La Seguridad Social deriva a la España vacía expedientes de las oficinas saturadas

Los planes del Gobierno para descentralizar la Administración van más allá de sacar sedes de organismos públicos de Madrid. También pasan por deslocalizar tareas de modo que, por ejemplo, un funcionario que tenga su puesto de trabajo en Soria, Teruel o Huesca pueda asumir tareas propias de un gabinete ministerial que opere desde la capital, como puede ser la gestión de una parte de sus expedientes. Este plan para deslocalizar labores administrativas ya está en marcha, aunque de forma incipiente.

El Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones deriva determinados expedientes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) desde oficinas saturadas de trabajo hacia otras que presentan una carga menor. Fuentes del Ministerio consultadas por El Confidencial explican que se trata de un proyecto que todavía se encuentra en una fase muy inicial y lo cuantifican: entre octubre de 2020 y noviembre de este año se han deslocalizado alrededor de 28.000 expedientes del INSS. Con este modelo, uno de estos expedientes correspondiente, por ejemplo, a una oficina de Madrid que no da abasto puede ser asumido por un funcionario de otra provincia sin que este cambio afecte al ciudadano.

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El mecanismo tiene un doble objetivo y se aprovecha de la capilaridad que sostiene la Seguridad Social en todo el territorio. Por un lado, descongestiona las oficinas del INSS que tienen más carga de trabajo para tratar de reducir las demoras y que los expedientes se resuelvan más rápido. Por el otro, como exponen desde el Ministerio que dirige José Luis Escrivá, es útil para mantener activas oficinas y plazas de trabajo en zonas con poca demanda y que podrían correr el riesgo de desaparecer. Desde hace años, la Seguridad Social alerta de la progresiva disminución de su plantilla (un 20% menos que en 2011) y también de la elevada edad media de sus trabajadores (ronda los 55 años).

Los expedientes deslocalizados hasta el momento se corresponden con los de jubilación, muerte y supervivencia (17.000) e incapacidad permanente (11.000) y, como exponen desde la Seguridad Social a preguntas de este diario, el criterio principal que se tiene en cuenta a la hora de traspasar las gestiones a una u otra oficina provincial tiene que ver con el número de tramitadores existentes en cada una de las sucursales, así como el volumen de expedientes que deben resolver. De esta forma se puede calcular qué oficinas pueden recibir más trabajo y también cuáles necesitarían ser descargadas. El procedimiento, por el momento, no está automatizado y debe valorarse cada caso.

El mecanismo, que de momento es piloto, tiene dos objetivos: aliviar a las delegaciones con más trabajo y salvar oficinas que podrían desaparecer

En virtud de un borrador de este proyecto, fechado en abril de 2021 y que hizo público el sindicato UGT, las direcciones provinciales más sobrecargadas suelen coincidir con aquellas que se encuentran en las grandes capitales, mientras que las sucursales de las provincias que coinciden con la denominada España vaciada, aunque tienen menos trabajadores en términos absolutos, presentan un menor volumen de expedientes por trabajador de media, lo que podría permitir que se aumentara la carga de trabajo.

El siguiente paso

Este proyecto de deslocalización de las tareas administrativas fue uno de los aspectos que Teruel Existe reconoce haber negociado con el Gobierno tras su desembarco en el Congreso. Desde la formación que encabeza Tomás Guitarte consideran que se trata de otra forma de descentralizar e incluso ponen sobre la mesa que por esta senda podría llegarse, incluso, a deslocalizar los puestos de trabajo y no únicamente algunas tareas o expedientes.

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Fuentes de Teruel Existe consultadas por El Confidencial subrayan que si los Ministerios fomentaran esta opción, podría servir como un aliciente para retener población en la España vaciada. En este punto, ponen como ejemplo que un funcionario que no debe prestar su trabajo de cara al público tuviera la opción de quedarse en su lugar de origen para poder desarrollar sus tareas oportunas, al menos durante una buena parte de su semana, aunque tuviera que desplazarse algunos días para trabajar presencialmente. En esta línea, esta semana se conoció que la ley del Teletrabajo que prepara el Gobierno contempla que los trabajadores de zonas despobladas puedan realizar sus tareas de manera telemática en un 90% de su jornada mensual.

De momento el proyecto es piloto, pero quizá no sea descabellado pensar que en unos años, y de la mano de la descentralización de instituciones, este modelo se replique en otros ministerios o más organismos de la Administración.