Se busca banquillo para 90 acusados: cuatro años sin saber dónde juzgar a 'Los Miami'

La Audiencia Nacional no encuentra sitio para celebrar el juicio contra una compleja red de narcotraficantes conocida como 'los Miami'. Sus actividades ocuparon numerosos espacios en los informativos. La red escondía 23 millones escondidos en zulos cavados debajo de una casa. Estaba previsto para marzo de 2022 tras cuatro años de espera, pero su inicio es ahora una incógnita. La razón es que son 90 acusados, entre ellos Ana María Cameno, conocida como 'la reina de la coca' y el órgano judicial no encuentra dónde meterlos porque en sus instalaciones no caben todos. Por ello piden ayuda al Ministerio de Justicia.

El Confidencial ha tenido acceso a una providencia dictada el 19 de octubre por los tres jueces de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que tendrá que enjuiciar el caso. Solicitan que "dada la gran cantidad de personas que han de intervenir en el plenario, líbrese la oportuna comunicación a la Presidencia de la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional solicitando la realización de las gestiones oportunas ante el Ministerio de Justicia para la dotación de una sala de vistas que permita la celebración de este juicio".

Esta situación abre la puerta a la figura de las dilaciones indebidas en las futuras condenas a imponer. Se trata de un atenuante en un proceso penal que hace que se rebaje la pena debido a la tardanza en celebrarse el juicio. El artículo 24.2 de la Constitución establece que un Juzgado penal debe resolver un proceso en un tiempo razonable.

Los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Joaquín Delgado advierten de que "resulta necesario el enjuiciamiento conjunto de los hechos al no ser posible en enjuiciamiento en piezas separadas" y que es imposible "celebrar el juicio en las salas actualmente disponibles en esta Audiencia Nacional". Este órgano judicial cuenta con una sede principal en la calle Génova de Madrid con varias salas de juicios, pero tienen un aforo reducido.

Para los juicios con mayor envergadura, hace años que cuentan con otra sede en un polígono industrial en la localidad de San Fernando de Henares. En ese lugar se celebró, por ejemplo, el juicio sobre los papeles de Bárcenas que contaba con varios acusados y múltiples abogados de las acusaciones populares. También es el lugar en el que se está celebrando el juicio por las primeras tres piezas del caso Villarejo, entre otros.

Mientras la Audiencia Nacional encuentra una solución, el tiempo sigue pasando. Fue en marzo de 2018 cuando el Juzgado Central de Instrucción número 2 terminó su investigación contra esta trama de narcotraficantes. El juez Ismael Moreno dictó su auto de procesamiento, que se entiende como el paso previo a la señalización del juicio. Inicialmente está fijado para el 22 de marzo, pero siempre y cuando se halle un lugar adecuado. No solo hay que contar con los acusados, sino con sus abogados.

El casi centenar de procesados están acusados de integrar una compleja organización delictiva liderada por los hermanos Álvaro y Artemio López Tardón y conocida como 'los Mami'. Introdujeron en España para su distribución por Europa al menos 7,5 millones de toneladas de cocaína y blanqueó además las decenas de millones de euros obtenidos con la venta.

La Policía encontró 23 M de euros en metálico, la mayor parte oculta en zulos en la vivienda

Se les juzga por un carrusel de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, delito continuado contra la Hacienda Pública, falsedad documental, tenencia ilícita de armas y falsificación de moneda, entre otros. En el momento de su procesamiento, Álvaro López Tardón estaba en prisión en Estados Unidos cumpliendo una condena de 150 años por blanqueo de capitales.

Un cuadro falso de Velázquez

Uno de los métodos empleados para el lavado del dinero de la organización fue la simulación de la adquisición de un cuadro titulado 'El almuerzo' de Velázquez, tratándose en realidad de una "burda manipulación", según el juez, por un valor de 24 millones de euros, fingiendo su venta posterior por 880.000 euros. En el contrato falso aparecía como compradora la entonces pareja de Álvaro López Tardón, Sharon Cohen, representando a una sociedad panameña con la que no guardaba en realidad ningún vínculo.

Del registro efectuado en un chalet de Madrid propiedad de los hermanos López Tardón, la Policía encontró la cantidad de 23 millones de euros en metálico, la mayor parte oculta en zulos en la vivienda, que contaba con extremas medidas de seguridad formadas por una red de cámaras de vigilancia de la más alta tecnología. De hecho, para hallar el dinero, los agentes tuvieron que picar el suelo de algunas habitaciones, levantando las plaquetas para hallar, entre otros, un 'zulo' en el que se escondían más de 700 paquetes de plástico cerrados al vacío.

La segunda rama desarticulada en esta investigación estaba liderada por el matrimonio formado entre Ana María Cameno y David Vela, quienes, junto a otros integrantes, se encargaban de recibir la cocaína en España y distribuirla a numerosos sujetos, entre ellos los miembros de las ramas tercera y cuarta. Para ello contaban con un gigantesco laboratorio en una finca rústica de Villanueva de Perales (Madrid) para la fabricación, manipulación y adulteración de las sustancias estupefacientes, en el cual trabajaban "cocinando" cuatro profesores de Bioquímica de la Universidad Javeriana de Bogotá-Colombia.

Uno de los miembros de este grupo se vale de un primo suyo policía municipal para obtener información de las placas de matrícula de coches de los que sospechan pueden pertenecer a la Policía, hechos por los que se ha seguido otro procedimiento en un juzgado de Madrid contra dicho agente.

El tercero de los sectores de la macro organización estaba liderado por los hermanos Raúl y Víctor Juárez Smith, cuya función principal es la distribución y venta de gran parte de la cocaína que llega a España, mientras que el cuarto estaba comandado, siempre según el auto de procesamiento, por el hispano-colombiano Laurentino Sánchez Serrano y que, al igual que el anterior grupo, se dedicaba a la recepción, distribución y, además, al blanqueo de los fondos a través de un ficticio entramado empresarial.