Laya blinda al Gobierno ante el juez del caso Ghali y alega que es información reservada

La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya ha declarado este lunes como imputada ante el juez que investiga la entrada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Fuentes jurídicas explican a El Confidencial que ha evitado aclarar qué miembros del Gobierno participaron en la toma de decisiones, argumentando para ello que se trata de información reservada. González Laya sostiene así que desvelar la misma podría suponer un riesgo para la seguridad y defensa del Estado.

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, mantiene abierta una investigación por posibles delitos de falsificación de pasaporte, prevaricación y encubrimiento. Su sospecha pasa por que el Gobierno pudo facilitar la entrada ilegal de Ghali en España el pasado 18 de abril, para lo que destaca el hecho de que no tuviera que pasar un control de aduana tras aterrizar en la Base Aérea de Zaragoza y que utilizara una identidad falsa en su ingreso hospitalario en Logroño.

Por el momento, Lasala ya ha imputado tanto a González Laya como al que fuera su director de Gabinete, Camilo Villarino. El próximo 18 de octubre, tendrán que declarar, además, como testigos la exdirectora de Gabinete de Carmen Calvo, María Isabel Valldecabres, y la de Fernando Grande-Marlaska, Susana Crisóstomo. Con estas citaciones, el magistrado trata de identificar a todos los miembros del Gobierno que gestionaron la entrada de Ghali en España para ser tratado de covid-19.

González Laya, sin embargo, ha evitado profundizar en esta cuestión apuntando a que se trata de decisiones de política internacional de carácter reservado, explican las fuentes consultadas. A preguntas del juez, ha apuntado para ello a un acuerdo del Consejo de Ministros de 2010 que permitía mantener bajo secreto determinadas informaciones de Exteriores.

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En cuanto al hecho de que no se exigiera a Ghali mostrar documentación alguna tras aterrizar en España, ha argumentado que tampoco a ella le pedían identificarse cuando volaba como ministra y que el líder saharaui contaba, además, con un pasaporte diplomático de Argelia. También ha insistido en que se le recibió para ser tratado de covid-19 y, por tanto, se trataba de una decisión de "carácter humanitario". Citada a las 13:00, su comparecencia se ha alargado en torno a una hora.

“He venido a declarar con transparencia y tranquilidad para aportar todas las explicaciones, y que el juez llegue así pronto a la conclusión de que todo se ha hecho conforme a la ley. Espero que él retenga la información y se decida pronto. La entrada se hizo, desde mi punto de vista, conforme a la ley. Espero que el juez llegue a la misma conclusión”, ha sostenido la propia González Laya a la salida del juzgado.

La declaración de Villarino

En julio, Villarino ya confirmó por escrito que fue él quien ordenó que el líder saharaui no tuviera que mostrar documentación tras aterrizar en la Base Aérea de Zaragoza el 18 de abril. El 13 de septiembre, durante su declaración como imputado ante el juez, se justificó diciendo que no conocía las causas que la Audiencia Nacional mantenía abiertas contra él: "La cuestión de los procedimientos judiciales, que ha cobrado fuerza después, ni el día 15 ni el 18 están en el panorama", argumentó en sede judicial.

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En cualquier caso, Villarino sostuvo en todo momento que él seguía órdenes de sus superiores y mencionó a González Laya: "Me dice que se ha decidido, no me dice quién, pero lo puedo imaginar. Y me dice que me encargue de la instrumentación logística de su llegada. Me pide que sea lo más discreto y reservado posible en la gestión de este asunto porque hay que valorar el impacto que esto pueda tener en las relaciones de España con otro tercer país al que no se le ha informado todavía de esta decisión".

Más allá de Laya, también apuntó al equipo de la entonces vicepresidenta Carmen Calvo. Según explicó, tres días antes de la llegada de Ghali a España, la entonces directora de Gabinete de la exvicepresidenta Carmen Calvo, Isabel Valldecabres, le llamó para saber más sobre el asunto: "Me preguntó si era cierto que se estaba valorando". Con estos nombres sobre la mesa, el magistrado trata de estrechar el cerco en torno a las autoridades que participaron en la toma de decisiones, pero Laya se ha negado a identificar al resto.