Una parte del TC ve inconstitucional el 'apagón' del Congreso por el covid

Los disgustos para el Gobierno por su gestión de la pandemia de covid-19 y el encaje constitucional de las medidas aprobadas durante la misma aún no han terminado. El Tribunal Constitucional abordará a partir del próximo martes un recurso de Vox contra el acuerdo de la Mesa del Congreso que en marzo de 2020 congeló los plazos reglamentarios de las iniciativas que ya se encontraban en tramitación en la Cámara. Según adelantan fuentes jurídicas, parte de los magistrados defenderá que esta decisión, sacada adelante con los votos del PSOE y Unidas Podemos, fue inconstitucional por hurtar al Congreso la función de control sobre el Ejecutivo. "Habrá debate", indican.

La ponencia ha recaído en el magistrado Antonio Narváez Rodríguez, que, según apuntan estas fuentes, mantendrá que los acuerdos de la Mesa no vulneraron la Constitución, pero, entre los otros 10 jueces que participarán en el pleno, algunos consideran que la paralización de la actividad legislativa durante un mes no se ajusta a la Carta Magna. La deliberación llega tras la reciente sentencia que declaró inconstitucional parte de las restricciones del primer estado de alarma por una ajustada mayoría de seis a cinco.

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El recurso de Vox que debe analizar el pleno se centra en concreto en los acuerdos que la Mesa sacó adelante el 19 de marzo y 21 de abril de 2020: el primero suspendía el mencionado cómputo de los plazos reglamentarios para las iniciativas en tramitación, lo que implicaba dejar en suspenso las respuestas del Gobierno o la presentación de enmiendas a los proyectos y proposiciones de ley, y el segundo echó por tierra las alegaciones en contra de la oposición. Todo ello con la oposición de PP y Vox, que terminó por recurrirlo ante el tribunal de garantías.

El Constitucional admitió a trámite su escrito en junio de 2020 por unanimidad, al considerar que "concurre una especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal, porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto al plantear una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales". Con esta tesis sobre la mesa, los 11 magistrados comenzarán a deliberar a partir de la próxima semana.

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La decisión, adoptada en el momento más álgido de la crisis del covid, supuso limitar al máximo la actividad para reducirla a la aprobación de las prórrogas del estado de alarma y a cuestiones de especial urgencia. Por ejemplo, se convocó un pleno extraordinario para convalidar dos reales decretos que debían que ser ratificados para no decaer, vinculados a la reforma laboral a ayudas a la agricultura. A ese pleno solo asistirían presencialmente los diputados que iban a intervenir y la votación también sería telemática. Las quejas del PP y de Vox se centraron en destacar que se estaba coartando la labor de control parlamentario que corresponde a la oposición a través de un cerrozajo o apagón. La suspensión fue finalmente levantada, y únicamente afectó a los plazos reglamentarios hasta el pasado 13 de abril.

Esta será así la primera de las cuestiones que abordará el TC en su vuelta a la actividad tras el verano. Deben abordarse, además, otra treintena de temas que no quedaron ultimadas en el último pleno, aquel que decidió la inconstitucionalidad del confinamiento domiciliario del primero de los estados de alarma. Como adelantó El Confidencial, una mayoría de los miembros del tribunal tampoco ve constitucional el segundo estado de alarma, aunque la deliberación sobre este asunto no se ha incluido en la reunión de la próxima semana. En ese caso, la clave del reproche se encuentra también en la paralización parlamentaria provocada por la prórroga de seis meses que evitó que el presidente recabara el apoyo del Congreso durante ese largo plazo ni rindiera cuentas en la Cámara Baja.

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El Constitucional debe abordar otro asunto que afecta directamente a la forma en que se gestionan las restricciones frente al avance de la pandemia en la actualidad: la autorización por parte de los tribunales superiores de Justicia de las medidas de limitación de derechos que ordenan las comunidades autónomas. El pasado febrero, el pleno admitió a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJ de Aragón en relación con el artículo 10.8 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en la que se pone en duda la legalidad del control judicial de cuestiones como los confinamientos perimetrales, los toques de queda y otras medidas.

Aragón cuestiona la reforma que impuso a estos tribunales la obligación de avalar las decisiones políticas. Indica el TSJ que, con esta norma, se vulnera la separación de poderes al hacer obligatoria una convalidación previa o una especie de informe de legalidad, que no es competencia de los tribunales. Lo contrario supone dar apariencia de que los jueces "colaboren" con los ejecutivos, quedando así cuestiones si se presentan recursos posteriores sobre la decisión.