Un juez de Madrid abre diligencias previas contra Illa por las mascarillas defectuosas
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En los primeros momentos de la pandemia

Un juez de Madrid abre diligencias previas contra Illa por las mascarillas defectuosas

El magistrado pregunta a la Fiscalía "sobre la competencia de este órgano o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, habida cuenta del carácter de aforado del querellado"

Foto: El portavoz del PSC en el Parlament de Cataluña, Salvador Illa. (EFE)
El portavoz del PSC en el Parlament de Cataluña, Salvador Illa. (EFE)

El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, Carlos Valle Muñoz, ha abierto diligencias previas contra el exministro Salvador Illa tras la querella que presentó en 2020 la Confederación Estatal de Sindicados Médicos (CESM) por facilitarse mascarillas defectuosas al personal sanitario durante los primeros meses de la pandemia. "Los anteriores hechos revisten los caracteres de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores", explica el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial.

Por el momento, el magistrado se limita a preguntar a la Fiscalía "sobre la competencia de este órgano o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, habida cuenta del carácter de aforado del querellado". Como diputado del Parlament, Illa goza de esta especial protección y, si finalmente se admite a trámite, podría pasar al TSJC.

Foto: Las mascarillas de la marca Garry Galaxy que han sido retiradas.

La querella, de 32 páginas y a la que ha tenido acceso este diario, se remonta a lo ocurrido el 14 de marzo de 2020, cuando el Gobierno adquirió mascarillas de la empresa china Garry Galaxy y procedió a su reparto entre el personal sanitario. Poco después, el propio Ministerio de Sanidad ordenó su retirada a la vista de que comunidades como Aragón o Cataluña avisaban "sobre el mal estado de las mismas" y de que eran "ineficaces para el fin perseguido de evitar contagio".

"Dada la gravedad de la situación se le instó públicamente al ministro de Sanidad, Sr. Illa Roca, los contratos que se han suscrito para la compra de productos sanitarios en la lucha contra el coronavirus, (...) sin que se tenga conocimiento de que se hayan hecho públicos, y por ello no podemos más que confirmar la absoluta dejación de sus funciones en materia de prevención de riesgos, colocando al personal sanitario en una situación de riesgo sin precedentes", critica el escrito presentado en 2020.

Foto: Sanitarios de la 5º planta del Hospital de San Pedro, de Logroño. (EFE)

La CESM incide para ello en la información adelantada por El Confidencial en abril de 2020 sobre cómo el Gobierno había pagado por adelantado 23,8 millones de euros a un intermediario chino por 2,1 millones de mascarillas defectuosas. Por mucho que el material hubiese sido fabricado por Garry Galaxy, como explica la querella, el Ejecutivo no lo compró directamente a esa empresa, sino a un bróker de suministros sanitarios del mismo país llamado Hangzhou Ruining Trading Co Ltd.

"La negligencia en la actuación es en este caso concreto de mayor, si cabe, entidad, pues el conocimiento de haber sido suministrado material defectuoso por parte de las mercantiles a las que en los mercados internacionales se había adquirido, es de dominio público y reconocido por el propio ministro de Sanidad", argumenta la querella. "Se hace necesaria la admisión de esta querella, a fin de que conforme a la Lecrim, se proceda a la investigación de los hechos que han acontecido en el lamentable incidente".

Del Supremo a los juzgados de Madrid

La querella se presentó en un primer momento ante el Supremo cuando Illa todavía ejercía como ministro de Sanidad, pero el alto tribunal consideró prematuro atribuirle cualquier responsabilidad y la remitió a los juzgados ordinarios para investigar la supuesta omisión de medidas de seguridad. De esta manera, el caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid y, posteriormente, pasó al número 14, que ahora abre diligencias previas contra Illa.

Foto: El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. (EFE)

"No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente acordar la incoación de diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado", advierte el auto, fechado el pasado 30 de agosto y contra el que cabe recurso.

Salvador Illa
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