La oposición vincula el fiasco de Plus Ultra con el cese fulminante de Ábalos

El varapalo judicial por el caso Plus Ultra, después de que la Justicia haya frenado en seco el rescate de la aerolínea, vuelve a poner contra las cuerdas al Gobierno y alimenta las sospechas sobre el inesperado cese de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y antes número dos del PSOE, del que Pedro Sánchez prescindió hace solo unos días tras una histórica remodelación de su gabinete y sin que se aclararan los motivos por los que el Ejecutivo decidió conceder a la aerolínea ayudas por valor de 53 millones de euros pese a no tratarse de una compañía estratégica.

La oposición anuncia una ofensiva en las Cortes Generales y da por hecho que “el escándalo” podría ser todavía mayor de lo esperado. El PP reanudará la comisión de investigación que los socios del Gobierno frenaron en el Congreso y exige la comparecencia, en el Senado, de la actual titular en ese ministerio, Raquel Sánchez. Y Ciudadanos pone el foco sobre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la que depende la SEPI y que defendió en sede parlamentaria el rescate de la aerolínea, exigiendo su inmediata dimisión. La batalla, avanzan, será constante a lo largo del verano y una prioridad en el arranque del nuevo curso político.

El PP está dispuesto a dar un paso más y liga el ejemplo de Plus Ultra a lo que podría suceder si finalmente no hay una autoridad independiente que fiscalice el destino de los fondos europeos de la reconstrucción. Consideran que “ha quedado acreditado” el riesgo de que el Gobierno actúe sin un control e insisten en que el Ejecutivo debe dar todas las explicaciones sobre la relación que guarda la decisión de ayudar a la compañía en quiebra y contentar a Venezuela. También el partido naranja exige conocer los lazos “con el régimen chavista” y seguirá abanderando la causa en Europa, tras la denuncia en la Comisión de la mano de Luis Garicano, y en el propio Tribunal de Cuentas por si hubiese existido infracción contable.

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Los partidos están dispuestos a seguir asfixiando al Gobierno por distintas vías, e insisten en señalar “la extraña salida de Ábalos” del Consejo de Ministros, movimiento que tanto sorprendió dentro del propio Partido Socialista. La falta de explicaciones sobre la ayuda alimenta todavía más las especulaciones, según dirigentes de PP y Ciudadanos. La situación es la siguiente: el Gobierno decidió conceder el rescate a Plus Ultra a través de un fondo de la SEPI destinado a empresas estratégicas en España.

La cuestión, como advierten populares y naranjas, es que esa aerolínea no se encuentra entre las primeras 30 que operan en el país y, por tanto, no se podía considerar en ningún caso clave. El propio ministerio de Ábalos (que al principio lo ocultó) hizo un informe decisivo para que la compañía contara con las ayudas. Además, la idea del fondo de la SEPI era dar apoyo económico a empresas con falta de solvencia, pero que fueran viables. “Plus Ultra nació en quiebra prácticamente, porque nunca ha tenido beneficios. Y no se puede considerar que fuera por culpa del covid”, insiste el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal.

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El auto del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que firma la jueza Esperanza Collazos, suspende de manera cautelar el desembolso de 34 millones de euros (cuya entrega estaba prevista el 28 de julio) que se sumaban a los 19 que ya se entregaron en forma de préstamo ordinario con un vencimiento de cinco años. La aerolínea tiene cinco días para justificar ese nuevo paquete de ayudas, pero la Abogacía del Estado se ha cruzado en medio con otra advertencia. Los servicios jurídicos del Estado entienden que si el rescate se anula, la recuperación del dinero ya adelantado peligra.

La oposición considera que el nuevo varapalo judicial hace “un daño a la credibilidad e imagen de España inimaginable”, y entienden que se trata de un “mazazo” para Sánchez que se suma a todos los demás. Todo ello, insisten en el PP, “tras la remodelación con la que quería pasar página” y que, una vez más, “se desmonta”. Los populares tienen claro que la responsabilidad última del caso Plus Ultra debe ser del presidente del Gobierno, dando por hecho que una decisión de ese calado solo podría ser autorizada por él. Más allá de la figura de Ábalos, insisten en que el foco seguirá puesto en el jefe del Ejecutivo y en lo “empañado” que deja el nuevo gabinete con el que pretendía iniciar otra etapa en el ecuador de la legislatura.

Aseguran que la aerolínea se suma a otro revés judicial, el del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma, y admiten que “esto no lo dejarán pasar”. En realidad, desde el mes de marzo, Sánchez y otros ministros han tenido que afrontar decenas de preguntas en la sesión de control y otras iniciativas parlamentarias. La más importante era la comisión de investigación que la junta de portavoces del Congreso frenó gracias al apoyo de grupos como ERC. Ahora, con el auto de la Justicia, los populares se plantean reactivarla (al no haber pasado de la junta, no tendrían que volver a registrarla, sino debatirla de nuevo) y aspiran a recabar nuevos apoyos.

Vox, por su parte, insiste en haberse adelantado a las reacciones de sus rivales porque ya exigió la comparecencia de Ábalos en su día y se querelló contra el Consejo de Ministros al completo por aprobar el expediente de las ayudas.