Sartorius: "El federalismo no es de izquierdas ni de derechas"

“Nuestro sistema autonómico necesita una reforma que garantice una gobernanza eficaz a través de una profundización federal, en la línea de los sistemas federales más solventes”. Esta es la declaración de principios presentada este martes por la Asociación por una España Federal, que irrumpe en el debate autonómico con la intención de transformar el actual modelo, que ha demostrado, en su opinión, serias carencias durante la pandemia.

La declaración reivindica un federalismo “cooperativo y solidario, fundamentado en la lealtad institucional y en la unidad como país”, y se opone a cualquier tendencia "disgregadora o centralizadora que solo conduciría a la desigualdad y al conflicto".

Para ello, en palabras del presidente de la asociación, el exdiputado Nicolás Sartorius, se propone reformar la Constitución mediante acuerdos políticos de amplio consenso. Entendiendo, aclara, que la solución federal “no es una propuesta de izquierda o de derecha, sino la evolución natural y necesaria del Estado autonómico en España”.

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Para Sartorius, la pandemia ha dejado al descubierto tanto las fortalezas como las debilidades de nuestro modelo territorial y ha puesto de relieve, entre otras cosas, que una solvente gestión de los problemas debe contar con las CCAA como actores necesarios para el buen funcionamiento del sistema político. Igualmente, añade, ha puesto de manifiesto que es indispensable poseer adecuados instrumentos de colaboración, entre los diferentes niveles de la Administración, que garanticen unos sólidos autogobiernos territoriales junto con una autoridad “federal” fuerte y dinámica, capaz de garantizar la igualdad de derechos de la ciudadanía en su conjunto y la eficacia de la acción pública.

Lo que detecta la declaración es que existe una enorme ambigüedad en la distribución de competencias y el subsiguiente desbarajuste que origina ante la insuficiencia de mecanismos constitucionales de coordinación. El mejor ejemplo es el deficiente funcionamiento del Senado, pero también los recurrentes problemas con la financiación autonómica, que no se ha renovado desde 2014 (el actual sistema es de 2009).

Dinámicas confederales

Si no se abordan estas reformas, sostiene la declaración, “aumentarán las tensiones, la judicialización de los conflictos o unas dinámicas confederales muy alejadas de lo que es el Gobierno en un sistema federal”.

En su opinión, los años del Estado autonómico han demostrado que el reparto competencial es confuso y ha originado innumerables recursos ante el Tribunal Constitucional. Por ello, lo que se propone es una fórmula de clarificación que consistiría en establecer con precisión las competencias exclusivas y no delegables del Estado (federación), mientras todas las demás podrían ser asumidas por las CCAA. Con la salvedad que, en todo caso, en la Constitución se fijara con nitidez la función del Estado en algunas de las que son transferidas a las CCAA, en especial las que componen el estado de bienestar, sanidad, educación...

Para Sartorius, el hecho de que las competencias de naturaleza social estén transferidas a las CCAA no debe suponer que el Estado-federación se desentienda de su destino, pues en ese caso “podría peligrar la solidaridad y la igualdad, fundamentos de la ciudadanía”.

Sobre el Senado, lo que se propone es transformarlo en una auténtica Cámara territorial, con competencias legislativas sobre normas que directamente afecten al sistema federal. Y en este sentido, y de acuerdo con las tendencias más actuales de los sistemas federales, se propone que la representación de los territorios no tenga por qué ser idéntica para todos, sino con algún tipo de ponderación según su población.

Sobre la financiación autonómica, lo que se plantea es un sistema que garantice una sólida capacidad fiscal del Estado para lograr unos servicios públicos de calidad, compatible con garantizar la autonomía y suficiencia financiera de las CCAA, que deben funcionar bajo el principio de corresponsabilidad. Igualmente, se propone que los ciudadanos reciban servicios esenciales semejantes, bajo el supuesto de que la presión fiscal sea también similar. Y, en este sentido, lo que reclama la declaración es que se evite la “competencia fiscal perniciosa o desleal” entre las CCAA.

La declaración recuerda que, durante la pandemia, la Conferencia de Presidentes, típica institución federal, ha jugado un papel relevante, si bien se ha puesto de manifiesto que su funcionamiento debe mejorar. Y de ahí que se proponga una mejora de su naturaleza, delimitando con mayor precisión su lugar en el conjunto de la arquitectura territorial e institucional, evitando que su virtualidad quede en manos del Gobierno de turno.