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Las querellas por la gestión del covid se atascan en los tribunales un año después
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"VAN MUY LENTAS"

Las querellas por la gestión del covid se atascan en los tribunales un año después

El Supremo cerró la puerta en diciembre a abrir causa contra cargos públicos aforados como el presidente o el ministro de Sanidad por carecer de indicios directos de su responsabilidad

Foto: El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. (EFE)
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. (EFE)

Las denuncias y querellas por la gestión del covid van camino de convertirse en uno de esos casos judiciales que se perpetúa durante años y acaba decidiéndose cuando ya nadie, salvo las víctimas directas, recuerda con detalle lo sucedido. De momento, gran parte de las mismas se encuentra atascada en el dédalo de los tribunales sin que los que las presentaron hayan visto avance alguno durante meses. "Van muy lentas" es la frase más repetida por aquellos sindicatos, asociaciones y colectivos que vieron indicios de delito en algunas decisiones adoptadas por las administraciones después de que la pandemia irrumpiera en la vida cotidiana y arrancara el conteo de fallecidos.

El Supremo cerró la puerta en diciembre a abrir causa contra cargos públicos aforados como el presidente o el ministro de Sanidad por carecer de indicios directos de su responsabilidad en estos fallos que se tradujeron en muertes. Precisó, sin embargo, que al menos tres de las cuestiones denunciadas debían ser investigadas por la Justicia ordinaria. El alto tribunal se refirió en concreto a los hechos vinculados con la falta de material de protección para colectivos que se encontraban en primera línea de lucha contra el virus —médicos, enfermería, fuerzas de seguridad del estado...— , las compras fraudulentas de test o mascarillas y la gestión de las residencias.

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El Supremo reclamó así la apertura de una investigación para la que no se veía competente y anticipó que la remitiría a los tribunales ordinarios para su instrucción. Desde entonces, algunos de los denunciantes han seguido su criterio y acudido por su cuenta a esta vía sin obtener, por el momento, las respuestas inmediatas que buscaban. Los archivos y reaperturas, los recursos en tramitación y las inhibiciones de un tribunal a otro están complicando la agilidad de los procedimientos donde la mayor dificultad reside en averiguar a quién o quiénes debe atribuirse la responsabilidad de los hechos denunciados.

"El Supremo acordó remitir las querellas y denuncias a los juzgados de instrucción Madrid, pero como se pidieron autos de aclaración y falta por responder algunos recursos de súplica, por ahora sigue todo pendiente", explican desde el gabinete penalista de AMYTS. Su sindicato denunció al exministro Salvador Illa y al consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ante el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un presunto delito de seguridad de los trabajadores, acusación que basaban en la falta de medios de protección que se facilitó a los sanitarios. Su último recurso ante el Supremo sigue a la espera de respuesta: "De momento no tenemos nada".

Foto: Sanitarios de la 5º planta del Hospital de San Pedro, de Logroño. (EFE)

El Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería se querelló contra el Gobierno ante el Supremo por presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores. Pero desde que el Supremo ordenó remitir su caso a los tribunales de Madrid en diciembre, siguen sin tener novedades al respecto: "Según este auto, que sacaba fuera al presidente y al ministro como aforados, excluyéndolos provisionalmente, nos remitía a la jurisdicción ordinaria", explica su director de servicios jurídicos, Francisco Corpas. "El Supremo tiene que enviar todo para repartirse cada tema en un juzgado y luego ya comunicárnoslo. Pero claro, a día de hoy todavía no se ha concluido esa actuación".

Los ejemplos son numerosos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también presentó denuncia ante el Supremo, pero apunta a su vez a otra contra la Conselleria de Sanitat de Valencia que, por el momento, ha viajado desde el Tribunal Superior de Justicia hasta un juzgado de instrucción. Su acusación se basa una vez más en la falta de medios de protección facilitados a empleados públicos y, como ya hizo el Supremo, el tribunal ordenó "practicar las diligencias previas para esclarecer" su gestión: pidió a la Conselleria los informes y la argumentación sobre los motivos de esta presunta desatención. "Estamos a la espera de auto", indica el colectivo denunciante.

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Situación similar se repite con Jupol, otro de los colectivos que denunció la carencia de medidas eficaces para proteger, en este caso, a los miembros de las Fuerzas de Seguridad. La última novedad que tuvo este sindicato de la Policía Nacional vino en forma de respuesta a una apelación presentada en los juzgados de Madrid el pasado enero. Al igual que con el procedimiento de Valencia y en seguimiento de lo indicado por el Supremo, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó investigar lo sucedido y determinar si hubo delito, pero en este caso, fue un paso más allá y acordó investigar a determinadas autoridades.

"No se puede descartar la cuestión de plano sin una cuidada investigación", decía en su auto mientras ordenaba citar como imputados a varios hipotéticos responsables como el director general de la Policía, Francisco Pardo, o la subdirectora General de Recursos Humanos y Formación de la Dirección General de la Policía, Pilar Allué. Sin embargo, en los últimos meses no ha habido movimientos en instrucción. Las declaraciones ordenadas aún no están fijadas y los denunciantes esperan acontecimientos, explica un portavoz. "Va todo bastante lento, la verdad", repite en ese mantra común a todos.

Las residencias

El caso de los fallecimientos de ancianos en las residencias de la tercera edad es distinto, pero también sigue sin avances significativos. La Fiscalía General del Estado ha ido abriendo decenas de diligencias, civiles pero también penales, para detectar negligencias en estos centros. Según los últimos datos aportados a principios de año por la fiscal encargada de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra, la mitad de estas investigaciones fue archivada por no observarse delito. Una treintena sigue su curso en los juzgados, principalmente de Madrid.

Foto: Unos ancianos en una residencia. (EFE)

En este terreno han comenzado a reclamarse y ordenarse algunas imputaciones, aunque aún pueden contarse con los dedos de una mano. El Ministerio Público denunció en diciembre por primera vez a una gerente de una residencia privada de ancianos por la muerte de una anciana. En enero, procedió por primera vez al director médico de una residencia. Un juez de Tomelloso atribuyó, por su parte, homicidio imprudente y omisión de deber de socorro a otro responsable de un centro. La premisa es la prudencia y la investigación y la tarda, indican fuentes fiscales.

El atasco se extiende a otros juzgados

Pero más allá de las querellas y denuncias contra las autoridades por su gestión del covid, el atasco se extiende a su vez a juzgados de lo civil, a lo contencioso administrativo y a lo social. Este mismo abril, funcionarios de CSIF se manifestaron ante el Ministerio de Justicia para pedir un refuerzo de las plantillas y más medios tecnológicos ante el riesgo de colapsar en cuanto empiecen a emerger todos los casos derivados directamente de la crisis sanitaria y de recesión económica".

Foto: Archivo del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga. (Agustín Rivera)

El número de asuntos y la litigiosidad han disminuido un 12,3 y un 12,8 por ciento respectivamente en 2020 fruto del confinamiento, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero "los casos acumulados no dejan de crecer". Desde el sindicato apuntan a previsiones del propio Ministerio de Justicia sobre cómo los asuntos se incrementarán en 2021 en un 140% debido al fin de los ERTE y el previsible aumento de la litigiosidad en el ámbito, por ejemplo, de lo social.

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