El Congreso pincha la superagenda legislativa de Moncloa y reclama más diálogo

Cuando el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, comparezca este jueves en el Congreso, varios grupos le van a recordar unos números que dio él mismo hace una semana, en la sala de prensa de Moncloa. Le tocó exponer el plan normativo del nuevo curso, que es algo así como un memorando con todas las leyes que quiere aprobar el Gobierno, y dijo que solo hasta final de año la previsión es sacar adelante 144 iniciativas. 144. Si se tiene en cuenta que al calendario parlamentario de 2021 le quedan unos 100 días, el objetivo que se ha marcado el Ejecutivo es gigantesco. De hecho, los grupos parlamentarios de la oposición, tanto de izquierdas como de derechas, tanto estatales como nacionalistas, no se lo creen. "Todo dependerá de las ganas que haya de negociar", afirma a El Confidencial una fuente de una formación de izquierdas. "O se han equivocado o es imposible", proclama otra.

Bien es cierto que la cifra de Bolaños tiene truco. De esas 144 normas, 110 son reales decretos, que no tienen alcance legislativo y, por tanto, no requieren de tramitación parlamentaria. La mayoría de los que propone el Gobierno en el texto del citado plan alude a cuestiones técnicas de directivas europeas, es decir, retoques derivados de la adaptación de dos planes normativos superpuestos. Otro cupo destacado se refiere al desarrollo de reglamentos, como los de los contenidos curriculares de los ciclos educativos, paso indispensable para que se apliquen.

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La cifra de Bolaños mengua entonces considerablemente y cae a 34 normas, de las que seis son leyes orgánicas y 28 ordinarias. Estas sí deben circular por el Congreso, por todas las fases de tramitación, desde el debate en la comisión que corresponda hasta la aprobación del pleno. En algunos casos, las leyes, además, tendrán que rebotarse al Senado para que haga los cambios que los grupos de esta Cámara acuerden.

Aun así, las fuentes parlamentarias consultadas, siempre de la oposición, dudan de las expectativas y pinchan el globo. Los partidos más críticos, como el PP, ven demostrado que el Gobierno salió de la realidad hace tiempo. "Está desbordado", opina la portavoz, Cuca Gamarra, a El Confidencial. En Ciudadanos recuerdan batacazos y sustos recientes para poner en entredicho semejante acervo normativo. "No es un Ejecutivo que se caracterice precisamente por trabajar con los grupos con antelación, así que su objetivo es difícilmente creíble", manifiesta un diputado de la dirección de Inés Arrimadas.

El enfado del PNV

Si hay un partido que actúa y maniobra en el Congreso con profesionalidad (esto es, con capacidad de lograr sus pretensiones), ese es el Partido Nacionalista Vasco. Hay un dicho más o menos extendido en la Cámara que dice que, si el PNV estornuda, la legislatura se está resfriando. Más que estornudos, la formación de Andoni Ortuzar está tosiendo un poco. Están enfadados por cómo están yendo las cosas en la relación con el Gobierno de Pedro Sánchez y con el PSOE.

El contexto es complicado porque la pandemia ha desgastado al lendakari y porque los fondos europeos, en Euskadi, se ven como el agua que regará un campo seco. El portavoz del grupo parlamentario, Aitor Esteban, lleva meses de reunión en reunión por los ministerios, intentando pactos y contrapartidas.

Fuentes de este partido reconocen malestar, ya no solo por retrasos o congelaciones de transferencias pendientes, ni siquiera por la madeja burocrática que enreda el dinero que viene de Europa, sino también por las propias previsiones legislativas. Aparte de la cifra, que consideran de imposible cumplimiento, lamentan algunos "olvidos" hirientes. Por ejemplo, el PNV lleva un año esperando el desbloqueo de su proposición de ley de secretos oficiales, el cual permanece en el fondo de un cajón a la espera de que pueda desatascarse el trámite de enmiendas. Esta propuesta figuraba en el plan normativo del curso anterior, pero no está en el del curso vigente. La ausencia ha llevado a sus diputados a dirigir varias preguntas al Gobierno por semejante omisión.

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En privado transmiten enfado, pero también en público. Esteban, hace una semana, en Onda Vasca, protestó por las demoras e incumplimientos, y su jefe, Andoni Ortuzar, en la misma emisora, el martes pasado, se quejó de que tengan que "apretar el acelerador" y tensar la cuerda de sus relaciones con Moncloa y Ferraz para lograr que los compromisos se hagan realidad o se plasmen en una transferencia. La perentoria ahora mismo es la del ingreso mínimo vital. En cualquier caso, tildó de "regular" el nivel de cumplimiento del pacto de investidura.

Así las cosas, el presidente del PNV y el portavoz en el Congreso reanudarán estos días las reuniones con ministros y con altos cargos socialistas para retomar la agenda y alcanzar posibles acuerdos. "Espero que este nuevo Gobierno entienda que las cosas es mejor hacerlas a su tiempo, en las condiciones idóneas", sentenció Ortuzar.

Y las leyes pendientes, qué

La ley de enjuiciamiento criminal, la ley trans, la de vivienda, la de seguridad nacional, de Formación Profesional... El Gobierno, en el plan normativo, concreta las normas que desea aprobar antes de final de año. De todas, la más relevante es la que dará forma a los Presupuestos Generales del Estado de 2022.

Resulta, sin embargo, que en la nevera del Congreso un buen número de proyectos esperan su momento. Algunas normas, como la citada proposición de secretos oficiales, llevan más de un año olvidada. No está sola, porque si se suman los proyectos de ley derivados de decretos que fueron convalidados y luego respaldados con la condición de que se introdujeran cambios en el Congreso, la cifra asciende a la treintena. 19 proyectos de ley aguardan el desbloqueo, entre ellos los sobrantes de la batería legislativa desplegada para hacer frente a la pandemia. Estas normas quedarán en el limbo casi con toda seguridad, pero no la del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, la de libertad sexual (la del 'sí es sí'), de memoria democrática o de la garantía de las pensiones.

Y 10 proposiciones de ley están igual. Cabe subrayar la de seguridad ciudadana, bebés robados, el voto rogado o la de libertad de expresión. La primera de las mencionadas se ha quedado atrapada en una prórroga eterna de enmiendas, en concreto desde el 28 de octubre de 2020.

Así que los grupos de la oposición, más que previsiones ambiciosas y superagendas, quieren realismo y diálogo, empezando por el propio plan normativo, que, como denuncia Gamarra, debe aprobarse en Consejo de Ministros antes del 30 de abril del año anterior, no a finales de agosto del mismo año para el que se ha planificado. Recientemente, los populares registraron una proposición no de ley (pronunciamiento político) exigiéndolo.