"Honda preocupación" del Supremo tras la ruptura de la negociación sobre el CGPJ

El último movimiento del Gobierno para forzar la renovación inmediata del Tribunal Constitucional y la paralización de las negociaciones con el PP para el recambio en otro órgano fundamental, el Consejo General del Poder Judicial, comienza a tener consecuencias. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha acordado este lunes transmitir al Congreso de los Diputados y el Senado "su honda preocupación" porque la falta de renovación del CGPJ está creando una situación que, de continuar, "será insostenible".

No es la primera vez que el TS realiza un llamamiento de socorro, pero cada vez los términos van siendo más desesperados. El alto tribunal recuerda ahora que la imposibilidad legal de efectuar nombramientos discrecionales está provocando un paulatino aumento de vacantes que no pueden ser cubiertas. Esto merma la capacidad del TS "de cumplir la función que la Constitución y las leyes le encomiendan y en no mucho tiempo supondrá dificultades extraordinarias para su funcionamiento", indica en esta última ocasión.

La iniciativa del PSOE ha dado al traste con los primeros pasos de la negociación emprendida con el nuevo PP para facilitar el recambio de otro órgano fundamental: el Consejo General del Poder Judicial. En el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo consideran que esta estrategia rompe cualquier posibilidad de acuerdo y "revienta" los primeros puentes que habían comenzado a tenderse y que abrían esperanzas para un acuerdo global en julio que desatascase un órgano en funciones desde hace tres años y medio.

En el primer partido de la oposición han recibido como una traición la nueva propuesta legislativa del Gobierno, que no conocían y que les tomó por sorpresa en la noche de este jueves. En la nueva reforma, el PSOE corrige otra de sus iniciativas legislativas anteriores con el único propósito de conseguir ya un vuelco en la mayoría del TC, que pasaría a contar con un mayor número de miembros progresistas.

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Iván Gil

En marzo de 2021, las Cámaras aprobaron una iniciativa del Ejecutivo destinada a maniatar al Consejo, en funciones desde hace años, y limitar al máximo su actividad. Entre esos límites se encontraba la prohibición de realizar nombramientos para el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y el Constitucional. La iniciativa fue entonces una forma de presionar al PP de Casado para obligarle a pactar la renovación. Un año largo después, esa modificación ya no le vale al PSOE porque frustra su opción de renovar el órgano que más le interesa: el TC. Por ello, la nueva proposición enmienda a la primera para permitir ahora al CGPJ realizar nombramientos, pero solo en lo que afecta al Constitucional.

El propósito de la reforma pasa por acelerar la llegada de un Constitucional progresista, un extremo que no hace sino acrecentar el malestar en Génova. El pasado 12 de junio entraron en funciones cuatro de sus miembros. Dos de sus sustitutos deben ser designados por el Ejecutivo y otros dos a propuesta del Consejo. Eliminada la traba legal para que este último nombrara, los socialistas se ahorran negociar con el PP para conseguir un pacto global y podrán forzar el cambio sin contar con el aval de los de Feijóo. Tres de los nuevos miembros del TC serán progresistas y el Gobierno dispondrá de un tribunal más afín que en la actualidad después de enfrentarse durante meses a enormes varapalos, como la inconstitucionalidad del estado de alarma. También habrá un presidente o presidenta progresista.

La iniciativa despeja el TC, pero atasca todo lo demás. El Consejo sigue sin renovarse, y la reforma del Gobierno no resuelve la imposibilidad del órgano de nombrar magistrados para el Tribunal Supremo o los tribunales superiores de Justicia, lo que agrava especialmente la situación de estos, que siguen contabilizando bajas por jubilación o fallecimiento que no se cubren.