El juez rechaza una batería de recursos de Galán a las puertas de su declaración

El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional acaba de rechazar una batería de recursos de reforma presentados por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán y la propia eléctrica en contra de la pieza en la que se investiga el espionaje encargado al excomisario José Villarejo. Los escritos de impugnación reclamaban el sobreseimiento de las actuaciones y su nulidad.

La decisión se adopta a unas semanas de la fecha fijada para que el presidente y otros altos cargos presten declaración como imputados.

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En los escritos, que firma el juez Joaquín Gadea, el juzgado se opone a los argumentos tanto de uno como de otro. Cita autos de la Sala de lo Penal en los que se rechazaron otras solicitudes de archivo y recuerda que han sido "los elementos indiciarios de los que se deduce el sustento fáctico de la participación delictiva, los que ha determinado de la citación". Concluye que debe mantenerse sin que proceda por ahora acceder a archivo pretendido aunque Galán podrá reclamar una nueva revisión de su situación "una vez haya podido explicarse, si lo desea, con plenas garantías sobre los presuntos hechos delictivos que han motivado su imputación".

Tampoco prospera la solicitud realizada por la matriz de Iberdrola que alegó que un "ostracismo" del juzgado le ha impedido ser parte del procedimiento hasta hace unos meses. El juzgado considera que no se ha producido "omisión alguna de las normas procedimentales" ni se le ha generado "clase alguna de indefensión" y recuerda a la eléctrica que fue la propia compañía la que tardó "casi un año" en personarse ante el Juzgado Central, lo que le impide ahora referirse a un desconocimiento de las actuaciones. Un tercer escrito se pronuncia en sentido similar y rechaza que se haya producido "merma" en los derechos de esta parte.

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El juez se refiere, además, a otro de los argumentos de Galán. Este alegaba que, a la vista de las anotaciones de la agenda de Villarejo, incorporadas a las diligencias, "se evidencia que este fue objeto de pesquisas, indagaciones o vigilancias". Para el magistrado, la anotación transcrita no pasa, sin embargo, "de ser una referencia efectuada por un investigado en un documento privado para su manejo personal" que no supone, por tanto, "elementos indiciarios suficientes que permitan el ejercicio de acciones contra su autor".

Así las cosas, el juzgado mantiene para el próximo 18 de enero la declaración como imputado de Galán por los delitos de cohecho activo, contra la intimidad de las personas y falsedad en documento mercantil, pero todavía no ha comparecido ante el juez para responder por los hechos bajo investigación.

En la misma situación se encuentran el número dos de la eléctrica, Francisco Martínez Córcoles; el ex consejero delegado de Iberdrola España Fernando Becker, y el exjefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo, quienes también fueron imputados en junio y han sido citados. La tesis del magistrado es que todos ellos ordenaron y autorizaron la contratación del comisario Villarejo para espiar a adversarios políticos y empresariales, y todo ello maniobrando para saltarse los sistemas internos de control de la compañía. Iberdrola Renovables, filial al 100% de la eléctrica, también se encuentra imputada como persona jurídica por un delito de cohecho.

El presidente de Iberdrola y el resto de directivos tendrán que responder ahora por los audios y documentos que dejó Villarejo sobre todo tipo de operaciones encubiertas: espionajes a dirigentes políticos; maniobras contra ecologistas; vigilancia de líderes sindicales de la compañía; indagaciones sobre dos de los mayores rivales de Sánchez Galán, Manuel Pizarro y Florentino Pérez, y hasta una investigación contra una empresa con la que Iberdrola iba a construir un parque eólico en Rumanía. Asuntos Internos ha concluido que la multinacional pagó a Villarejo más de un millón de euros y otros 407.000 euros a través de una tercera compañía para ocultar su relación con él.