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Paracaidistas de la política y usos partidistas del censo: de Olona al ex-Jemad de Podemos
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Paracaidistas de la política y usos partidistas del censo: de Olona al ex-Jemad de Podemos

La polémica sobre el empadronamiento de la candidata de Vox en Andalucía es el último ejemplo de una práctica bastante común en España. Expertos explican su encaje jurídico

Foto: Macarena Olona. (EFE/Miguel Osés)
Macarena Olona. (EFE/Miguel Osés)

La figura del político que cae en paracaídas sobre una circunscripción que le resulta casi desconocida es una constante en España. El caso de Macarena Olona, la aspirante de Vox en Andalucía, solo es un ejemplo más de los políticos cuneros que utilizan el censo con fines políticos. Olona se empadronó en el municipio granadino de Salobreña (12.500 habitantes) el 25 de noviembre de 2021 para concurrir a las elecciones andaluzas y lo hizo en el domicilio de su amigo y concejal de Vox, Manuel Martín, para cumplir con el requisito de la ley electoral andaluza. En concreto, el artículo 4.1, que obliga a los candidatos a tener vecindad administrativa en cualquiera de las localidades de la comunidad autónoma. El Ayuntamiento abrió un procedimiento al entender que no vivía allí, pero la Junta Electoral resolvió el pasado lunes a favor de su candidatura, sin entrar a valorar la residencia. Su caso no es ni mucho menos una excepción.

El político cunero está en todos los partidos, tanto de derechas como de izquierdas. "Los partidos lo usan como arma política, pero todos tienen a dirigentes paracaidistas", señala el politólogo Lluís Orriols, profesor de la Universidad Carlos III. María Teresa Fernández de la Vega, entonces vicepresidenta del Gobierno, se empadronó en el municipio valenciano de Beneixida semanas antes de encabezar las listas del PSOE por Valencia en las elecciones generales de 2008. En Podemos, aunque no hubo problemas con el censo, destaca el caso de Julio Rodríguez, el ex-Jemad, que se presentó por Almería, Zaragoza o Madrid en diferentes comicios.

En la derecha hay varios ejemplos. Por un lado, Toni Cantó y su salto en las elecciones del 4-M, hace poco más de un año. Dejó su cargo como diputado por Ciudadanos en las Cortes Valencianas para pasarse a las filas del PP madrileño, liderado por Isabel Díaz Ayuso. El actor, que residía en Valencia desde 2014, se empadronó a finales de marzo en la capital, sin tener en cuenta que los candidatos tenían que estar censados antes del 1 de enero del mismo año para ir en las listas. Al hacerlo entre el 22 y el 26 de marzo, el juzgado anuló su inclusión y no pudo concurrir.

Foto: Macarena Olona, en el Ayuntamiento de Salobreña. (Vox)

Otro precedente es el de Javier Maroto, exalcalde de Vitoria y entonces vicesecretario de Organización del PP. Maroto no consiguió representación por Álava tras los malos resultados de Pablo Casado en 2019, pero el partido le propuso una plaza como senador por Castilla y León, pese a no tener ningún tipo de vinculación. Como el único requisito para conseguir el escaño era estar empadronado en ella, se censó en Sotosalbos, un pueblo de Segovia de 112 habitantes, donde reside actualmente.

Carlos Fernández Esquer, profesor de Derecho de la UNED, explica que, jurídicamente, el supuesto de Cantó es el más controvertido, porque el actor maniobró después de que se convocaran las elecciones. El jurista recuerda que la Junta Electoral de Madrid que avaló la candidatura de Cantó entendió que bastaba con reunir los requisitos cuando se presentaran las candidaturas, algo que no aceptó posteriormente el Tribunal Constitucional. "El caso de Olona es distinto, tiene que ver con la condición material de residir realmente en Salobreña, ahí está la clave jurídica". El politólogo Lluís Orriols considera que se ha puesto el foco en Olona porque todo lo que tiene que ver con Vox genera polémica, pero insiste en que la figura del cunero no desgasta el sistema democrático: "Podemos reflexionar sobre si el empadronamiento debe ser más estricto, pero sabiendo que el actual diseño institucional garantiza de sobra los derechos políticos".

Orriols explica que existen iniciativas para cambiar el sistema electoral y hacer que el votante tenga más opciones que no pasan necesariamente por irse a un sistema uninominal donde se vota a un candidato con independencia del partido: "Un sistema donde las listas no estuvieran bloqueadas y el votante pudiera colocar a los políticos en el orden que le parezca mejor es una opción que no existe ahora mismo". Con las reglas actuales, la corrección de los datos de empadronamiento sigue siendo una cuestión de carácter administrativo, como recuerda Joaquim Bosch: "Puede haber debate, pero siempre debe resolverse en su propio ámbito, y no ha de afectar a la configuración del censo y a la posibilidad de presentar una candidatura, sea del espectro ideológico que sea".

