La Abogacía avisa de que frenar el rescate de Plus Ultra amenaza la devolución de 19M

La Abogacía del Estado no está de acuerdo con que la jueza jueza Esperanza Collazos suspendiera este miércoles de forma cautelar la entrega de 34 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra como parte del rescate aprobado por el Gobierno. En un escrito presentado el 19 de julio ante el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, los servicios jurídicos del Estado defendieron la pertinencia de este pago, apuntando para ello a que en caso contrario las arcas públicas pueden verse perjudicadas: si la aerolínea no recibe los 34 millones pactados, consideran que su viabilidad peligra y, con ella, la devolución de 19 millones que ya ha recibido como préstamo ordinario.

La clave pasa por que el rescate aprobado el pasado 2 de marzo por el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) consiste en la entrega de 53 millones a Plus Ultra en dos pasos: por un lado, 19 millones que ya han sido desembolsados como préstamo ordinario con un vencimiento a cinco años y, por otro, 34 millones que iba a recibir el próximo 28 de julio como préstamo participativo con vencimiento a siete años. Si este segundo pago no termina por materializarse, la Abogacía considera que la devolución de los primeros 19 se tambalea.

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"El apoyo financiero acordado debería desembolsarse en los términos aprobados para conseguir el fin perseguido de permitir la viabilidad de la mercantil solicitante, pues en caso contrario no solo no se conseguiría el fin último perseguido y con ello no se daría cumplimiento al interés general que según el real decreto ley se busca, sino que además, el desembolso ya realizado de 19 millones de euros se vería comprometido al peligrar la viabilidad de la empresa y con ello su devolución en los términos previstos en el Plan de Viabilidad", argumenta la Abogacía en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial y en el que firma en representación de los encausados.

Los servicios jurídicos del Estado, de hecho, van un paso más allá y argumentan que "la concesión del apoyo financiero no produce ningún quebranto al fondo, sino que tal quebranto se produciría en caso de incumplimiento de la obligación de su devolución por parte de Plus Ultra, lo que sin duda se ve comprometido si no se pone a su disposición la financiación autorizada". Apoyándose en este razonamiento, su conclusión es tajante: "Parece un hecho que no proceder al desembolso del préstamo pendiente haría peligrar los 19 millones de euros ya desembolsados".

La Fiscalía y la jueza, en contra

El escrito de la Abogacía responde a su vez al presentado por la SEPI el pasado 14 de julio para informar a la jueza de que iba a "cumplir con la obligación de desembolso del préstamo participativo" de 34 millones de euros "salvo que con anterioridad se haya recibido orden en contrario”. Según explican desde el organismo, este aviso fue acompañado por un informe de Deloitte en el que se consideraba correcta la entrega, postura a la que se sumó la Abogacía del Estado el 19 de julio.

La Fiscalía, sin embargo, no está de acuerdo con este razonamiento. Según defiende en un escrito presentado el pasado 16 de julio, "estando la cuestión sub iudice, y teniendo en cuenta que no solo se investigan presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos, como prevaricación o malversación de caudales públicos, sino un presunto delito de fraude de subvenciones, del artículo 308 del Código Penal, procede requerir a la compañía Plus Ultura a efectos de que en el término más breve posible, acredite la necesidad de entrega del préstamo participativo de 34 millones de euros". Con ambas posturas sobre la mesa, la jueza se ha inclinado por esta última.

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En un auto notificado este miércoles, Collazos apunta para ello a que "la existencia de este procedimiento penal justifica la suspensión de la entrega prevista para el día 28 de julio, sin perjuicio de que, si queda acreditada su pertinencia, se proceda a su entrega", La aerolínea tiene ahora cinco días para justificar la pertinencia de este desembolso. En caso contrario, el rescate a Plus Ultra quedaría paralizado al suponer "un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración".

La titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid indaga en el rescate a Plus Ultra desde el pasado abril, cuando acordó investigar tanto al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora Toro, como al "resto de miembros del consejo de administración". En total, más de una decena de altos cargos del Gobierno entre los que figuran secretarias de Estado como la de Defensa, Esperanza Casteleiro Llamazares; la de Hacienda, Inés María Bardón Rafael; la de Energía, Sara Aagesen Muñoz, y la de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva Fernández.