasta la fecha, en defensa de sus propias competencias y del ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las mujeres castellanoleonesas" y que se reserva la posibilidad de "emprender cuantas acciones legales resulten oportunas".

Los socialistas están poniendo en el centro de su estrategia de precampaña el miedo a Vox y sus pactos con el PP. Un mensaje que viene repitiéndose durante los últimos meses tanto desde Ferraz como desde el Gobierno, con la polémica sobre el aborto en Castilla y León condicionando tanto los mensajes de los socialistas como la agenda de la Moncloa.

El recurso del miedo a Vox fue una estrategia sobre la que los socialistas ya hicieron autocrítica tras la campaña en Andalucía, al tener un efecto limitado en la movilización de su electorado y acabar incluso favoreciendo el voto útil a los populares. En el comité electoral del partido, argumentan ahora que, de cara a este ciclo electoral, están en juego "variables diferentes" a las que concurrían en las elecciones andaluzas, poniendo el foco en intentar desacreditar a Alberto Núñez Feijóo. Esto es, en contradecir su perfil de moderación y hombre de Estado, así como destacar su supuesta falta de solvencia y autonomía. "Es rehén de Vox", subrayaban ayer en el cuartel general de los socialistas.

El presidente del Gobierno también aprovechaba su intervención abierta en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos el pasado martes para alertar sobre la "amenaza" para la democracia y los valores europeos de las formaciones de ultraderecha, "especialmente donde estas fuerzas tienen el apoyo de los partidos conservadores". Aunque se resistió a poner ejemplos concretos, como se le sugirió durante las preguntas tras su intervención este martes, dio a entender que España no es ajena a la amenaza a la que se refirió, respondiendo que "el principal riesgo es que los principales partidos conservadores le abran la puerta del Gobierno a los partidos de extrema derecha, algo que va diametralmente en contra de la Unión Europea".

El Gobierno interpreta como una "rectificación oficial" de Castilla y León su respuesta al requerimiento de incompetencia por el plan antiaborto. El escrito trasladado en la tarde de ayer asegura que “no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno” y que “tampoco nada se ha transmitido posteriormente a los profesionales del sistema público sanitario de la Comunidad de Castilla y León al respecto, ni por escrito ni verbalmente”. Sin embargo, desde el Ejecutivo central siguen poniendo el foco en diversas declaraciones públicas de miembros del Gobierno regional para señalar contradicciones y mantener su sospecha de que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco podría contravenir la legislación vigente. De ahí que no se cierre la polémica pese al escrito oficial y se sigue alimentando el intercambio epistolar con advertencias.

Castilla y León