El atasco legislativo deja varias leyes estrella del Gobierno fuera del plazo comprometido

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021, junto con la gestión de la pandemia, han centrado buena parte de la actividad del Gobierno. Un contexto que ha generado un atasco legislativo en el Consejo de Ministros. Siguen pendientes de aprobar varias de las leyes estrella del Ejecutivo, a un mes de que remate el plazo comprometido por el Gobierno para llevar al Consejo de Ministros las leyes y decretos recogidos en el Plan Anual Normativo. Entre las normas pendientes, destacan la de secretos oficiales (del Ministerio de Defensa), una de las más retrasadas, la reforma del Código Penal en lo referente al delito de sedición (Ministerio de Justicia), la ley de vivienda, que regulará los alquileres (Transportes), cuya aprobación ya se ha fijado entre finales de enero y principios de febrero, o la conocida como 'ley rider' (Trabajo), pendiente esta última de un acuerdo en la mesa de diálogo social con sindicatos y patronal.

Los retrasos se acumulan y el cuello de botella en el Consejo de Ministros se trasladará posteriormente a la tramitación parlamentaria, haciendo que muchas de las leyes que tenían prevista su aprobación por el Gobierno antes de rematar el año no entren en vigor hasta la segunda mitad de la legislatura. El Plan Anual Normativo, que contiene las iniciativas legislativas y reglamentarias que serán elevadas para aprobación del Consejo de Ministros a lo largo de 2020, "con el objetivo de dar cumplimiento a los compromisos identificados por el programa de gobierno", está lejos de cumplirse en lo referente a los plazos marcados. El plan recoge un total de 172 propuestas, entre las que se incluyen un proyecto de reforma constitucional, cuatro leyes orgánicas, 53 leyes ordinarias y 114 reales decretos.

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Otras medidas pendientes son el decreto de remanentes municipales modificado tras haberlo rechazo el Congreso (Hacienda), la ley declarativa del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves (Transición Ecológica), ya lista para llevar al Consejo de Ministros, la ley de protección animal (Derechos Sociales), que esta semana iniciará su exposición pública y se pretende llevar al Consejo de Ministros el próximo mes de marzo, o la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual (Asuntos Económicos), que ya se encuentra en proceso de audiencia pública.

La concentración de la actividad parlamentaria en los Presupuestos también ha hecho que queden relegadas comisiones de investigación, como es caso de la Kitchen, congelada desde el pasado 1 de octubre. Formalmente, el argumento es que antes debe constituirse otra comisión de investigación sobre el accidente aéreo que en 2008 sufrió un avión de Spanair en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Esa comisión, continuidad de otra que trabajó en la anterior legislatura, fue creada a mediados de abril, pero su constitución se ha ido demorando desde entonces. Y los partidos no han mostrado especial voluntad de ponerla en marcha desde abril.

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La previsión inicial era desatascar esta comisión tras la negociación de los Presupuestos. Con todo, los portavoces parlamentarios de los grupos de PSOE y Unidas Podemos todavía no han aterrizado los detalles sobre esta cuestión, al estar centrados en los Presupuestos, según reconocen fuentes de ambos partidos. Desde el PSOE, evitan poner fecha para su constitución, con un plazo ambiguo de las "próximas semanas", pero avanzan que su pretensión es que sea antes de final de año y una vez se descargue el trabajo sobre los Presupuestos, que involucra a prácticamente todos sus diputados.

De las leyes estrella pendientes, las que pretenden acelerarse con una mayor urgencia son la denominada 'ley rider', para que las grandes plataformas digitales no empleen falsos autónomos clarificando la naturaleza laboral de la relación entre estos trabajadores y sus empresas, y la de vivienda, que pondrá freno a las subidas abusivas de los alquileres. La primera, porque es preciso aprobarla para abrir la mesa de diálogo social para la reforma laboral, una de las principales banderas del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz. La segunda, porque es un compromiso alcanzado por los socios de la coalición ante la situación de vulnerabilidad sobrevenida por la crisis del coronavirus de muchos arrendatarios que viven en zonas con precios altamente tensionados.

De las leyes estrella pendientes, la que pretende acelerarse con una mayor urgencia es la denominada 'ley rider'

Este acuerdo, firmado por PSOE y Unidas Podemos, incluye "mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes". La medida, incluida en el acuerdo programático, pero que los socialistas pretendían aplazar hasta que el mercado se estabilizase después de la pandemia, finalmente se desarrollará en la nueva ley de vivienda. La normativa deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros antes del mes de febrero y llevada al Congreso al mes siguiente.