La situación de Puigdemont pone en jaque leyes decisivas de la legislatura

La noche del 10 de noviembre de 2019, en la sede del PSOE en Ferraz, Pedro Sánchez y su equipo saborearon datos electorales agridulces. La pérdida de votos y de escaños no sentaron muy bien. Rastrearon luego síntomas que pronosticaran una gobernabilidad más o menos tranquila. Encontraron algunos, no muchos. El primero lo dio la cifra de escaños, 120, superior a los de PP y Cs juntos. El segundo provino de la suma con el resultado de Unidas Podemos, por encima de la de "las tres derechas", incluido Vox. A partir de aquí, indicios de inquietud. El líder socialista y sus personas de confianza comprobaron que ERC, con 13 diputados, tendría la llave maestra.

Casi dos años después, la legislatura no ha mostrado ninguna alternativa. De Esquerra depende, en gran medida, la agenda social, el calendario de las leyes, los planes del presidente, "la recuperación justa". Los presupuestos, la ley de vivienda, el ingreso mínimo vital, la reforma de la financiación autonómica, la norma de memoria democrática, el modelo de Formación Profesional... Son las medidas que Moncloa se ha propuesto aprobar sí o sí para canalizar la probable mejora económica; para completar el glorioso viaje de los fondos europeos, para "no dejar a nadie atrás". El ministro Félix Bolaños se lo ha dicho a los grupos parlamentarios esta semana. Ahora bien, si ERC se desmarca, todo esto entrará en "zona de peligro". El Gobierno tendrá que asegurarse apoyos de partidos diferentes entre sí.

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El futuro judicial de Carles Puigdemont es una cerilla encendida para la combatividad de las bases de la formación independentista y en el Parlamento, por tanto, todo se va a complicar. El portavoz de los catalanes, Gabriel Rufián, ha defendido en varias ocasiones la pervivencia del diálogo. Es previsible que la situación del 'expresident', pase lo que pase con él, no ayude. La tensión en el mundo independentista se va a disparar y cualquier concesión al Gobierno, aunque sea un pacto social, una mejora del Estado de Bienestar, puede volverse en contra.

En el peor momento

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, también portavoz entonces del grupo parlamentario, rebajó la inquietud de aquellos días de noviembre. Ella sabía desde el verano que ERC había decidido cambiar su rol en Madrid. Hasta entonces alcanzar acuerdos con la formación resultaba alambicado. A partir de las elecciones de abril, y a pesar de ser el partido que pateó el tablero y tiró todas las piezas al suelo cuando se negó a apoyar los presupuestos (es la razón que esgrimió Sánchez para dar por acabada la legislatura anterior y convocar a las urnas), el partido republicano transmitió un giro estratégico decisivo. Quería participar en la agenda legislativa siempre y cuando fuera progresista. Y quería separar ese circuito de negociación del "conflicto político de Cataluña". En el acuerdo de investidura de Sánchez, en enero del 20, se lo dejaron muy claro al PSOE.

El compromiso fue dialogar a pesar de todo. Otra cosa sería que el diálogo fructificara. Ha habido momentos muy tensos entre ambos partidos desde que Sánchez consiguió la investidura. La inhabilitación de Quim Torra, hace justo un año, fue uno de ellos, y no menor. El ambiente en Cataluña se caldeó mucho y tambalearon los cimientos de la relación parlamentaria entre socialistas y republicanos. Sin embargo, los presupuestos vigentes fueron aprobados, ERC estuvo en el "sí". Tampoco fue sencillo el mes de febrero y, de hecho, ambas formaciones optaron por enfriar los contactos hasta después de las elecciones catalanas del 14 del mismo mes. La irrupción de Salvador Illa generó muchísimo nerviosismo en un partido que por primera vez veía cerca la victoria y, quizás, el Govern. El objetivo consistió en ganar a JxCAT a toda costa, y es algo que las urnas les permitió. Ganó el PSC en votos, pero ERC terminó gobernando y entonces la sintonía del Congreso volvió.

