La Moncloa no pactará un referéndum, pero resucitará el 'Estatut' que tumbó el TC

"Los votos favorables al 'Estatut' fueron 145.000 menos de los que obtuvo el sí a la independencia el pasado 1-O". La frase la pronunció el presidente fugado Carles Puigdemont cuando se dirigió al Parlamento catalán para valorar los resultados de referéndum ilegal y proclamar —por unos minutos— la declaración unilateral de independencia. Cinco años después, el guion sigue girando en los mismos ejes: urnas o competencias, pero los protagonistas interpretan un papel diferente. El proceso, que estaba llamado a llevar a los catalanes a la arcadia, acabó en el naufragio del soberanismo, como reconocen desde sus propias filas.

La condena por sedición, la inhabilitación para ocupar cargo público, el embargo de las cuentas y el paso por la cárcel han servido para que el líder de ERC, Oriol Junqueras, haya retornado a la senda que tradicionalmente habían recorrido los republicanos. En su entorno se descarta tajantemente un desafío al Estado como el que se perpetró en 2017. "La república catalana es irrenunciable" para Junqueras, pero la coletilla a este mensaje es que se votará a través de un acuerdo con el Estado.

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¿Están dispuestos en la Moncloa a aprobar un referéndum legal? La respuesta es no. Fuentes gubernamentales descartan cualquier votación sobre la independencia o el derecho a decidir que conlleve una reforma de la carta magna. La vía que están dispuestos a abrir es recuperar elementos del Estatuto que el Tribunal Constitucional tumbó. "Lo único que se puede votar es un acuerdo en forma de reforma estatutaria", insisten desde el Consejo de Ministros, donde asumen que incluso llegar a este punto sería "muy complicado", por lo que el plan pasa por ir dando más competencias a la Generalitat a través de leyes orgánicas que rescaten artículos que tumbó la Justicia.

El procedimiento de reforma estatutaria implica un acuerdo votado por 2/3 del Parlamento catalán, negociación en las Cortes Generales y posterior aprobación por mayoría absoluta antes de ser sometido a un plebiscito. "Mucho deberían cambiar las posiciones de parte de los independentistas y de la derecha española", argumentan desde el Ejecutivo, donde el marco pasa por "seguir el camino que marcó el propio Constitucional"; es decir, convertir en norma aspectos que revocaron porque eran "materia no propia de estatutos de autonomía".

Un ejemplo es la reclamación de un Consejo de Justicia Catalana al margen del CGPJ. Desde este posicionamiento se entiende la urgencia de la Moncloa de renovar a los magistrados cuyo mandato ha caducado en el tribunal de garantías y lograr una mayoría favorable a sus intereses. Pedro Sánchez solo podrá repetir como presidente reeditando el Frankenstein, y las futuras concesiones a los socios soberanistas pasan por neutralizar los posibles recursos que presente la oposición.

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Estos son los asuntos que se irán poniendo sobre la llamada mesa de diálogo que, con la votación de los presupuestos, se prevé que vuelva a ser un escenario de negociación. Desde ERC insisten en que, "tarde o temprano", lo que aquí se acuerde se acabará votando. "Pasará como con otras cosas que parecían imposibles", apostillan fuentes republicanas. De momento, la Moncloa ha agendado como próximo gesto la reforma del delito de sedición para rebajar las penas y favorecer a los cargos que están pendientes aún de ser procesados por el 1-O y la DUI. ERC lo ve insuficiente, pero no se van a mover del diálogo con el Gobierno.

Ya no importan los gritos de "traidores" de asociaciones como la Asamblea Nacional Catalana, ni cuántos órdagos están dispuestos a echar los socios de Junts en la Generalitat. "Resolveremos el conflicto votando sobre nuestro futuro", proclama un miembro de la cúpula de ERC para matizar a continuación que llegar a este escenario llevará tiempo y que, ineludiblemente, pasa por una mediación internacional. La baza de Europa sigue siendo una prioridad para los soberanistas, que se muestran convencidos de que, tanto a nivel judicial como político, acabarán bendiciendo sus reclamaciones.

Menos pacientes se muestran los de Puigdemont. La penúltima crisis en la Generalitat es fruto de la disputa por la hegemonía entre ERC y Junts del espacio soberanista. Es una cuestión de poder. Junts jalea la vuelta al desafío al Estado, más desde el electoralismo de cara a las municipales de 2023 que desde la convicción de que otro referéndum ilegal sea posible. El hecho de no estar en la mesa de diálogo por la negativa de ERC a incluirles les ha dejado como actores secundarios.

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El discurso de hoy choca frontalmente con las crónicas que se escribieron sobre aquella noche agónica en el Palau de la Generalitat, donde fue la presión de la dos de Junqueras, Marta Rovira, la que forzó a Puigdemont a rechazar la oferta de unas elecciones "constituyentes" que trasladó el Gobierno de Mariano Rajoy a cambio de no aplicar el artículo 155 e intervenir Cataluña. Entonces era el prófugo el que pedía minutos.

Sobre la mesa, el documento que se había mandado desde la Moncloa para rubricar el compromiso. El entonces jefe de Gabinete, Jorge Moragas, a la espera de una llamada que nunca llegó. Junqueras acorraló a Puigdemont que, en esas horas críticas, se inclinaba por dar marcha atrás y pactar una salida a lo que ya intuía como un abismo. El símil del choque de trenes se hizo realidad. "Menospreciamos el poder del Estado", se lamentan ahora los instigadores de la ruptura unilateral con España.

Quien lo volvería a hacer, pese a las críticas, fue el expresidente Rajoy. Los que compartieron aquellas jornadas con él reconocen "errores", pero el cómputo general es que, al final, el 155 y la actuación de la Justicia son los que han llevado a los líderes independentistas a "tentarse la ropa" antes de desafiar la legalidad. Con la perspectiva del tiempo, el expresidente reivindica su decisión frente a los que la cuestionan por exceso o por defecto de contundencia y pone en valor que lograse atraer al PSOE de Sánchez y al PSC. Hoy, los pactos PSOE-PP también son imposibles.