La venta de pisos públicos a fondos buitre durante el mandato de Botella llega a juicio

El Tribunal Supremo confirmó hace un año la absolución de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y de su Junta de Gobierno por la venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre por 128,5 millones en 2013. Pese a ello, dos personas se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial a partir de este martes por la operación: Fermín Oslé, ex consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), y Alfonso Benavides, apoderado de Fidere, que a su vez se enmarca en el conglomerado del fondo Blackstone. Ambos se enfrentan a una condena por "prevaricación, malversación, fraude y sustitución de cosa propia a su utilidad social".

La Fiscalía pide su absolución al considerar que "los hechos expuestos no son constitutivos de infracción penal" y "no hay autor desde el punto de vista penal", pero el caso llega a juicio de la mano de otras tres acusaciones: la propia EMVS, el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, y la Asociación de Afectados por la venta de vivienda por la EMVS. En el escrito de acusación de esta última, al que ha tenido acceso El Confidencial, piden ocho años y cuatro meses de cárcel para Benavides y Oslé. Los socialistas, por su parte, solicitan cinco años para el primero por malversación de caudales públicos y siete para el segundo por prevaricación.

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En cuanto a la prueba que consideran necesaria para el juicio, solicitan también que declaren como testigos varios exdirectivos de la EMVS, de Fidere y la propia Ana Botella.

El Tribunal de Cuentas condenó en 2018 a la exalcaldesa y a siete miembros de su Gobierno a pagar 25,7 millones de euros por la operación. Esta consistió en la venta de más de 5.000 inmuebles (1860 viviendas, 1797 plazas de garaje y 1569 trasteros, más otros 89 elementos no vinculados a las mercantiles) a Fidere Vivienda SLU y Fidere Gestión SLU, sociedades instrumentales de Magic Real Estate SL, vinculada a Blackstone. En cualquier caso, siete meses después revocó la decisión al considerar que, al hacerse mediante concurso público, no podía apreciarse "negligencia grave" en la gestión de Botella. En 2020, el Supremo confirmó su absolución.

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El juicio arrancará así este martes con dos acusados en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid tras los vaivenes que se han producido en la investigación: en enero de 2019, el juzgado de instrucción número 38 también archivó el caso, al considerar que "no existen elementos suficientes" para procesar a nadie, pero cuatro meses después, la sección 30 de la Audiencia Provincial le ordenó reabrirlo. El auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso este diario, se dictó en junio de 2019.

"La venta se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles a enajenar. Lo más parecido a ello es una estimación realizada por una entidad que resultó ser asesora de los adjudicatarios", sostiene el mismo. "No existe una real concurrencia de eventuales compradores dada la información privilegiada que con carácter previo al acuerdo de la venta han tenido cuatro compañías, entre ella la adjudicataria Magic Real State (que después cedió sus derechos a las compañías Fidere)".

El auto del juzgado de instrucción número 38 de Madrid se hace así eco de la resolución con que la Audiencia Provincial de Madrid le ordenó reabrir el caso, cuya conclusión era clara: "Ha sido en definitiva el comprador y no EMVS el que ha fijado el precio de la venta de las viviendas. Ese precio es objetivamente inferior al precio que podía obtenerse e incluso al mero valor contable de las viviendas. En proporción a la enajenación de otros inmuebles, el precio obtenido es muy inferior al posible, aun aceptando la necesaria venta en un solo negocio de las 18 promociones de viviendas, y si se descartara esa necesidad el precio sería mayor".