El Gobierno y el PP aceleran la negociación y acercan el pacto sobre el CGPJ

El Gobierno y el Partido Popular han apretado el acelerador hasta el punto de que el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parece, hoy, mucho más cercano. Fuentes conocedoras de las conversaciones, abiertas a principios de esta semana, aseguran que la negociación va camino de cristalizar en un compromiso de máximos sobre el procedimiento de elección del nuevo CGPJ. Por primera vez en años, no se ha partido de un intercambio de listas de los candidatos de una y otra parte. Socialistas y populares están tratando de establecer las bases para el nombramiento y para el desempeño futuro del órgano de gobierno de los jueces. Serán el Congreso y el Senado los que 'rematen' las designaciones con la única premisa pactada de que los futuribles que se sometan a votación deberán cumplir unos criterios mínimos de idoneidad por currículo y desvinculación de la esfera política. "Hay avances", resumen.

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El acercamiento se ha logrado gracias a la unión de dos factores. Por una parte, la dimisión del presidente Carlos Lesmes, que empujó a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo a romper la barrera que les separaba. Por otra, tanto el PP como el PSOE han sido conscientes de que el éxito dependía de la flexibilidad y, por ello, se han alejado de vetos y prohibiciones, acercando posiciones a una velocidad que parecía impensable hace muy poco. Lo imposible durante casi cuatro años se ha solventado en su casi totalidad en cuestión de días. Ahora quedan los flecos.

El mejor ejemplo es la forma en que se ha gestionado el punto más delicado de la negociación. La polémica reforma del sistema de elección de los jueces, rechazada por los socialistas y exigida por los populares, quedará a medio camino de las posturas de ambos. El PP ha suavizado su posición de máximos y vincula el acuerdo a que el Ejecutivo acepte por escrito que el nuevo CGPJ emita un informe con una propuesta técnica dirigida a dar más peso a la magistratura en la selección de los 12 representantes del órgano pertenecientes a la judicatura. Y el Gobierno estudia aceptar esa iniciativa. De hecho, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado este viernes que están negociando por escrito. La exigencia de Europa, transmitida por el comisario de Justicia, Didiers Reynders, es que esté cerrada en seis meses.

Importante señalar que el criterio que defina la nueva cúpula judicial sobre el método de elección no es en ningún caso vinculante y podrá someterse a variaciones. En el PP dan por hecho que el Gobierno no abordará la modificación legislativa, por lo que Feijóo ha comenzado a allanar el terreno comprometiéndose a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial si logra llegar a la Moncloa. Génova está dispuesta a ceder en pos de un acuerdo del que también se puede anotar unos tantos, ya que exigirá incluir elementos que garanticen la eliminación de las puertas giratorias o estipulen "criterios de idoneidad" que impidan recalar en el Poder Judicial a cargos vinculados con la política.

En la búsqueda de esa "despolitización" de la Justicia, los de Feijóo venden también como un éxito haber arrancado al Gobierno el compromiso para reforzar las mayorías en el seno del CGPJ, de modo que todas las decisiones y nombramientos del órgano tengan que ser aprobadas por tres quintas partes del Consejo. Hasta ahora, la mayoría reforzada solo aplicaba para contadas excepciones, con lo que "pierde peso la ideología" en la toma de decisiones y se potencia la "búsqueda de consensos", según celebran en el PP. De aprobarse el cambio de mayorías, el nuevo CGPJ tendría que aprobar por al menos 13 votos de 21 el mencionado informe con la propuesta de reforma del sistema de elección.

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La segunda de las tensiones que provocaron en el pasado el naufragio de la negociación, aún en la etapa de Casado, también parece despejada. En el año 2021, la introducción por parte de Podemos de la exigencia de que el juez José Ricardo de Prada fuera uno de los seleccionados dio al traste con un acuerdo que entonces estaba ya casi cerrado. Ahora, los equipos negociadores han partido de una discusión en la que se ha huido de nombres e identidades, con una única exigencia. Todos los elegidos deberán reunir condiciones adecuadas para el cargo. En el caso de aquellos que sean jueces, deberán ser seleccionados del listado de candidatos ya cerrado hace años, cuyo número se ha ido reduciendo por desistimiento o jubilación, hasta quedar activa una cuarentena. En el caso de los juristas, quedará patente su "reconocido prestigio", indican las fuentes consultadas.

El diálogo ha avanzado tanto que, al menos desde el mundo judicial, se espera un anuncio en los próximos días. Tanto en la Moncloa como en Génova han incrementado su optimismo en las últimas horas, pese al choque que escenificaron Sánchez y Feijóo durante la recepción real de este 12 de octubre, hasta el punto de señalar que en estos momentos existen posibilidades tangibles de llegar a un acuerdo y reconociendo la "voluntad real" de ambas partes.

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La máxima que se está siguiendo desde el entorno de los negociadores de Gobierno y PP, Félix Bolaños y Esteban González Pons respectivamente, es la discreción. La señal de que hay avances y de que el acuerdo, según ratificaban este mismo jueves fuentes del Ejecutivo, podría producirse "rápido". Eso sí, rechazan marcarse plazos temporales o situar como límite el próximo 18 de octubre, coincidiendo con el cara a cara que protagonizarán Sánchez y Feijóo en el Senado. Es más, algunas fuentes conocedoras de las negociaciones deslizan que podría producirse 'a posteriori'. Más allá de la redacción y contenido del acuerdo, de llegar a término, importa también medir los tiempos para comunicarlo.

"Estamos trabajando con discreción para proteger la posibilidad de que pueda haber acuerdo", insistían en el Gobierno. El objetivo, según añaden, es evitar las filtraciones o declaraciones "que puedan perjudicar". Pedro Sánchez y la portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra, no obstante, también amagaron con un nuevo choque este jueves en el Congreso. La cuestión del CGPJ, confirmaron fuentes socialistas, "va por otro carril" al de la habitual lucha parlamentaria.

Si el jefe del Ejecutivo cargó las tintas acusando al principal partido de la oposición de "negacionismo" por la falta de respaldo a sus iniciativas, Gamarra replicaba afeando a Sánchez que desempolvase "la lucha de clases" con el impuesto a las grandes fortunas. Desde el Gobierno han querido desvincular el encendido debate de este jueves en el Congreso de las negociaciones para desbloquear la renovación del órgano de poder de los jueces. "Hoy tocaba otro tema, que eran las medidas de protección a las clases medias y trabajadoras por las consecuencias económicas de la guerra, y es evidente que el PP no ofrece una alternativa y eso se ha reprochado", zanjan desde la Moncloa. Mientras se mostraban las diferencias con un tono encendido sobre la tribuna del Congreso, las negociaciones "discretas" entre PSOE y PP para cerrar un acuerdo que parece cercano continuaban a puerta cerrada.