El juez de Tándem propone juzgar a Villarejo por investigar a un empresario marbellí

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y a tres mandos policiales —Enrique García Castaño, Constancio Riaño y Antonio Bonilla—, así como a otras dos personas, por la investigación realizada sobre el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha puesto fin a la pieza separada 8 de la macrocausa Tándem, conocida como la pieza Marbella, donde investigaba el encargo que Marzena Katarzina habría realizado a Villarejo en 2015 sobre Gómez Zotano con el objetivo de trazar una estrategia legal que le permitiera recuperar un dinero que reclamaba al empresario por una disputa inmobiliaria.

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Europa Press

El magistrado cree que existen indicios para juzgar a Villarejo, Redondo y David Macías González por un delito de cohecho pasivo, a Katarzina por cohecho activo, y a García Castaño, Riaño, Bonilla —que estaba en situación de segunda actividad en el momento de los hechos— y Redondo por descubrimiento y revelación de secretos.

Al mismo tiempo, el instructor ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa respecto al que fuera director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, los policías Juan José Díaz Álvarez y José Maria Serrano Ydígoras, así como para Juan Carlos Escribano Cárcel.

Disputa inmobiliaria

Según el auto firmado por García-Castellón, Katarzina entró en contacto con el bufete Stuart&MCkenzie de Villarejo en el verano de 2015 para iniciar una estrategia conjunta de tipo civil y penal frente a Gómez Zotano con el objeto de que este le restituyese las cantidades que ella le había entregado a cuenta de una relación inmobiliaria entre ambos.

El juez descarta delito de extorsión al no apreciar ningún acto de violencia

Con posterioridad, el Grupo Cenyt del comisario jubilado elaboró un informe sobre el empresario en el que se examinaba su persona, su entorno familiar, sus colaboradores y personas cercanas, su trayectoria profesional, su patrimonio, sus sociedades y su situación financiera, y se apuntaban indicios de la existencia de fraude fiscal y blanqueo de bienes en su actuación.

Para la confección de este informe, señala el escrito judicial, se acudió a bases de datos y a registros que no son accesibles al público, gracias a la intervención de los responsables policiales investigados.

En esa época, Villarejo era comisario en activo y no había ninguna investigación policial que justificase la solicitud de datos de Gómez Zotano, de ahí los delitos de cohecho que observa el magistrado.

En cambio, descarta el delito de extorsión al no apreciar ningún acto de violencia ni de intimidación sobre el empresario para que realizase u omitiese un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.