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Que Puigdemont haya sido detenido por unas horas por la policía italiana y la posibilidad de que sea extraditado constituyen otro momento delicado, pues, si de por sí la situación en el exilio del líder de JxCAT excita sobremanera la calle y condiciona el estatus político, imaginarle entre rejas o juzgado por un tribunal genera una onda expansiva que no se sabe dónde y cuándo acabará. Encima, se ha producido una semana después de la reanudación de la mesa de diálogo, por la que apuestan el Gobierno y el Govern.

Y no es solo que apuesten por ella; apuestan, además, por que dure lo que tenga que durar. Pedro Sánchez y Pere Aragonès saben que necesitan un instrumento que les permita dibujar un horizonte y avanzar hacia él, aunque sea muy, muy despacio. Que la mesa se alargue y que las reuniones sean discretas, que es lo que ambos harán, facilita que la situación de Puigdemont no altere los planes demasiado. "El diálogo sigue siendo necesario; ahora, si cabe, más que nunca", resume una fuente al tanto de lo que están hablando los dos gobiernos.

Lo mismo ocurrirá en el Congreso. Pero no será fácil.

Conjunto 1: las leyes que invitan al pesimismo

Plantear una hipótesis en la que ERC niega el apoyo a las medidas del Gobierno obliga a dar a prioridad a un compendio de partidos de lo más variopinto. Si los independentistas se abstienen, el problema se alivia, pero si no, se agrava mucho.

Esquerra tiene 13 escaños. No contar con ellos exige al Ejecutivo atar el respaldo del PNV (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Más País (2), Compromís (1), BNG, PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe (uno cada uno). Llama la atención la irrupción en la ecuación de los catalanes del PDeCAT, escisión de JxCAT (otros cuatro), por dos motivos: porque en la aritmética actual pueden ser muy importantes y porque han comunicado al PSOE que quieren negociar y hablar de todo, y su actitud no es tan vehemente como la de los diputados de Junts.

Ahora bien, en la lista hay tres siglas que no ofrecen mucha seguridad a los socialistas, EH Bildu, el propio PDeCAT y BNG, por lo que el margen se estrecha. El botón de emergencia se trasladaría entonces a los despachos de Aitor Esteban, portavoz del PNV, y de Íñigo Errejón, líder de Más País. Todas estas componendas se hacen sobre la base de que Unidas Podemos acompañará al PSOE, extremo que, no obstante, tiene que cumplirse, pues no reina la concordia precisamente.

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Sobre este terreno movedizo de apoyos y rechazos, aliados y socios, se negociará la agenda legislativa del Gobierno para la recuperación tras la pandemia. Fuentes gubernamentales sostienen que es complicado que una de estas formaciones se excluya del impulso progresista. Fuentes parlamentarias lamentan que el argumento del Ejecutivo sea ese, una suerte de "si no estás con nosotros, no eres progresista". El marco mental y político al que aspira Moncloa de momento es flojo.

Se ha corroborado esta semana, cuando el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se ha entrevistado con todos los grupos menos Vox, que no quiso. Tras la ronda, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, verbalizó lo que Moncloa intuye desde hace meses. El resto de la legislatura saldrá con la ayuda del bloque de izquierda, pues ni PP ni Cs están dispuestos a acompañar en nada. Ahora bien, dentro de este bloque, los recelos sobresalen. Todos los portavoces de los partidos que lo forman pusieron deberes, condiciones y exigencias.

La negociación versará sobre un conjunto de leyes que perfectamente pueden dividirse en dos subconjuntos: las que generan pesimismo y las que invitan al optimismo.

Fuentes gubernamentales sostienen que es complicado que una de estas formaciones se excluya del impulso progresista

Entre las primeras, la futura ley audiovisual, que todas las formaciones con acento nacionalista rechazan al no instar a una cuota de producciones en lenguas cooficiales en plataformas como Netflix o Prime Video. ERC está muy preocupado con el texto conocido, al igual que el PNV, EH Bildu, JxCAT, PDeCAT, Compromís y BNG, es decir, los que representan a las comunidades con lengua oficial además del castellano. Hasta En Comù Podem, la confluencia catalana de Unidas Podemos, la rechaza.

