Trifulca en el Gobierno por la ley que arrincona a Uber o Amazon: "Es una chapuza"

"Cuando vi lo que estaba haciendo, de verdad, me quedé ojiplático". Así describe una fuente muy cercana a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo ocurrido durante las últimas semanas a cuenta de la mal llamada 'ley rider' que el Ejecutivo quiere sacar adelante. El pasado 1 de junio, Díaz arrancó por sorpresa un plan para obligar a las plataformas digitales, desde Uber a Glovo pasando por Amazon, a contratar a los autónomos que emplean. Se reunió con la asociación RidersXDerechos, se hizo una foto con su camiseta y distribuyó una consulta pública que ha encendido a casi todas las partes implicadas, incluido el propio Gobierno. Ni los sindicatos, que llevan luchando desde hace tiempo contra los falsos autónomos de las plataformas digitales, entienden lo que está ocurriendo.

"La ministra se está disparando en el pie", explica a este diario Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT y una de las personas que deberían estar aplaudiendo a manos llenas la iniciativa de Trabajo. Y, sin embargo, señala que se está cometiendo un grave error. Pino cree que Trabajo está ninguneando a los sindicatos, a la CEOE y, de paso, a los supuestos falsos autónomos a los que pretende defender. Algo muy parecido opinan la CEOE e incluso varias asociaciones de 'riders', que denuncian que este proyecto de ley falla estrepitosamente en las formas y, especialmente, en el fondo.

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La consulta pública lanzada por Trabajo a comienzos de mes hizo saltar las alarmas en el sector sobre esto último, su contenido. El ministerio de Yolanda Díaz se ha propuesto acelerar la modificación del Estatuto de los Trabajadores para intentar evitar que las plataformas digitales se nutran de falsos autónomos. El plan es laboralizarlos a todos, es decir, obligar a las compañías a su contratación. Para ello, la consulta pública apoya su argumentación legal en varias sentencias, como la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 20 de diciembre de 2017 sobre el caso Uber, que consideró la compañía un servicio de transporte y no una mera aplicación informática. Y menciona también la llamada ley California, que endurece las condiciones de las plataformas para emplear autónomos en EEUU.

"Vamos a participar en la consulta pública, pero su planteamiento nos parece, cuando menos, tendencioso. Solo pone de manifiesto decisiones judiciales que favorecen lo que el Gobierno pretende regular. Por ejemplo, habla de la sentencia del TJUE sobre el caso Uber, cuando no tiene absolutamente nada que ver con aspectos laborales, y obvia otra muy reciente del mismo TJUE sobre un empleado autónomo de una paquetera en UK que sienta jurisprudencia, al considerar que no debe ser contratado. El Ministerio de Trabajo quiere laboralizar a las bravas y eso es muy serio, no solo afecta a los 'riders', afecta a muchísimas plataformas digitales en España", señala a este diario José Luis Zimmermann, presidente de Adigital, la patronal de la industria digital.

Más allá de Uber Eats, Glovo, Deliveroo o Stuart, cuyo negocio se vería seriamente afectado de salir adelante el proyecto de ley, lo cierto es que la modificación que plantea Trabajo tendría implicaciones para todo tipo de empresas además del 'delivery', desde Amazon, que emplea a repartidores autónomos a través de Amazon Flex, a decenas de empresas de paquetería o plataformas como TaskRabbit, propiedad de Ikea, que acaba de desembarcar en España y permite contratar 'online' a 'manitas' para hacer cualquier tipo de reparación en el hogar.

La referencia a la ley California ha generado también malestar en el sector. "Demuestra que han escrito la consulta pública en una tarde, sin base legal. La ley California no obliga a ninguna plataforma digital a contratar a todos sus colaboradores. Primero, porque en EEUU no existe la figura del autónomo, allí se regula a los particulares, algo que en España es ilegal. Y segundo, porque endurece las circunstancias del empleo de estos particulares, pero no lo prohíbe, que es lo que aquí parece que plantea Trabajo con los autónomos. La consulta pública es una enorme chapuza legal, es en realidad un documento de ideología política y no de actuación administrativa", explica otra fuente conocedora de las negociaciones de Trabajo con este proyecto de ley.

En lugar de contratar a los autónomos, lo que proponen las diversas patronales (CEOE, Adigital, Cepyme) es crear la figura del llamado autónomo digital, o 'trade' (trabajador autónomo económicamente dependiente) digital, es decir, reforzar la figura actual del autónomo en derechos y protecciones para actualizar la legislación. Piden, por ejemplo, capacidad para negociar tarifas, incrementar la cobertura de seguros, incluir protección frente al cese de actividad o regular las cuotas de autónomos a los ingresos reales. "Pedimos regular su trabajo, no regresar a un planteamiento del siglo XIX", señala Zimmermann. Otra de las principales asociaciones de autónomos del país, ATA, aboga por la misma solución.

