El vídeo de Laya ante el juez del caso Ghali: "Seguimos los cauces de una decisión política"

La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya evitó este lunes aclarar los miembros del Gobierno que orquestaron la entrada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, el pasado 18 de abril. En su declaración como imputada, a cuyo vídeo ha tenido acceso El Confidencial, argumentó para ello que se trata de información reservada: "Como exministra de Asuntos Exteriores que soy, tengo una obligación de reserva, una obligación que viene marcada por la Ley de Secretos Oficiales del Estado", alegó nada más arrancar la comparecencia. "Seguimos los cauces de una decisión política", se limitó a decir, sin dar nombres en ningún momento.

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, mantiene abierta una investigación por posibles delitos de falsificación de pasaporte, prevaricación y encubrimiento. Su sospecha pasa por que el Gobierno pudo facilitar la entrada ilegal de Ghali en España el pasado 18 de abril, para lo que destaca el hecho de que no tuviera que pasar un control de aduana tras aterrizar en la Base Aérea de Zaragoza y que utilizara una identidad falsa en su ingreso hospitalario en Logroño.

Por el momento, Lasala ya ha imputado tanto a González Laya como al que fuera su director de Gabinete, Camilo Villarino, quien declaró el pasado 13 de septiembre que en la toma de decisiones no solo participó su antigua jefa: "No creo que tomara la decisión sola. El Gobierno no es un reino de taifas". La exministra, sin embargo, evitó profundizar en esta idea el pasado lunes: "Esto sigue los cauces propios en nuestro país, los cauces propios de una decisión que es, recordemos, política y de ejercicio de la soberanía (...). Seguí el cauce que se sigue en cuestiones políticas", se justificó. "Discreción no es arbitrariedad, no es ilegalidad y, desde luego, no es ocultamiento".

Conforme pasaban los minutos, el juez trató entonces de acercar posturas: "El aspecto político no se cuestiona para nada (...). El Gobierno es libre de decidir quién entra y quién no, pero es el cómo: hay un control de pasaportes y eso es el aspecto administrativo. La cuestión no es si le vamos a asistir o no, sino si le vamos a permitir la entrada sin controlarlo personalmente. ¿Eso también se adoptó por usted?", inquirió. Pero, por mucho que cambiara el modo en que formulaba de las preguntas, la exministra no cedió terreno: "No es una persona cualquiera. Es una persona con un perfil político, y evidentemente tenemos dos vecinos que la relación entre ellos tiene aristas políticas".

González Laya mencionó, además, diversas leyes para justificar que el líder saharaui no mostrara pasaporte. Como ha demostrado la investigación, no lo hizo ni al entrar ni al salir de España: en el primer caso, porque no pasó por el control de inmigración. En el segundo, porque aseguró en el aeropuerto de Pamplona que "no poseía documentación". En un informe entregado al juez, la Policía Nacional dijo que se le permitió despegar sin identificarse porque el Reglamento de Extranjería establece que "podrán realizarse las salidas, con documentación defectuosa o incluso sin ella, si no existiese prohibición ni impedimento alguno a juicio de los servicios policiales".

Este lunes, la exministra insistió a su vez en que, a su llegada a Zaragoza, se encontraba intubado y gravemente enfermo, por lo que urgía su evacuación a un hospital: "Nos guiaba la buena fe que guía las relaciones entre dos países". "Entiendo, y así lo entendí, que esa persona podía entrar en nuestro país. Porque qué sentido tendría (...) que viniera precisamente a meterse en la boca del lobo". En cualquier caso, admitió una vez más la gestión que centra las pesquisas: "No se hizo ninguna verificación de su pasaporte. ¿Hicimos algunas averiguaciones sobre si esta persona tenía algún tipo de limitación de la entrada en territorio Schengen? Pues no, señoría, no lo hicimos".

Tras imputar a la exministra el pasado mes, el juez ya ordenó a la oficina Sirene de España que le informase si había "descripciones a efectos de detención o localización" del líder del Frente Polisario en cualquier país del espacio Schengen, pero por el momento no ha recibido respuesta. "Está muy bien ser humanitario, pero hay unas obligaciones con los otros países, estamos vinculados, hay un tratado internacional", recordó Lasala este lunes. "Omitimos cualquier control, que sí que es una cuestión administrativa, y así no hay problema con nadie...", llegó a sugerir, apoyándose una y otra vez en cómo Villarino reconoció el pasado mes que le pidieron "discreción".

El juez puso así en duda que la entrada de Ghali se basara únicamente en motivos "humanitarios" y volvió a repetir la pregunta clave: "En definitiva, y a lo que iba, la decisión de: le vamos a atender, le vamos a traer a España, ¿quién la toma?". Una vez más, González Laya se negó a aclarar esta cuestión: "Yo quiero nuevamente reiterarle, señoría, que la manera en la que España toma decisiones políticas es una cuestión que afecta a nuestra seguridad, afecta a nuestra defensa, afecta a la gestión de nuestras relaciones exteriores y, por lo tanto, quiero acogerme a mi obligación de reserva para explicar quiénes son las personas con las que yo comparto esta decisión".

Lejos de dar por buena esta respuesta, el juez criticó que evitara explicar quiénes participaron en la toma de decisiones acogiéndose a la Ley de Secretos Oficiales y, en concreto, a un acuerdo secreto del Consejo de Ministros de 2010 que permite no revelar determinadas informaciones de Exteriores: "Nadie sabe cuál es la primera letra y cuál es la última", avisó el juez sobre este acuerdo de hace 11 años. Pero dio igual. González Laya mantuvo la misma línea de defensa y no aportó ni un solo nombre.

"Yo nunca verifiqué la situación judicial de este individuo. Confié en la petición que hizo un país tercero, que es fundada en la buena fe, y así la respondí", se justificó. El 18 de abril, la Audiencia Nacional mantenía abiertas varias causas contra el líder del Frente Polisario, pero la exministra se escudó en que desconocía las mismas: "¿Qué interés tiene un país tercero en enviarnos a una persona que está gravemente enferma, a punto de morir, para que nosotros intentemos salvarle la vida, si esa persona tiene alguna dificultad en nuestro país?". Apoyándose en esta idea, incidió de nuevo en que nada les hizo pensar que Ghali tuviera que pasar por el control de aduana.

La exministra, de hecho, no dudó en equipararse con el propio líder saharaui: "Cuando llega un avión de Estado de un país tercero, los procedimientos en las aduanas no son como cuando llega un ciudadano ordinario. Déjeme que le ponga un ejemplo: cuando yo llego a un país tercero, innumerables veces he pasado sin mostrar mi pasaporte. Se acepta quien soy, no se verifica". Al extender esta idea al líder del Frente Polisario, su conclusión fue clara: "Esto no es un avión privado que llega a un aeropuerto y pide acceder al espacio Schengen (...). Esto es un vuelo de Estado, es un vuelo oficial de un país tercero con el que se ha acordado que viene".

El juez, sin embargo, no se mostró conforme con esta explicación: "Si es una causa humanitaria, ¿por qué no se viene en un avión medicalizado?". González Laya alegó entonces que la decisión fue de Argelia y, a partir de ahí, el interrogatorio entró en su fase final con la intervención de la Fiscalía y la Abogacía del Estado: "¿Usted dio alguna instrucción a alguien (...) de que en el hospital de Logroño no figurara el nombre de Ghali sino otro?", preguntó el representante del Ministerio Público. "Absolutamente no", contestó tajante. A preguntas de la abogada del Estado, la exministra insistió por última vez en la base de su defensa: "Se trataba de atender una necesidad humanitaria".