Foto: Isabel Díaz Ayuso y Toni Cantó, durante la presentación de la campaña 'El sueño de Madrid'. (EFE/Víctor Casado)

Todas las leyes electorales autonómicas, no solo la de Andalucía, exigen vecindad. "El único requisito que necesitan los candidatos es estar empadronados en el lugar por el que quieran concurrir dos meses antes", apunta Fernández Esquer. El profesor de Derecho destaca que, en un sistema de listas cerradas, la gente vota a las siglas, no a candidatos concretos, por eso el debate no es tanto político como jurídico. "Lo que importa ahora es qué pasará si dentro de unos meses el Ayuntamiento de Salobreña le revoca el empadronamiento a Olona y eso le genera incompatibilidad", añade.

Hay distintas regulaciones autonómicas para determinar la vecindad administrativa, pero lo que tienen en común es la fijación de los requisitos para poder concurrir a las elecciones: "En nuestro país estas cuestiones se han visto afectadas por la enorme polarización partidista", resume el juez Joaquim Bosch. Miguel Presno Linera, catedrático de Derecho Constitucional, alude al sistema electoral: "En España las circunscripciones no son uninominales y los cargos políticos siempre han seguido una férrea disciplina partidista donde el arraigo territorial del candidato no es determinante".

Indiferente para la ciudadanía

Estas maniobras no generan gran desafección ciudadana, según Orriols. "Se castiga poco electoralmente y Vox jugará estas elecciones en clave nacional, utilizando un discurso global que irá más allá de Andalucía", declara a El Confidencial. Los expertos consultados insisten en que la ley electoral es equilibrada y aluden a la modificación del 2011, que prohibió los empadronamientos exprés y consiguió evitar casos como el de Fernández de la Vega. "El derecho fundamental a la participación política es central y no puede restringirse, por muchas fobias que suscite una candidata", insiste el magistrado Bosch. Para Bayón, el problema es la vinculación cada vez menor entre representantes y votantes: "Los políticos están poco pegados al territorio que representan".

Hay dos tipos de cuneros. Los que se empadronan en una comunidad que conocen, como Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, y los que desembarcan como nuevos, como Maroto. Eduardo Bayón defiende que hay que atender a la vinculación a lo largo de su trayectoria vital con el territorio en cuestión y que el cargo también importa: "No es lo mismo optar a diputado o senador nacional, una práctica habitual en los grandes partidos, que hacerlo como candidato a presidir una comunidad o un ayuntamiento". Guitarte estaba empadronado en Valencia hasta septiembre de 2019, cuando cambió su residencia a Cutanda. Fue muy criticado por quienes consideraban que era incoherente conseguir un escaño en el Congreso defendiendo a la España Vaciada teniendo casa y trabajo en esa ciudad. Fuentes de Teruel Existe dicen sentirse "indignadas" por la comparación de Guitarte con otros cuneros y afirman que se ha usado con mala fe para desgastar la figura del diputado.

Foto: La candidata de Vox a la presidencia de la Junta, Macarena Olona. (EFE)

El propio Guitarte, que se autodenomina "nómada", lo explica así: "Yo siempre he vivido entre Valencia, Teruel y Calamocha, soy bastante nómada y estaba empadronado por inercia". Como ejemplo de arraigo, cuenta que en el pueblo donde está empadronado tiene una plaza con su nombre y menciona su vínculo laboral y personal en Cutanda, lugar donde nació y ha desempeñado numerosos trabajos. Lluis Orriols separa el caso de Guitarte del de Maroto. "Es importante diferenciar entre aquellos que se empadronan de forma táctica sin formar parte del pueblo al que representan y los que conocen el territorio que representan y están familiarizados con él".

Carlos Fernández Esquer introduce un matiz a tener en cuenta en los casos expuestos: "Hay que distinguir los criterios y no mezclar. Para ser candidato a las elecciones nacionales, no hace falta estar empadronado en la provincia que te presentas, pero en las autonómicas sí es obligatorio".

La figura del político que cae en paracaídas sobre una circunscripción que le resulta casi desconocida es una constante en España. El caso de Macarena Olona, la aspirante de Vox en Andalucía, solo es un ejemplo más de los políticos cuneros que utilizan el censo con fines políticos. Olona se empadronó en el municipio granadino de Salobreña (12.500 habitantes) el 25 de noviembre de 2021 para concurrir a las elecciones andaluzas y lo hizo en el domicilio de su amigo y concejal de Vox, Manuel Martín, para cumplir con el requisito de la ley electoral andaluza. En concreto, el artículo 4.1, que obliga a los candidatos a tener vecindad administrativa en cualquiera de las localidades de la comunidad autónoma. El Ayuntamiento abrió un procedimiento al entender que no vivía allí, pero la Junta Electoral resolvió el pasado lunes a favor de su candidatura, sin entrar a valorar la residencia. Su caso no es ni mucho menos una excepción.

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