La dimisión de Lesmes esta semana provocará "la descomposición" del CGPJ

Arranca este lunes la semana clave de la crisis judicial que se agudizó en septiembre. En realidad, se trata de dos crisis paralelas que han confluido en un único punto: el Consejo General del Poder Judicial. Por una parte, la falta de renovación del órgano desde hace tres años ha alcanzado un punto crítico con la amenaza de dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, si no se produce un avance inmediato. Por otra, la renovación de cuatro puestos del Tribunal Constitucional depende también del Consejo y ha tensado las costuras de la institución hasta el punto de la ruptura. Este cóctel explosivo reventará o se desactivará en los próximos días. Solo hay una certeza: las cosas no van a seguir igual.

Lesmes ha repetido a todos sus interlocutores que su promesa de abandonar el cargo no es un farol. Ha comunicado esta convicción a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, a los vocales en la última de las reuniones del pleno y al comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, con el que se reunió este viernes. Ese paso tendrá consecuencias en los dos cabos de la crisis. Numerosas fuentes jurídicas consultadas coinciden en señalar que provocará de forma inevitable "una descomposición" total del actual Consejo, que no podrá sostenerse con su abandono. Sin Lesmes, el Consejo se desarmará y sin Consejo tampoco habrá decisión sobre el Tribunal Constitucional.

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¿Y por qué sin Lesmes, el actual Consejo, con un mandato prorrogado más allá de lo tolerable, desaparecerá? Las fuentes consultadas mencionan tres circunstancias que convertirán en algo casi imposible la continuidad. La primera: como ya adelantó este diario, la marcha de Lesmes no será un hecho aislado. Con él se marcharán otros vocales y varios cargos de su confianza. Los vocales que se queden tendrán que afrontar la presión social, política y de sus asociaciones, que les empujará también a marcharse. Hay algunos que pese a todo han comunicado su firme intención de permanecer en sus puestos, pero son los menos.

La segunda: sin árbitro, las actuales discrepancias se agudizarán. No solo las que están por venir, sino también las que ya se están cociendo. La primera que deberá abordarse es la sustitución del propio presidente y sirve como termómetro del desacuerdo casi ya endémico que sufre el órgano. Lesmes ha dejado elaborado un informe de su gabinete técnico en el que se recomienda entregar el mando de forma automática a una única persona: el actual presidente de la Sala Primera, Francisco Marín. El estudio se llevó la pasada semana al Consejo para su análisis. Los vocales se limitaron a indicar que lo tomarán en consideración, lo que no significa que lo acepten sin más. Es decir, el primer obstáculo será decidir quién les preside, si Marín o el vocal de más edad: Rafael Mozo. Y ni siquiera este paso será fácil.

La tercera es la postura del propio Gobierno y del PP. La mayoría de los vocales fueron designados hace casi nueve años a propuesta del PSOE y del PP. En este plazo tan largo de tiempo, su lealtad para con los partidos que les colocaron en sus puestos se ha ido diluyendo, aunque no del todo. Si al Gobierno o al PP les conviene que se marchen y les empujan a ello, tendrán que decidir entre acatar la instrucción o no hacerlo. El coste de una desobediencia es su futuro en la carrera judicial. Perder el apoyo de cara a futuras aspiraciones puede ser un precio demasiado alto para los que aspiran a determinados puestos.

El TC, muy lejos

Con este panorama, el de un Consejo dividido entre sobrevivir aún un poco más o desaparecer definitivamente, el objetivo de nombrar a dos magistrados para que pasen a formar parte del Constitucional se aleja a pasos agigantados. De hecho, la persona que más empeño ha puesto en conseguir que se hicieran esas designaciones es precisamente la que se va. Lesmes quería tratar de forzar la elección este mismo lunes con un pleno extraordinario que al final no se celebrará.

El pasado jueves, el Consejo no solo no avanzó en la renovación del TC, sino que se abrió un escenario que dilata aún más los tiempos. Los vocales acabaron una vez más sin proponer candidatos y acordaron retomar los contactos el 5 de octubre y, al mismo tiempo, fijar la celebración de otros dos posibles plenos: si hay acuerdo, la designación tendría lugar el día 6, pero si se mantiene el bloqueo, volverán a reunirse el 13.

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Como ya ha ido informando El Confidencial las últimas semanas, Lesmes se había fijado el 12 de octubre como fecha límite para cumplir su amenaza de dimisión. En caso de confirmarse su paso atrás, del que algunos sectores aún dudan, este se produciría, por tanto, si no hay avance alguno el miércoles 5.

La única posibilidad de que nada de esto suceda depende del Gobierno y del Partido Popular. Solo un anuncio público de que se reunirán para iniciar conversaciones serias para una renovación evitará la dimisión. Sobrevolando queda la visita de Reynders y la presión evidente de Europa, tanto para que lo hagan ya como para que inicien el camino para la reforma del sistema de elección.