El plan para sancionar insultos en el Congreso se estrella: sus señorías no quieren multas

Sus señorías coinciden en que la tensión y los insultos, en ocasiones, hacen irrespirable el aire del Congreso de los Diputados. Pero solo dos fuerzas políticas esbozan, sin concretarlas, fórmulas que puedan solucionarlo. El portavoz de los comunes y presidente del grupo Unidas Podemos, Jaume Asens, abogó el martes por una reforma del código ético, que ya regula aspectos como las incompatibilidades de los diputados, para introducir sanciones como "amonestación publica, multas o incluso suspensión temporal del ejercicio de la función parlamentaria", aplicables a aquellos que "insultan y humillan". Un saco en el que mete, fundamentalmente, a los 52 representantes de Vox. Los exabruptos de Carla Toscano a Irene Montero han desbordado el vaso de la paciencia de estas fuerzas y han obligado a la Presidencia a mover ficha, aunque para muchos su actuación sea insuficiente. El plan, sin embargo, no saldrá adelante: la mayoría no quiere multas.

Durante el martes, tras la retirada de la palabra a la diputada de Vox Patricia Rueda por usar el término "filoterroristas", el debate estuvo muy presente en la Cámara, como lo estuvo el miércoles con la acusación de Irene Montero al PP de fomentar "la cultura de la violación". Junto con los comunes, solo ERC se abrió a una reforma —cuya articulación no concretaron— que permitiría sancionar económicamente a los diputados. Joan Baldoví, de Compromís, asumió la opción de buscar nuevas fórmulas, pero sin avanzar escenarios. Y otras fuerzas, de Más País a Unidas Podemos, no solo no refrendaron esta vía —aunque, en el caso de UP, la propusiera el presidente de su grupo—, sino que abogaron por lo que el portavoz socialista, Patxi López, describió como "contención".

Es la misma palabra que usó la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que esgrimió el reglamento para alertar de que, a partir de ahora, endurecerá su aplicación. Batet, que ha mostrado esa determinación con sus advertencias durante las jornadas de pleno de esta semana, transmitió el mismo mensaje en la "bronca" o "regañina" que ya desgranó ante varios diputados en las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces. Ha prometido ser "más dura" y "más restrictiva", con un tono que varios parlamentarios han equiparado al que usa la profesora de un colegio para regañar a sus alumnos.

El problema para distintas fuerzas es que consideran que Batet ha sido equidistante y que ha rechazado sus intentos de responsabilizar a Vox de esta deriva. Un parlamentario llegaba a afirmar que ha sido igual de dura con los agresores y los agredidos, eso que López describió, a su manera, como una regañina "un poco a todos, con razón", mientras el partido de Santiago Abascal echaba balones fuera.

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"Vox vive en otro mundo", reconocía el portavoz socialista, insistiendo en que la cuestión está más en el autocontrol que en "reformar códigos éticos", en línea similar a la reflexión genérica que hacía Cuca Gamarra, portavoz del PP. Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, se mostraba dispuesto a firmar un "compromiso político", que tampoco parece fácil de acordar, visto cómo quedó congelado el escrito que la semana pasada quiso impulsar Unidas Podemos contra la "violencia política" en el Congreso. Finalmente, tuvieron que conformarse con una foto.

Hubo diputados que consideraron contraproducente la vía de las sanciones. Es el caso de Íñigo Errejón, que abiertamente rechazó dotar de más herramientas a la Presidencia, alertando de que esto daría al partido de Abascal un mayor "protagonismo", en un momento en que "la ultraderecha está de capa caída". Es precisamente ese protagonismo el que le concedieron con la retirada de la palabra a Rueda, seguido por el inmediato abandono de la Cámara por parte de todo su grupo, como gesto de protesta, para volver minutos después.

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De hecho, el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ostentaba la Presidencia entonces, como también lo hacía cuando Vox arremetió contra Montero, y es criticado por ambas actuaciones. Unos censuran que no actuase con más contundencia ante los insultos a la ministra, y otros le afean que se pasara de frenada con Vox por usar la palabra filoetarras. Un término que Batet sí permitió utilizar solo un día después. Por lo pronto, los 52 diputados de este partido han decidido abandonar el hemiciclo cada vez que Gómez de Celis ejerce la Presidencia en sustitución de Batet, por lo que en la jornada de este miércoles se les vio subir y bajar de sus escaños, en fila, en más de una ocasión.

Excluyendo al partido de Abascal de la ecuación, sí hay un diagnóstico generalizado. De izquierda a derecha, fuera de cámara y con mayor o menor vehemencia, todas las fuerzas coinciden en señalar a Vox como máximo responsable de este clima. Todas mostraron su apoyo a Irene Montero tras los insultos de Carla Toscano, pero casi nadie está dispuesto a moverse para imponer sanciones económicas. Ni para buscar alternativas.

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Hay parlamentarios que se refieren a las carencias del reglamento, que interpretan desfasado para una Cámara como la actual, por la actual correlación de fuerzas y por las dinámicas entre las mismas, así como por la decisión de algunos partidos de usar el Congreso como una suerte de plató en el que grabar vídeos para sus redes sociales. Estrictamente hablando, el artículo 99 del reglamento permitiría actuar sobre las remuneraciones de los diputados en algunos supuestos, entre los que no se incluyen las faltas de respeto o decoro, y sí el quebrantamiento del deber de secreto o la "reiterada o notoria" ausencia voluntaria a las sesiones del pleno o las comisiones.

El artículo 101, a su vez, permite suspender temporalmente la condición de diputado "por razón de disciplina parlamentaria" en algunos supuestos: lo contempla para los casos en que, tras haber sido expulsado del hemiciclo, un parlamentario se niegue a abandonarlo, pero también en el supuesto de "portar armas dentro del recinto parlamentario".

Los artículos del 102 al 104 recogen las figuras de las llamadas a la cuestión y al orden, y permiten a la Presidencia retirarle la palabra y hasta prohibirle asistir al siguiente pleno. La retirada de palabra es la fórmula empleada contra Rueda, pero no es habitual que se use, y hasta ha habido algún caso —también con Vox— en que el diputado ha obviado la orden de la Mesa, permaneciendo en el pleno. De momento, Batet ha multiplicado sus llamadas al silencio y sus advertencias a los grupos. Casi nadie se atreverá a ir más allá.