El independentismo se moviliza para apagar el riesgo de los recursos contra los indultos

El entorno independentista ve aún un posible riesgo de que los recursos planteados contra los indultos de los condenados del 'procés' resuciten y sean admitidos a trámite y se ha movilizado para impedirlo. Una asociación sin ánimo de lucro acaba de presentar ante el Tribunal Supremo un incidente de recusación contra la nueva magistrada que ha entrado a formar parte de la Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que se ocupa de la revisión de las decenas de impugnaciones que se presentaron ante el TS contra la gracia que concedió el Gobierno a Oriol Junqueras y el resto de políticos catalanes.

Hace semanas, tres magistrados de esa Sección cerraron por estrecha mayoría la posibilidad de revisión de la concesión de la gracia. El presidente, Segundo Menéndez, la ponente Ángeles Huet y el magistrado Octavio Herrero forzaron la inadmisión en bloque de todos los recursos contra el criterio de otros dos magistrados, que sí veían necesario admitirlos. No obstante, poco después se produjo un cambio en la composición de la Sección Quinta. La magistrada Huet fue sustituida por Inés Huerta. Se abrió entonces un resquicio al cambio de criterio del tribunal ya que los partidos y asociaciones que vieron rechazada su pretensión pueden ahora presentar recursos de súplica. Como la decisión adoptada fue por un solo voto de diferencia, cualquier cambio de criterio supondría un vuelco de aquella decisión.

En este escenario, la Fundació Catalana de L' Esplai acaba de pedir que la magistrada Huerta sea apartada. La asociación promovió en su día la petición de indulto del exconseller Jordi Turull que fue su patrón hasta 2010 y es miembro de su consejo asesor. En un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, esta agrupación que se presenta como una entidad sin ánimo de lucro con la misión de "educar a los niños y jóvenes, fortalecer las entidades de ocio y el Tercer Sector, mejorar el medio ambiente y promover la ciudadanía y la inclusión social, con voluntad transformadora" asegura que la juez está "contaminada" para decidir sobre los recursos de los indultos, ya que fue miembro de la Junta Electoral Central.

"Entendemos que la magistrada que se recusa podría tener interés directo o indirecto en el presente procedimiento, o bien, ya fuera para mantener su posicionamiento derivado de las resoluciones de la Junta Electoral Central, así como por la existencia de una posible contaminación previa con el fondo del asunto que puede determinar su posterior pronunciamiento", dice el incidente. La Sección se reunirá en los próximos días para estudiar la solicitud y pronunciarse al respecto, informan fuentes jurídicas.

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La decisión de la Sección Quinta se adoptó en enero gracias al voto de Segundo Menéndez. Juez progresista y destacado miembro de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, decantó la balanza del lado de Huet y Herrero, quienes defendían la tesis de la Abogacía del Estado de que ninguno de los siete recurrentes cuentan con la legitimación suficiente como para impugnar la gracia que otorgó el Gobierno a los condenados por sedición y malversación en aras de la "utilidad pública". Los otros dos miembros de la Sección, Fernando Román y Wenceslao Olea, sí veían legitimados a los diputados que integraron el Parlament cuando se produjeron los hechos y a las asociaciones ciudadanas que habían presentado recursos. La entrada de Inés Huerta en sustitución de Huet altera aquella mayoría.

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Además del PP y Vox en calidad de partidos, recurrieron al Supremo los dirigentes de Ciudadanos Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y José María Espejo-Saavedra, los diputados y exdiputados del PP en el Parlamento de Cataluña Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista Milian y Lorena Roldán, dos asociaciones —Convivencia Cívica Catalana y Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén— y el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Milló.

Los tres magistrados cuya tesis fue mayoritaria ponían en duda el interés legítimo de todos los recurrentes, un total de 63. En el caso de las asociaciones civiles, mencionaban que sus intereses son "difusos", mientras que sobre los partidos PP y Vox apuntaban a la "abrumadora" jurisprudencia que rechaza su interés legítimo en este tipo de casos. Ninguno de ellos, afirmaban, son víctimas directas del delito. Frente a ellos, los dos discrepantes reprochaban la "inmunidad" que se confiere al Gobierno con esta decisión.

Wenceslao Olea y Fernando Román cuestionaron que la sala se limitara a rechazar esa legitimación en esta primera fase procesal "sin explicar quién pudiera ostentar dicha legitimación". Aseguraban estos dos magistrados que no es oportuno declarar en este momento procesal dar por cerrada la legitimación completa para impugnar los indultos. "Esa declaración requiere una depuración probatoria más profunda y una decisión con argumentos más serenos y determinantes. En consecuencia, no nos parece oportuno que el debate se cierre con una resolución interlocutoria como la indicada", indicaban.

"Sostenemos que no cabe negar la posibilidad de que haya sujetos que puedan haber sido afectados en sus derechos o intereses de manera relevante y que, sin embargo, no hayan participado en el proceso penal, ni hayan sido aludidos nominalmente en la sentencia condenatoria. Esto no es imposible, sobre todo cuando —como sucede en este caso— los sujetos pasivos de los delitos cometidos son todos y cada uno de los ciudadanos españoles, y los delitos objeto de la condena revisten características tan singulares en su forma de comisión como los que fueron en este caso objeto de la condena y, después, del indulto", decían en su voto.