También la ley de memoria democrática, que Esquerra ha pedido vetar porque no se cumplen sus condiciones irrenunciables, como la de declarar "ilegal" al franquismo. La ausencia de Esquerra del nivel de apoyos pone en peligro una norma que fue el legado de Carmen Calvo.

Aunque lleva meses congelada en el Congreso, pues no se cierra el plazo de presentación de enmiendas, que se prorroga cada semana, la ley del ingreso mínimo vital tiene una viabilidad cuestionada. ERC pide para dar el "sí" solo si logra el convenio que permita su transferencia a Cataluña, lo mismo que plantea el PNV. Sin el apoyo de ambas formaciones, y habida cuenta de que con PP, Cs y Vox no se cuenta, se complica mucho la medida estrella de Pablo Iglesias mientras ejerció como vicepresidente segundo.

Conjunto 2: las que invitan al optimismo

"Habrá presupuestos de 2022", afirman fuentes gubernamentales, sabedoras de que con los fondos europeos en movimiento, y con la recuperación "justa" en liza, resultaría muy extraña la opción contraria, la devolución en primera votación o el rechazo en deliberaciones posteriores. Las reuniones entre los gabinetes de Hacienda y de Derechos Sociales, o entre PSOE y Unidas Podemos, han comenzado ya de manera muy discreta. Poco se sabe, a excepción de que el lío político creado alrededor es notable. Este jueves Yolanda Díaz reconocía que las posiciones están distantes, pero ese mismo día Ione Belarra se mostraba confiada en cerrar un acuerdo.

Unidas Podemos exige una reforma fiscal ambiciosa, como hiciera con los presupuestos vigentes, y ha endurecido bastante el tono al respecto. Más País pone como requisito una potenciación considerable de las políticas medioambientales, así como partidas para el desarrollo de medidas sobre salud mental. En general, todos los grupos piden contrapartidas a cambio de su "sí", algunos desde una óptica muy regional, pero predomina la sensación de que al final habrá acuerdo. El Gobierno, en principio, baraja como fecha de presentación del proyecto algún día de la primera quincena de octubre. Si son superadas todas las propuestas de devolución que se registren, la negociación parlamentaria será enrevesada.

Más País pone como requisito una potenciación considerable de las políticas medioambientales, y partidas de desarrollo sobre salud mental

La de los Presupuestos es la ley más importante de cada uno de los cuatro años que dura una legislatura, hasta el punto de que a lo largo de su tramitación el Congreso paraliza el resto de la actividad. Que haya optimismo sobre su destino es positivo. Se incluye aquí la de Formación Profesional, el objetivo urgente de la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría.

Un tercer grupo: las imprevisibles

Dos normas aquí: la de vivienda y la de la reforma del sistema de financiación autonómica. La nueva legislación sobre vivienda lleva meses estancada porque los dos partidos que sustentan el Gobierno de coalición no se ponen de acuerdo sobre qué hacer con los precios de los alquileres en las denominadas zonas tensionadas, donde se encarecen exponencialmente. La formación morada, junto a ERC, se plantea ya registrar una proposición de ley propia. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, afirmó el martes que este objetivo, junto a la mejora del IMV, medirán la salud de la coalición hasta el punto de que determinarán sus posibilidades de continuidad en la próxima legislatura.

Otro embrollo de desenlace imprevisible es el de la nueva financiación autonómica. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, debatió con los grupos sobre ello el pasado jueves en el Congreso. Se mostró partidaria de acordarlo con el PP, si bien pidió una mayor unidad de criterio. El presidente de Andalucía, el popular Juanma Moreno, se ha aliado con el de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, para defender una propuesta, y al mismo tiempo, comunidades acechadas por la despoblación (Aragón, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León, dos del PP y otras tantas del PSOE) harán lo propio dentro de unas semanas. Muchos intereses en juego, poco tiempo, un contexto explosivo... No parecen los ingredientes adecuados, pero el proceso está en marcha.

Apenas ha empezado el otoño en el Congreso. Por si había dudas acerca de la intensidad, dos semanas han bastado para erradicarlas.