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Trabajo valora adaptar la subida del SMI a la inflación pese al rechazo de la patronal
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BUSCAN SITUARLO EN 1.100 EUROS

Trabajo valora adaptar la subida del SMI a la inflación pese al rechazo de la patronal

La premisa es que la pérdida de poder adquisitivo por el alza de los precios debe corregirse con las revisiones salariales, al igual que las pensiones. El ministerio, a la espera del informe de los expertos, evita dar cifras

Foto: La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (EFE/Fernando Alvarado)
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (EFE/Fernando Alvarado)
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El Gobierno de coalición fijó la senda de crecimiento del salario mínimo interprofesional (SMI) para el final de la legislatura en una horquilla entre 1.012 y 1.049 euros, en 14 pagas. Lo correspondiente al 60% del salario medio, según las recomendaciones de la comisión asesora de Trabajo y como recoge el acuerdo programático entre PSOE y Unidas Podemos. Ahora, debido a la inflación, se apuesta por incrementar la cifra prevista y tanto sindicatos como la formación morada han demandado llevarlo hasta los 1.100 euros en enero de 2023. Desde la CEOE, que ya se descolgó del acuerdo para la última subida a 1.000 euros, lo rechazan.

El departamento que dirige Yolanda Díaz se abre a estudiar esta revisión para evitar la pérdida de poder adquisitivo, aunque fuentes del ministerio lo vinculan a las conclusiones del nuevo cálculo encargado a los expertos y evitan referirse a cifras. Según la vicepresidenta segunda, se incrementará "de forma extensa" teniendo en cuenta el impacto de la inflación.

Foto: Yolanda Díaz se reúne con responsables de la Asamblea Ciudadana por el Clima. (EFE/Luca Piergiovanni)

La previsión es que el informe que guiará la subida para 2023 se traslade en las próximas semanas y se pueda convocar la mesa de diálogo social en noviembre, sin certezas de que se sienten los representantes de los empresarios. El objetivo es aprobar la nueva subida antes de que finalice el año para que entre en vigor el 1 de enero.

La propia Díaz ya ha ido dando pistas de su predisposición a adaptar la subida prevista para compensar la actual coyuntura económica, como recoge el Estatuto de los Trabajadores, mientras que desde el grupo parlamentario morado, del que forma parte, apuntan a un "mínimo" de 1.100 euros en una iniciativa registrada la pasada semana en el Congreso, en línea con lo demandado por los sindicatos. Se trataría de un incremento del 10% respecto a la actual cuantía del SMI, situado en 1.000 euros.

El acuerdo de gobierno también recoge como elementos a tener en cuenta para determinar el incremento del salario mínimo el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Además, desde Trabajo se argumenta que el millón y medio de trabajadores que perciben el SMI, precisamente, no están en su mayoría sujetos a convenio, por lo que son los más afectados por el incremento del IPC. La premisa es que la pérdida de poder adquisitivo por el alza de los precios debe corregirse con las revisiones salariales, al igual que las pensiones.

Foto: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, conversa con el titular de la cartera de Agricultura, Luis Planas. (EFE/Mariscal) Opinión
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La inflación se situó el último mes en el 8,9% y se espera que se siga moderando de cara a finales de año, alejándose de los dos dígitos. La subida prevista para las pensiones y prestaciones como el ingreso mínimo vital es del 8,5%, por lo que, a la espera de conocerse la cifra del IPC medio anual, la cuantía propuesta por los morados es superior. En el caso de los sueldos públicos, el incremento salarial fijo durante el periodo 2022-2024 es de un porcentaje fijo del 8%, que se puede incrementar hasta un máximo de un 9,5%.

En el Ministerio de Trabajo se apuesta por el diálogo social, aunque la subida se realizará con o sin acuerdo, al tratarse de una prerrogativa del Gobierno, que solo está obligado por ley a realizar una consulta previa entre las organizaciones sindicales y patronales más representativas. Con todo, el diálogo social saldría resentido de adoptarse una decisión unilateral cuando desde el Ejecutivo siguen tratando de que se impulse un pacto de rentas.

La CEOE ya ha mostrado sus recelos, al entender que no es el momento de abordar el debate sobre la subida del SMI, que además enturbiaría la negociación colectiva. Los sindicatos, por su parte, han lanzado un calendario de movilizaciones que concluirá con una manifestación en Madrid el próximo 3 de noviembre para forzar la revisión de los convenios colectivos que quedan por negociar con subidas salariales de cara a los próximos tres años. En la última concentración celebrada frente a la sede de la patronal, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, alentó la disyuntiva de "negociación o conflicto" y volvió a subrayar la necesidad de aumentar el SMI hasta los 1.100 euros.

El Gobierno de coalición fijó la senda de crecimiento del salario mínimo interprofesional (SMI) para el final de la legislatura en una horquilla entre 1.012 y 1.049 euros, en 14 pagas. Lo correspondiente al 60% del salario medio, según las recomendaciones de la comisión asesora de Trabajo y como recoge el acuerdo programático entre PSOE y Unidas Podemos. Ahora, debido a la inflación, se apuesta por incrementar la cifra prevista y tanto sindicatos como la formación morada han demandado llevarlo hasta los 1.100 euros en enero de 2023. Desde la CEOE, que ya se descolgó del acuerdo para la última subida a 1.000 euros, lo rechazan.

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