El proyecto de 'megacentro' de reciclaje de Barcelona, suspendido por la Justicia

El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público ha suspendido el concurso del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para construir un nuevo Centro de Producción de Biofertilizantes y Adobos (CEBA) ante las sospechas de irregularidades en la convocatoria. Este proyecto está destinado al tratamiento de la fracción orgánica de los residuos municipales, y en un volumen más que considerable. Se calcula que anualmente pasarían por él unas 90.000 toneladas de desechos orgánicos, 300.000 de otros y 50.000 provenientes de limpieza viaria. Un megacentro. La parcela donde se iba a levantar tiene 24.380 metros cuadrados, de los que se prevé urbanizar 22.200 y edificar 9.879. Está ubicada en el término municipal de Viladecans, a escasos kilómetros de la capital.

El pasado mes de marzo, la Administración resolvió, de repente, excluir a las cuatro empresas que se habían presentado tras una reunión de 10 minutos. Solo un mes más tarde, la AMB volvió a licitar el concurso con ligeros matices. Una de las compañías que habían concurrido al primer concurso llevó el tema al Tribunal de Contratos del Sector Público, que ahora le ha dado la razón acordando provisionalmente "suspender el procedimiento de contratación de los servicios de redacción del proyecto de detalle del nuevo CEBA, licitado por el AMB, sin perjuicio de la valoración sobre el fondo del asunto que pueda efectuar este tribunal".

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Es un fracaso. Es más, de hecho, pues en el sector temen que haya intereses ocultos detrás. Para anular el primer concurso, tres de las compañías (TPF Getinsa Euroestudios, Grupotec Servicios de Ingeniería e IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia) se cayeron de la lista porque, a juicio de los responsables, “no obtuvieron la puntuación mínima requerida”. La cuarta compañía, Recuperación de Energía SA, fue excluida por un defecto tan banal como "indicar en su propuesta técnica (sobre B) la reducción del plazo de ejecución, reducción que se valora como criterio evaluable según formulaciones matemáticas (sobre C)".

Una vez convocado el segundo concurso, se presentaron solo dos licitantes: TPF Getinsa Euroestudios y Recuperación de Energía. Mientras, una de las rechazadas, IDP Ingeniería, acudió a los tribunales, ya que había presentado un recurso previo contra su exclusión que todavía no se había solventado y, en vez de sustanciarlo, el AMB convocó un nuevo proceso. Para el tribunal, si la licitación sigue adelante, "se pueden derivar perjuicios de difícil o imposible reparación". De ahí que suspenda el procedimiento de contratación en ambos concursos: el que resultó desierto y el nuevo. Contra esta resolución, "no se puede interponer ningún recurso".

Escándalo tras escándalo

El concurso depende del vicepresidente del AMB y responsable del área de Ecología, Eloi Badia, que también es concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona. Sus últimas actuaciones han provocado varios escándalos. Fue el edil a cargo de los cementerios y tuvo que soportar el derrumbe de 144 nichos en Montjuic, incidente durante el cual se llegaron a mezclar los restos de los cadáveres. El consistorio tuvo que indemnizar a las familias. Luego, intentó remunicipalizar los servicios del agua, hasta que los tribunales sentenciaron en contra. Más recientemente, diseñó en el barrio de Sant Andreu un peculiar sistema de reciclaje que debía depender de los ciudadanos: las bolsas debían dejarse en la calle —no en contenedores—, identificando el domicilio de cada una. Si no se había hecho bien la separación de desechos, los operarios no podían recoger los residuos, por lo que el barrio se vio invadido por una plaga de ratas, malos olores e insalubridad. El litigio con los vecinos continúa.

Badia intentó crear una funeraria pública, iniciativa que terminó por saldarse con un sonoro fracaso. Ni esta propuesta ni la empresa comercializadora de agua (que quería promover de acuerdo con varias plataformas para expulsar de la gestión a Agbar) salieron adelante. Además, Barcelona Energía, la empresa pública que el concejal impulsó desde la Administración, está gestionada por el grupo Tersa (Tractament i Selecció de Residus SA), que también preside. Y a pesar de ser un servicio municipal, su tarifa es más cara que la de las operadoras privadas.

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Su nombre también está en entredicho porque la entidad para la que había trabajado (y en la que había sido alto cargo) hasta que entró en el ayuntamiento, Enginyeria sense Fronteres (ESF), ha recibido en los últimos seis años una lluvia de ayudas públicas municipales y contratos que han sido denunciados al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía. Badia también fue uno de los impulsores de la plataforma Aigua és Vida, entidad a la que intentó involucrar en la mayoría de las iniciativas municipales relacionadas con el agua, siendo el presidente de la entidad pública Barcelona Cicle de l’Aigua.

En amplios círculos empresariales y profesionales, causó mucho malestar la maniobra de Badia en el concurso de la planta de tratamiento de residuos. Entre otras cosas, porque Recuperación de Energía, una de las empresas que se volvieron a presentar a la licitación, ya había trabajado para él en otras ocasiones. Pero también porque esa compañía tiene como apoderado solidario a Carles Conill, director de Servicios de Movilidad Sostenible del AMB desde el 28 de julio de 2015. Para mayor abundamiento, Conill también había sido consejero de Tersa (la compañía pública que preside Badia) hasta el año 2016. Las vinculaciones de la licitante en cuestión han encendido todas las alarmas en el sector de la arquitectura.