Borràs mueve hilos para recuperar un segundo magistrado autonómico en el TSJC

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, mueve hilos para colocar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un segundo magistrado nombrado a propuesta de la cámara, plaza que existía desde que se creó la sala en 1989, pero que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) amortizó en 2017.

Según han informado a EFE fuentes conocedoras de la iniciativa, Borràs ha encargado un informe a los servicios jurídicos del Parlament acerca de las posibilidades legales de recuperar ese segundo magistrado autonómico para el TSJC, que ahora cuenta entre sus cinco miembros con un único juez designado a propuesta de la cámara catalana, Carlos Ramos.

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En paralelo, la presidenta de la cámara -investigada por el TSJC por la presunta adjudicación irregular de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes- ha enviado una carta al CGPJ en la que pide información sobre el destino de la plaza que ocupaba el magistrado Francisco Valls, jubilado en mayo de 2020.

En su carta, a la que ha tenido acceso EFE, Borràs (JxCat) alude a "informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación" que apuntan a que, tras la jubilación de Valls, "sigue todavía sin cubrirse en el TSJC la segunda plaza de asignación autonómica" y, en nombre de la Mesa del Parlament, pide que se aclare si esa información es fidedigna.

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De ser así, solicita que se le comuniquen "los procedimientos y plazos" que van a seguir el CGPJ y el TSJC "para subsanar tal anomalía" -puesto que, añade la misiva, "de una anomalía suponemos que se trata"- e informa de que el Parlament empezará a "trabajar en la selección de la preceptiva terna de candidatos".

La sala civil y penal del TSJC, aclaran fuentes judiciales, perdió su segundo magistrado autonómico no con la jubilación de Valls, sino con la excedencia que solicitó en 2016 el juez Joan Manel Abril -que instruyó el caso de la consulta del 9N-, para dedicarse a su labor de catedrático de la UAB, que compagina con la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andorra.

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La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en los tribunales autonómicos una de cada tres plazas sea cubierta por un jurista de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio y elegido por el CGPJ de entre una terna propuesta por el Parlament.

Así fue en la sala civil y penal del TSJC, que cuenta con una planta judicial de cinco plazas desde su creación en 1989, pero tras la excedencia de Abril, en junio de 2017, el CGPJ cambió de criterio y optó por amortizar la plaza de magistrado autonómico en aplicación de la Ley d'Hondt, el método para asignar escaños que rige la normativa electoral en España.

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En plena efervescencia política por el 'procés' en Cataluña, el CGPJ desistió de dirigirse al Parlament para informarle de la vacante y pedirle que propusiera la preceptiva terna de juristas, ni de la cámara catalana partió iniciativa alguna para reclamar el segundo magistrado autonómico.

Borràs quiere explorar el terreno legal que permitiría al Parlament colocar un segundo magistrado autonómico, en un momento en que se avecinan cambios en la composición de la sala del TSJC y se está a la espera de que los partidos desbloqueen la renovación del CGPJ, que desde hace meses tiene vetado hacer nombramientos en la cúpula judicial por estar en funciones.

Una vez conteste el CGPJ, Borràs espera poder activar el procedimiento para que el Parlament plantee su terna de nombres

Según las fuentes consultadas, una vez conteste el CGPJ, Borràs espera poder activar el procedimiento para que el Parlament plantee su terna de nombres. El propio presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, de la asociación moderada Francisco de Victoria, tiene el mandato prorrogado desde el pasado mes de febrero, pero su permanencia en la sala civil y penal está garantizada: aunque no opte a la reelección, dispondrá de plaza por haber presidido la institución.

Son también titulares de una plaza en el TSJC sus dos expresidentes Maria Eugènia Alegret, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, y Miguel Ángel Gimeno, de la progresista Jueces por la Democracia y que está en excedencia desde que en 2016 fue nombrado director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Gimeno está al borde de la jubilación -en un año como máximo- y cuando se retire su plaza la consolidaría el magistrado de la APM Fernando Lacaba, quien la ocupa actualmente.

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Junto a esos tres magistrados de carrera y el único de extracción parlamentaria, la sala cuenta con el juez Jordi Seguí en comisión de servicios, quien precisamente tiene en sus manos la investigación por supuesta corrupción contra Laura Borràs.

Seguí ocupa la vacante que dejó la magistrada titular Núria Bassols, a quien el expresidente catalán Artur Mas fichó en 2013 como comisionada de Transparencia y es esposa de uno de los empresarios imputados en el llamado "caso 3%". Tras su regreso al TSJC, que investigaba una de las piezas de esa trama presuntamente corrupta, accedió a trasladarse temporalmente a la sala contenciosa.

Coincidiendo con este movimiento para incidir en la composición del TSJC, los servicios jurídicos del Parlament han elaborado una propuesta de reforma del reglamento de la cámara -apoyada solo por JxCAT- que permitiría a Borràs mantener su escaño ante una eventual apertura de juicio oral o procesamiento en la causa en que se la investiga por delitos de prevaricación o malversación en la presunta adjudicación irregular a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía la ILC.