CyL inadmite el requerimiento sobre el plan del aborto y el Gobierno le urge a contestar

La tormenta en Castilla y León se ha convertido en un tira y afloja entre PP, Vox y Gobierno. Este jueves, la Junta ha decidido inadmitir desde el punto de vista jurídico el requerimiento de incompetencia formulado por el Gobierno central sobre las medidas anunciadas por Juan García-Gallardo, vicepresidente regional, para evitar abortos en esta comunidad. En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en que se han visto las caras Fernández Mañueco y su vicepresidente después de varios días sin apenas contacto, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que la "inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento", ya que no existe protocolo alguno en Castilla y León que afecte en modo alguno a la ley del aborto.

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"Lo que queremos es plantear una mejora en la prestación hacia las mujeres embarazadas", ha subrayado el dirigente popular, en línea con la nota de prensa que publicó la Consejería de Sanidad hace ya una semana y que no hace alusión alguna a aquellas mujeres que declaren su intención de interrumpir su embarazo. La portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, ha pedido en paralelo "rigor" al Ejecutivo regional y lo ha urgido a contestar al requerimiento que le ha hecho sobre el protocolo de gestación, apuntando que no se puede "inadmitir", sino que hay que darle o no respuesta.

"Yo espero que, en aras de la relación leal y de cooperación que ha de existir entre las distintas administraciones, se hagan cargo de dar respuesta a ese requerimiento, que es un paso formal, y aclaren", porque hay "distintas versiones". La dirigente ha manifestado que está sucediendo lo que se denunció por parte del Gobierno central desde el primer momento, además de la "desazón y la incertidumbre" que esto generaba entre las mujeres y los profesionales sanitarios. "Algo aprobaron, entonces lo llamaron protocolo, ahora lo llaman instrucción, y no quieren dar cuenta de lo que es", según ha indicado la ministra portavoz, para quien el objetivo del PP era "contentar" a sus socios de Vox.

Desde el Partido Popular sostienen que la denuncia del Ejecutivo se basa en un protocolo "inexistente" y aborda un problema "que no existe" en Castilla y León, digan lo que digan sus socios de Vox en la región. Durante una intervención en la sede de Génova, el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, ha reiterado que lo importante es "hablar" y "dialogar" tanto con el Gobierno como con Vox, alejando así el riesgo de ruptura en la región. "Todos los gobiernos de coalición tienen sus tensiones", reconocía el dirigente.

No en vano, y como publicó El Confidencial este jueves, la tesis que se ha instalado en Génova es la de tratar de enfriar el asunto en Castilla y León para que no estalle una guerra en la coalición antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, en las que el PP está en disposición de arrebatar al PSOE algunos de sus feudos territoriales, un hito para el que necesita necesariamente el respaldo de Vox, según auguran las encuestas. Lo que sí descarta la dirección nacional es promover un adelanto electoral en la región, un escenario "descabellado" que, asumen, pasaría factura tanto a Alfonso Fernández Mañueco como al propio Feijóo.

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Una vez conocida la decisión de la Junta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido tras la celebración de la XXVII Cumbre Hispano-Francesa que Castilla y León deberá responder por escrito al requerimiento que le hizo el Ejecutivo, a la vez que ha avisado de que el Gobierno defenderá "con contundencia" su postura a favor de la igualdad de derechos en todos los territorios.

El jefe del Ejecutivo ha sostenido que no se trata de un debate jurídico técnico, sino que un requerimiento "se tiene que contestar y no se puede desestimar". "El Gobierno de Castillla y León sabe que tiene que responder al requerimiento", ha zanjado.

Vox se reafirma

Vox, por su parte, se reafirma en las palabras pronunciadas por su vicepresidente regional, Juan García-Gallardo, a pesar de que no existe ningún documento que aborde medidas para obligar a los sanitarios a ofrecer a las mujeres que deseen abortar escuchar el latido fetal o una ecografía en 4D, como se ha encargado de reiterar también Fernández Carriedo en rueda de prensa. "Yo confío en la seriedad y en la palabra del señor Mañueco, y espero seguir confiando en ella. Pero si no cumple lo que se ha acordado en otra ocasión, antes de pactar con el PP iremos a pedir el visto bueno al grupo Prisa o a Ferraz, porque parece que no tienen autonomía para pactar con Vox", se despachaba este jueves el líder de la formación, Santiago Abascal.

El líder de la formación ha alejado también la posibilidad de ruptura con el PP en Castilla y León, y se ha comprometido a realizar un "esfuerzo" para que ese Ejecutivo "se mantenga". Abascal ha lanzado una crítica directa a Feijóo, al que ha acusado de buscar una ruptura con Vox a cambio de lanzarse a los brazos de la izquierda. "Quieren repartirse España con el PSOE aplicando un cordón sanitario a Vox e impidiendo un pacto con nosotros", reaccionaba Abascal, haciendo alusión a la oferta de Feijóo para que gobierne la lista más votada.