La Fiscalía también investigará los contratos del covid ligados a Sánchez y Ábalos

La Fiscalía Anticorrupción prevé abrir diligencias para investigar las supuestas irregularidades en las adjudicaciones y ayudas a empresas vinculadas con distintos miembros del Gobierno que denunció Isabel Díaz Ayuso. Al igual que ya hizo hace un mes con el contrato de mascarillas adjudicado a la empresa Priviet Sportive por el que Tomás Díaz Ayuso cobró una comisión, el departamento que dirige Alejandro Luzón comprobará los datos que recabó el PP de Madrid en un escrito y que apuntaban, entre otros, a intereses de familiares y amigos del presidente del Gobierno y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, informan fuentes jurídicas.

En concreto, los populares reunieron en su denuncia 12 contratos por valor de 326 millones y acusaban a los miembros del Gobierno de "despilfarro y amiguismo" en su atribución, una actitud —decían— que no puede justificarse por la situación de emergencia vivida en los primeros meses de la pandemia. En los contratos denunciados, muchos de ellos con base en informaciones publicadas en medios de comunicación, el PP aprecia incumplimientos en los requisitos obligatorios para la contratación pública.

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Pablo Gabilondo Ignacio S. Calleja

Entre las 12 empresas, la denuncia apuntaba a las subvenciones concedidas a Playbol, "vinculada a los padres del presidente del Gobierno", y a un contrato adjudicado a Beedigital, "vinculada con el marido de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño". El PP también señalaba la posible influencia de los exministros de Transportes José Luis Ábalos y de Sanidad Salvador Illa en siete contratos de la pandemia. Acudieron a la Fiscalía en reacción a la denuncia en contra de Ayuso, que presentaron el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid. Como adelantó 'El Periódico de España', la Fiscalía trabaja en un decreto que marcará el inicio de las diligencias de investigación.

Según argumentan los populares, el Gobierno pudo incurrir en "delitos de prevaricación, tráfico de influencias o malversación" con estos contratos. Respecto a Playbol, señalaban que recibió una "ayuda equivalente" a 64.959,82 euros entre febrero de 2020 y mayo de 2021 por parte de la Compañía Española de Reafianzamiento y el Instituto de Crédito Oficial, sociedades que dependen a su vez del Ministerio de Industria y del de Asuntos Económicos. También se refieren a 'intereses' de la ministra de Economía en un contrato por 532.400 a la compañía en que ejerce como director de Marketing la pareja de Calviño y que obtuvo una adjudicación para la "gestión de la imagen digital y de la reputación 'online' de la Seguridad Social".

Según argumentan los populares, el Gobierno pudo incurrir en "delitos de prevaricación, tráfico de influencias o malversación"

La denuncia aborda además otras cinco empresas. Entre ellas se encuentra Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que entre marzo y abril de 2020 se llevó tres contratos por 40.179.355 euros con IVA "por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia". En cuanto a las administraciones contratantes, figuran organismos que, aseguran, eran de "la confianza" del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Algo similar sucede con otra adjudicataria, que vinculan con el exministro de Sanidad Salvador Illa por "amistad de los administradores de la sociedad" y su sede en el municipio de La Roca del Vallès, localidad natal de Illa y de la que fue alcalde.

Relacionan, también, adjudicaciones en las que aprecian un sobrecoste del material proporcionado y acaban lanzando: "El hecho de que se hayan podido adjudicar contratos sin comprobarse la idoneidad de los contratistas, con apariencia de haber primado la existencia de relaciones familiares o de amistad, supone un quebranto a ese principio de confianza de los ciudadanos".