El 'juez fiestas' y su errática investigación de juergas en plena pandemia

Las fiestas durante la pandemia vuelven a embarrar la toga del juez Ricardo Fiestras. Si a mediados de este año el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) daba el primer paso para investigarle por su participación en un guateque celebrado en febrero en un chalet de Lanzarote, ahora, el órgano de gobierno de los jueces españoles ha abierto unas segundas diligencias informativas (previas, si procede, a un expediente disciplinario) contra el titular del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Arrecife, quien investiga —casualmente— un caso de juergas prohibidas por las restricciones ante el coronavirus.

Una notificación, fechada en junio de 2021 y firmada por la Letrada de la Sección de Actuaciones Previas y Expedientes Disciplinarios del CGPJ, a la que ha tenido acceso El Confidencial, comunica la admisión de la queja contra el juez Fiestras, en cuyas manos quiso el azar que recayera la querella de José Luis y Mari Carmen, los propietarios de un chalé de Tinajo (Lanzarote), que denunciaban que los inquilinos de la vivienda contigua organizaban fiestas reiteradamente, provocando molestos ruidos y violando continuamente las restricciones sanitarias contra el coronavirus.

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Según los querellantes, Fiestras arrastraba cierta tardanza a la hora de investigar el caso: una parálisis en las diligencias que, aseguran, terminó alargándose 9 meses. Y leer en un periódico la 'pillada' del pasado febrero al juez —la Benemérita le propuso para sanción— provocó que pidieran la abstención del magistrado en la causa o su recusación (sustitución).

"La razón es el haber tomado conocimiento posterior de la presunta participación del juez en una fiesta ilegal durante el estado de alarma por la pandemia, tal y como apareció en prensa, y por mucho que él inicialmente intentase negarlo, existía un vídeo de la Guardia Civil donde parece que aparecían bailando una docena de personas, entre ellas el Sr. Juez", reza el escrito, que pone en duda la imparcialidad del togado y su "percepción acerca de la gravedad" de la situación denunciada.

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Además, se quejan de la pasividad del juez a la hora de dar traslado a los implicados a lo largo de su proceso de recusación —el juez señalado tiene que dar traslado por tres días a las partes, lo que no sucedería hasta tres semanas después, el 14 de junio— y que, sin haberlo hecho, se manifestara en la prensa canaria, ya el 27 de mayo, negando "retrasos indebidos", alegando que la demora se debía a un informe de ruidos solicitado al Ayuntamiento que tardó en llegarle, comunicando que la causa había pasado ya a manos de otro instructor, considerando que su recusación "carece de fundamento" y avanzando que se opondría a ella. Sus declaraciones a los dos periódicos más importantes del archipiélago han provocado otra segunda petición de sustitución del juez, fechada el 11 de junio, días después de que la acusación le presentase una protesta el 26 de mayo por la tardanza. Además, Mari Carmen también interpuso dicha queja ante el CGPJ por sus declaraciones a ambos diarios.

Lo polémico de este punto es que, de esta forma, Fiestras se estaría pronunciando "extraprocesalmente" sobre un asunto que ni siquiera habría comunicado previamente a los personados en el caso y también, presuntamente, "prejuzgándolo", según apuntan varias fuentes jurídicas consultadas por este diario. Este será uno de los hechos que tendrá que investigar ahora el Consejo General del Poder Judicial.

Asimismo, los querellantes —los dueños del chalé de Tinajo— lamentan que, de nuevo, vuelven a enterarse por la prensa de la toma de declaración de dos de los querellados —los inquilinos de la vivienda contigua—, lo que tuvo lugar el 24 de mayo, pero que se produjo sin el abogado de la acusación presente en el interrogatorio. Y que volvió a provocar otra nueva protesta ante el Juzgado de Instrucción.

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Fuentes del CGPJ confirman que no hay abierto ningún expediente contra el juez y que las actuaciones del órgano se limitan, por el momento, a la fase previa, la de diligencias informativas.

La defensa de los querellantes añade otro error más a la lista: en una providencia fechada la misma mañana de recusación —24 de mayo—, la dirección del domicilio de los investigados (el chalé donde, supuestamente, se celebran las juergas ilegales) no es correcta. En otro escrito, el letrado de Mari Carmen pidió corregirlo y solicitó también al instructor que reúna los atestados de la Guardia Civil —el cuerpo que amonestó al juez en febrero y contra el que este se quejó por la grabación de un vídeo de la operación— sobre las llamadas vecinales, ya que el documento solo mencionaba a la Policía Local.

