El Supremo urge a la jueza a decidir sobre la protección que pide la pareja del diputado de IU

El magistrado del Tribunal Supremo Javier Hernández ha reclamado al Juzgado de Instrucción número 1 de Écija (Sevilla) que decida, "a la mayor brevedad", sobre la solicitud de la expareja del diputado del grupo de Unidas Podemos Miguel Ángel Bustamante Martín de que se dicte para ella una orden de protección respecto al parlamentario, al que ha denunciado por malos tratos físicos, coacciones, amenazas, revelación de secretos y agresiones a uno de sus hijos.

Izquierda Unida ya anunció el viernes que suspendía la militancia a Bustamante, hasta ahora secretario político del Partido Comunista en Sevilla. Este mismo lunes, él también ha informado de que renuncia al acta de diputado: "Tras comprobar que existe una demanda interpuesta contra mi persona que afecta a cuestiones de mi vida personal y cumpliendo con lo que dictaminan los estatutos de IU, fuerza política por la que fui elegido diputado al Congreso, anuncio mi renuncia al acta", ha escrito en redes sociales. "Reitero mi inocencia y que todas las acusaciones son falsas".

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La expareja solicita protección

Según advierte el magistrado Javier Hernández en la providencia dictada este lunes, el Supremo todavía debe decidir si tiene competencia para asumir la causa, pero hasta entonces, es la jueza instructora quien tiene que responder a la solicitud de su expareja de que se dicte una orden de protección: "Hasta que este Tribunal Supremo asuma, en su caso, la competencia, sigue siendo competente", explica. "Remítanse de nuevo al Juzgado de Écija las actuaciones por el conducto más rápido posible, adelantando por correo electrónico testimonio de estas".

El pasado viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya informó de que el procedimiento parte de un atestado policial que recoge la denuncia de la mujer y que, dada la condición de aforado del diputado en el Congreso, la jueza de Écija dio traslado a la Fiscalía para que informara sobre la competencia objetiva para investigar los hechos. Tras revisar la denuncia, el Ministerio Público se mostró a favor de dar traslado al alto tribunal, pero la jueza no emitió una exposición razonada al Supremo justificando los motivos por los que el diputado debe ser investigado, sino que se limitó a dictar un auto acordando su inhibición.

"Pese a que la remisión no ha venido precedida de la correspondiente memoria expositiva, sin que quepa una suerte de remisión inhibitoria directa del órgano de instancia al Tribunal Supremo, atendido el objeto del proceso y los concurrentes deberes de especial celeridad que se derivan del mismo, dese traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la competencia de este Tribunal Supremo para, en su caso, conocer de la causa", acuerda el magistrado Hernández en la resolución de este lunes.

De esta manera, el Supremo trata de solventar el hecho de que el juzgado de Écija no le enviara una exposición razonada, pero hasta que la Fiscalía no se pronuncie sobre la competencia y el magistrado tome una decisión, urge a la instructora a responder a la petición de una orden de protección para la presunta víctima. La renuncia al acta, de hecho, dejaría al Supremo sin competencia para investigarle, por lo que todo apunta a que la causa terminará por quedar en manos de la jueza de Écija.