Los sindicatos se oponen a esta vía por creer que daría pie a acentuar el problema de los falsos autónomos pero, paradójicamente, cargan también contra el plan del Gobierno. "Nosotros siempre hemos defendido la laboralidad. Acabamos de ganar una sentencia a Glovo que reconoce a 68 'riders' como asalariados. Se acumulan ya casi 20 sentencias en tribunales superiores de Justicia de las CCAA que van en la misma línea. Esto va camino del Supremo. Las plataformas lo saben y no quieren llegar ahí porque tienen miedo a perder. Y ahora, justo cuando ya tenemos todo este camino andado tras años de sentencias, sale la ministra y dice que habrá una nueva legislación. Es un error, va contra la propia Inspección de Trabajo, que está haciendo un trabajo muy bueno, y abre la puerta a los lobistas de las plataformas para introducir sus cambios", señala Pino, de UGT.

Las incongruencias de la consulta pública y su contenido no han pasado desapercibidas en el seno del Gobierno, especialmente en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que comanda Nadia Calviño. Según confirman diversas fuentes del Ejecutivo, la 'ley rider' ha generado un enfrentamiento interno entre la número dos de Calviño, Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y la ministra Díaz y su entorno más directo, por el fondo del proyecto de ley (sin base legal argumentada y a contracorriente de toda la jurisprudencia actual) pero también por las formas.

La reunión sorpresa que mantuvo Díaz el 1 de junio con RidersXDerechos no ayudó a arrancar con buen pie. Fuentes cercanas a la CEOE consultadas aseguran que en ningún momento Trabajo les convocó para mantener una reunión previa a la elaboración de la consulta pública. "Son materias que tienen que pasar por la mesa de diálogo social, tal y como indica la Constitución. No se convoca a la mesa de diálogo social, no se informa de si hay o no borrador del proyecto, no se informa de otras reuniones, se hace una consulta pública de forma unilateral... ¿Pero esto qué es?".

Las misma perplejidad expresan fuentes sindicales y otras asociaciones de 'riders', que llevaban meses reclamando una reunión con la ministra Yolanda Díaz pero solo consiguieron verse con la directora general de Trabajo, Verónica Martínez Barbero. "Hicimos la petición tres asociaciones que representamos a más de 3.500 'riders' en España y la ministra no nos hizo caso. Sin embargo, sí se reúne con RidersXDerechos. Me alegro por ellos, pero ya no tienen apenas a 'riders' en activo y la situación de este colectivo ha cambiado mucho en los dos últimos años. Ellos ya no representan al sector, solo se representan a sí mismos", explica a Teknautas Badr Eddine, 'rider' que trabaja para Amazon Flex, Uber y Glovo y presidente de la Asociación Autónoma Riders, que aglutina a casi 800 socios.

La irrupción de RidersXDerechos en la sede del Ministerio de Trabajo y su reunión sorpresa con Yolanda Díaz ha dejado descolocado a todo el sector y, a la vez, ha servido de munición extra para cargar contra la ministra. "A nadie se le escapa que RidersXDerechos es una organización muy asentada sobre todo en Barcelona, muy cercana a la CGT, a la Intersindical catalana, a los movimientos sociales y a Podemos. Han hecho piña con Alberto 'Tito' Álvarez, el líder del taxi que logró echar a Uber y Cabify de Barcelona, que a su vez es amigo de Rafa Mayoral. Gracias a ambos, RidersXDerechos se pudo sentar con la ministra, es la mayor prueba de que era una reunión política, ideológica, y que lo que salió de ahí, la consulta pública, era más de lo mismo, un documento ideológico carente de fundamento", explica una fuente conocedora de las negociaciones de Trabajo con este proyecto de ley.

Efectivamente, las imágenes de Yolanda Díaz con la camiseta de RidersXDerechos, en la misma reunión que el 'capo' del taxi Tito Álvarez y junto a miembros de Podemos (como Rafa Mayoral y el diputado Alberto Rodríguez Rodríguez), han creado un malestar de puertas hacia dentro y hacia fuera que será complejo aparcar. "Rafa Mayoral ha jugado un papel clave en la lucha del taxi, y es verdad que hemos tenido contacto con él más de una vez, le dijimos que queríamos vernos con la ministra, pero tuvimos que pasar todos los trámites como los demás. Somos un movimiento que llevamos años luchando por los 'riders' y denunciando el fraude descomunal de las plataformas digitales. No solo timan millones a la Seguridad Social, luego encima proponen cambiar la ley para beneficiarles", señala a este diario Nuria Soto, una de las portavoces de RidersXDerechos, que estuvo en la reunión con Díaz.

Consultados por este diario, desde el Ministerio de Trabajo dejan claro que las diferencias con la CEOE y las plataformas digitales, tanto en el frente de los ERTE como en el de la mal llamada 'ley rider', son, de momento, insalvables. ¿Por qué no se convocó a la patronal y a los sindicatos antes de hacer la consulta pública? "A los sindicatos sí se les avisó de la consulta publica antes de lanzarla, lo que se les presentará es el borrador, que aún no está terminado". Los sindicatos, sin embargo, lo niegan. "No nos avisaron, nos enteramos por la prensa", remata Pino. Unos y otros tendrán que seguir esperando.