Con todo ello, hace escasos días, la defensa de la dueña del chalet ha dirigido un escrito de "amparo" al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, donde asegura no ser "capaz de entender qué está sucediendo procesalmente y cuáles son las aparentes reiteradas dificultades ante lo que deberían ser meros actos de traslado" y piden que cesen los "desafortunados incidentes que tanto consternan y preocupan a nuestra representada y le hacen tener una sensación de gran indefensión". Según ha podido saber El Confidencial, la Audiencia Provincial, a cuyo máximo dirigente se solicita la "supervisión o vigilancia respecto al correcto funcionamiento" de la instrucción, ya tiene constancia de esta petición.

La querella

En septiembre de 2020, José Luis y Mari Carmen, dueños desde hace década y media del chalé lanzaroteño —residen en él y también alquilan un inmueble de la finca como casa rural— interpusieron una querella contra sus vecinos, arrendatarios de la vivienda contigua, acusándoles de un supuesto delito de contaminación acústica y contra el medio ambiente, ya que habrían celebrado, presuntamente, constantes fiestas ilegales.

El CGPJ ha abierto otras diligencias informativas al juez Fiestras

Según detallan en el escrito, la primera de las reuniones, que vendrían produciéndose desde enero de ese año, hizo "retumbar las paredes" e impedía a los querellados "escucharse entre sí dentro de su propia casa". A pesar de las numerosas llamadas de atención "en tono conciliador", se produjeron "nuevas fiestas con música totalmente descontrolada a altas horas de la madrugada y forzando varias intervenciones policiales en la casa de los querellados, a denuncia de otros vecinos".

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Así lo reitera José Luis en declaraciones telefónicas a El Confidencial: "En plena pandemia, organizaban fiestas, de varios días seguidos y con equipos de música potentes". Según indica, él y su mujer temen que los "gritos", "ruidos" y el "pánico" que sufren continuamente también afecte a su negocio, bastante azotado ya por el virus. "Hemos tenido incluso que devolver parte del dinero a algunos huéspedes", añade, temeroso de que "dos comentarios en la web sobre el alboroto que hay enfrente" puedan tumbar el buen nombre de su casa rural, que hay quien le ha recomendado al matrimonio vender y buscar un lugar más tranquilo en el que vivir. "Hemos tenido que irnos algún fin de semana a un hotel para poder dormir", expone.

A causa de esta situación, su mujer —relata José Luis— sufre "mareos", "desmayos", "ataques de ansiedad" y un continuo dolor de cabeza, tal y como acreditan los informes médicos aportados a la causa, que atestiguan que Mari Carmen suma casi un año de baja laboral y debe consumir pastillas habitualmente.

La fiesta de Fiestras

"No era una fiesta, como cabe entenderse una fiesta convencional", expresó un portavoz autorizado por el juez Fiestras, tras ser 'cazado' en febrero por una decena de agentes de la Guardia Civil, mientras Lanzarote sufría un severo confinamiento debido al elevado número de contagios de coronavirus y el municipio de Yaiza, donde tuvo lugar la supuesta celebración, estaba en dichas fechas catalogado como de 'riesgo extremo' por su situación epidemiológica, con 283 puntos de incidencia acumulada de covid-19 —índice que muestra los casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes— en los 14 días previos.

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Como se aprecia en las imágenes de la operación de la Benemérita consultadas por El Confidencial, el juez no lucía mascarilla, aun en presencia de personas no convivientes, y la reunión superaba el aforo permitido para las reuniones privadas. Conviene recordar que este comportamiento no constituiría, en ningún caso, un delito, sino que podría, como máximo, llegar a ser castigado con una multa. Por otra parte, ambas actuaciones del Consejo General del Poder Judicial iniciadas contra él permanecen aún en fase embrionaria. Pero, de prosperar, Fiestras enfrentaría la posible apertura de dos expedientes disciplinarios —uno, por la reunión ilegal y otro, por la instrucción del caso de José Luis y Mari Carmen—, que podrían aguar la fiesta al 'juez fiestero'.