"Secreto o reservado": el acuerdo de Zapatero al que se agarra Laya en el caso Ghali

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero blindó en 2010 la información relacionada con Exteriores. De la noche a la mañana, pasaban a ser secretos o reservados 17 asuntos, desde "cuestiones de asilo y refugio" hasta "candidaturas españolas a puestos en organismos internacionales". Once años después, con un juez investigando la entrada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, Arancha González Laya se agarra a este acuerdo para no revelar qué miembros del Ejecutivo participaron en la toma de decisiones.

Ella misma se encargó de transmitírselo al juez Rafael Lasala el 4 de octubre durante su declaración como imputada. "Como exministra de Asuntos Exteriores que soy, tengo una obligación de reserva, una obligación que viene marcada por la Ley de Secretos Oficiales del Estado", alegó nada más arrancar la comparecencia. El juez insistió —"la decisión de 'le vamos a atender, le vamos a traer a España', ¿quién la toma?"—, pero González Laya no cedió terreno, una y otra vez, se escudó en este acuerdo de 2010.

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Sus referencias al documento llegaron a tal punto que el juez terminó por exasperarse: "No podemos controlar un acuerdo, una norma, un protocolo, que nadie sabe cuál es la primera letra ni cuál es la última, que se dice que existió o que existe todavía (...). Usted se acoge a eso y me parece muy bien, pero comprenda que yo tengo que seguir buscando la ley". Pero, visto su enfado, la Abogacía del Estado acaba de presentar el acuerdo para alegar que parte del caso Ghali es secreto o reservado, incluso para él.

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza mantiene abierta una investigación por posibles delitos de falsificación de pasaporte, prevaricación y encubrimiento. Su sospecha pasa por que el Gobierno pudo facilitar una entrada ilegal de Ghali a España el pasado 18 de abril, para lo que destaca el hecho de que no tuviera que pasar un control de aduana tras aterrizar en la Base Aérea de Zaragoza y que utilizara una identidad falsa en su ingreso hospitalario en Logroño.

Secreto o reservado

El Consejo de Ministros acordó en octubre de 2010 limitar el acceso a la información de 17 asuntos. "Se otorga con carácter genérico la clasificación de secreto las materias que se relacionan a continuación, así como a los actos, documentos, informaciones, datos y objetos sobre las mismas, cuya revelación no autorizada puede dañar o poner gravemente en riesgo la seguridad y defensa de España", sostiene su primer punto. Bajo este párrafo, se incluyen los 14 primeros asuntos:

1. Posiciones básicas de España y estrategias en negociaciones políticas, de seguridad, económicas y comerciales que conciernan a los intereses esenciales del Estado tanto en el ámbito bilateral como en la Unión Europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el sistema de Naciones Unidas, la Conferencia Iberoamericana u otras organizaciones y conferencias internacionales.
2. Información sobre posiciones españolas en conflictos internacionales o internos de naturaleza política, social, económica o comercial que puedan comprometer los intereses españoles o su capacidad de interlocución con terceros países.
3. Información relativa a la actuación de grupos terroristas y movimientos a ellos asociados, delincuencia organizada y tráfico de drogas, personas y armas con implicaciones o ramificaciones en España o en los países con los que España haya suscrito acuerdos sobre dichas materias o mantenga relaciones de amistad.
4. Información relativa al despliegue de unidades de las fuerzas armadas y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas y aliadas tanto en España como en misiones internacionales.
5. Negociaciones y buenos oficios sobre secuestros y liberación de ciudadanos españoles o extranjeros así como la información relativa a las extradiciones o traslado de personas condenadas.
6. Contactos de mediación o buenos oficios llevados a cabo por España con terceros países y con grupos líderes de oposición para facilitar procesos de paz y la promoción o defensa de los derechos humanos.
7. Protección de derechos humanos, con especial incidencia en casos humanitarios especialmente sensibles y las gestiones con terceros países en este ámbito.
8. Cuestiones de asilo y refugio.
9. Tramitación de beneplácitos de jefes de misión españoles y extranjeros.
10. Información relativa a cuestiones que afecten a la soberanía, independencia y a la integridad territorial de España o de países amigos y a las posiciones de España sobre contenciosos de índole territorial interestatales o intraestatales.
11. Informaciones relativas a la aplicación de acuerdos bilaterales o multilaterales sobre asuntos de seguridad y defensa suscritos por España, incluidas aquellas relacionadas con sobrevuelos, estancias y escalas de buques y aeronaves.
12. Asuntos relacionados con los crímenes más graves de trascendencia internacional sobre los que pueda tener jurisdicción la Corte Penal internacional u otros tribunales internacionales y aquellos sometidos ante tribunales españoles.
13. La información relativa a los preparativos de los viajes de SSMM los reyes y del presidente del Gobierno y, cuando las circunstancias lo aconsejen, de los ministros y otras autoridades del Estado.
14. Las claves y material criptográfico.

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Con este listado, el Consejo de Ministros declaró "reservadas" todo tipo de informaciones relacionadas con Exteriores, pero en el segundo punto del acuerdo, añadió además otros tres asuntos que, una vez más, reciben la "clasificación de reservado":

1. Entrevistas con mandatarios o diplomáticos extranjeros con implicaciones para los intereses del Estado o las relaciones internacionales.
2. Gestiones de apoyo en las licitaciones de empresas españolas en el exterior y en contenciosos de especial gravedad que les afecten.
3. Candidaturas españolas a puestos en organismos internacionales.

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Dos años después de la aprobación de este acuerdo, en 2012, 'El País' ya se hizo eco del mismo y subrayó su carácter genérico. En la noticia, explicaban cómo se había aplicado este listado para denegar el acceso a documentación sobre Exteriores a dos investigadores del departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Once años después, queda claro que su uso puede extenderse a una investigación judicial. Al menos, esa es la intención del Gobierno.

La Abogacía del Estado no concreta en el escrito enviado al juzgado a qué punto se agarra la exministra de Asuntos Exteriores para no revelar los miembros del Gobierno que participaron en la toma de decisiones del caso Ghali, pero aceptar o no la validez del mismo queda ahora en manos del juez. Por el momento, la Abogacía también ha aprovechado el mismo para no revelar el contenido del móvil del que fuera jefe de gabinete de Laya.