El Supremo se inclina por ratificar a Dolores Delgado como fiscal general del Estado
  1. España
LA DELIBERACIÓN ARRANCA EL 19 DE OCTUBRE

El Supremo se inclina por ratificar a Dolores Delgado como fiscal general del Estado

Considera que se cumplieron los elementos reglados por el estatuto del Ministerio Fiscal y, en estos momentos, la posición mayoritaria pasa por rechazar los recursos de PP y Vox

Foto: La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, durante la apertura del año judicial. (EFE)
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, durante la apertura del año judicial. (EFE)

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo deliberará a partir del 19 de octubre la legalidad del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Fuentes jurídicas adelantan a El Confidencial que los magistrados de los que depende la decisión se inclinan por ratificarla en el puesto, aunque avisan de que la ponencia, a cargo de la magistrada Pilar Teso, no ha comenzado a redactarse. La postura mayoritaria en estos momentos pasa así por rechazar los recursos en los que PP y Vox ponen en duda su idoneidad e imparcialidad por haber tomado las riendas de la Fiscalía justo después de ejercer como ministra de Justicia.

Las fuentes consultadas inciden para ello en que se cumplieron los elementos reglados por el artículo 29 del estatuto del Ministerio Fiscal: es una jurista de "reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio", se escuchó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras proponerla para el cargo, compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso, se ratificó su nombramiento a través de un real decreto del Consejo de Ministros que fue firmado por el Rey, prestó juramento ante el propio Felipe VI y tomó posesión en el Tribunal Supremo. A la vista de estos elementos y de que se trata de un puesto discrecional, consideran que los recursos deben ser rechazados.

Foto: Juan Carlos I. (Getty)

En cuanto al precedente de Eligio Hernández, cuyo nombramiento como fiscal general del Estado fue declarado ilegal por el Supremo en 1994, apuntan a que se trata de un caso distinto. Según explican, esta decisión se apoyó en el hecho de que no cumplía con los "quince años de ejercicio efectivo de su profesión", pues el Gobierno de Felipe González sumó para ello los años en los que había ocupado distintos puestos administrativos en Canarias: "La contestación no puede ser otra que la negativa, desde el momento en que ni siquiera la licenciatura en Derecho es precisa para desempeñar el cargo", concluyó el tribunal en su sentencia del 28 de junio de ese mismo año.

Pese a ello, con Eligio Hernández sí se produjo una circunstancia que, según las fuentes consultadas, queda por ahora descartada con Delgado: en la sentencia de 1994 participaron los 32 magistrados que componían el pleno de la Sala Tercera, mientras que en la deliberación que arrancará el próximo 19 de octubre solo se espera la presencia de los seis de la sección cuarta junto al presidente de lo Contencioso, César Tolosa. Tanto Vox como nueve magistrados de esta Sala han pedido elevar el debate al pleno, pero las fuentes consultadas señalan que la propuesta ha sido rechazada por el momento. En cualquier caso, avisan de que todavía puede revertirse la decisión.

Foto: El rey emérito Juan Carlos, en 2018. (Getty)

Para darse esta situación, los magistrados tendrían que agarrarse al artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: "Podrán ser llamados, para formar Sala, todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayoría de aquellos, lo estime necesario para la administración de Justicia". La sentencia de 1994 explica que participó el pleno al completo "por acuerdo del presidente de la Sala Tercera, a petición de la mayoría de los magistrados que la componen",

Otro aspecto que destacan estas mismas fuentes pasa por la posibilidad de que los magistrados rechacen la legitimación activa de PP y Vox para impugnar el nombramiento, una postura ante la que ni siquiera tendrían que entrar en el fondo de sus recursos para ratificar a Delgado. Al fin y al cabo, en el precedente de Eligio Hernández, su designación no fue recurrida por un partido político, sino por la Unión Judicial Independiente, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales.

Foto: La fiscal general del Estado, Dolores Delgado. (EFE)

"Extendiendo el concepto estricto de interés profesional (...), podemos y debemos entender que también está comprometido cuando el tema litigioso versa sobre el marco o estatuto jurídico básico que regula la función profesional que ejercitan los asociados", sostuvo el tribunal sobre la legitimación activa de estas asociaciones en 1994. Su conclusión, de hecho, se apoyaba a su vez en una reflexión que podría suscitar dudas respecto al papel de PP y Vox: "Los componentes de todas ellas están afectadas por el artículo 127.1 de la Constitución, que si bien les permite constituirse en asociaciones profesionales, sin embargo les veda pertenecer a partidos políticos o sindicatos".

Aunque el Supremo inadmitió en enero la pretensión de la Abogacía del Estado para que los recursos fueran rechazados por falta de legitimación activa de PP y de Vox, las fuentes consultadas apuntan a que todavía puede atenderse este argumento cuando arranque la deliberación. Si no es así, insisten en que, al cumplirse los elementos reglados para su nombramiento, los aspectos subjetivos sobre su idoneidad e imparcialidad resultan insuficientes: cabe la posibilidad de que incluyan una reflexión crítica sobre el hecho de que antes ejerciera como ministra de Justicia y diputada del PSOE, sí, pero argumentan que no condicionaría su decisión final.

Las mismas fuentes señalan para ello otro precedente, el de Javier Moscoso del Prado, que fue fiscal general del Estado entre 1986 y 1990. El jurista accedió al cargo justo después de ejercer como ministro de Presidencia durante casi cuatro años en el Gobierno de Felipe González, por lo que defienden que a diferencia de Eligio Hernández, este caso sí resulta similar al de Delgado: ambos pasaron de formar parte del Gobierno a dirigir la Fiscalía porque cumplieron en todo momento los elementos reglados.

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo deliberará a partir del 19 de octubre la legalidad del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Fuentes jurídicas adelantan a El Confidencial que los magistrados de los que depende la decisión se inclinan por ratificarla en el puesto, aunque avisan de que la ponencia, a cargo de la magistrada Pilar Teso, no ha comenzado a redactarse. La postura mayoritaria en estos momentos pasa así por rechazar los recursos en los que PP y Vox ponen en duda su idoneidad e imparcialidad por haber tomado las riendas de la Fiscalía justo después de ejercer como ministra de Justicia.

Tribunal Supremo Dolores Delgado Fiscal General del Estado
El redactor recomienda